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Dinero público tras la trama criminal sustentada en un laboratorio de Alcorisa
Escrito por Violeta Amada   
Jueves, 05 de Abril de 2018 01:00

Operación AyúrvedaOperación Ayúrveda

El laboratorio Desarrollos Farmacéuticos Bajo Aragón S.L. (DEFABAR) de Alcorisa era la base del entramado criminal internacional dedicado a la fabricación y exportación de medicamentos ilegales desarticulado recientemente por la Guardia Civil en la llamada operación “Ayúrveda”.

Esta sociedad había recibido subvenciones públicas para el desarrollo de las zonas mineras. Se instaló en Alcorisa con una inversión de más de un millón de euros, en cuyo capital la empresa público privada Suma Teruel participó con el 32,2%.

El apoyo del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento a esta empresa se manifestó en 2010 con una visita a sus instalaciones por parte de representantes de ambas administraciones.

La empresa no tenía licencia para fabricar productos farmacéuticos, algo que se sabía cuando se concedieron las subvenciones y cuando recibió las visitas institucionales.

A esta trama se vincula también otra empresa instalada en Alcorisa: Laboratorios Raga S.L. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios revocó la autorización como laboratorio a esta sociedad en 2014, cuando estaba domiciliada en Madrid.

Ambas tienen como administrador único al considerado cabecilla de la trama: Gabriel García Gavín.

Esta persona declaró que se había instalado en Alcorisa por el apoyo del Gobierno de Aragón y haberse podido beneficiar de fondos públicos para la provincia de Teruel.

En 2016 el Ministerio de Industria concedió 1 millón de euros del plan Miner a un grupo farmacéutico indio, llamado Labdhifarma, interesado en implantarse en Andorra y crear allí 80 empleos.

El administrador único de este grupo, durante 5 meses entre 2015 y 2016, también era Gabriel García Gavín.

Finalmente la empresa no se implantó en Andorra.

Sucesos como este, tras los cuales hay ayudas públicas, y especialmente para revitalizar zonas mineras, sorprenden cada vez menos en el Bajo Aragón.

Un caso parecido ocurrió en Calanda en 2014, cuando una persona fue enviada a prisión como presunto responsable de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Se le acusaba de haber creado un entramado de empresas ficticias con el fin de emitir y recibir facturas falsas que permitieran crear la apariencia de actividad económica y mercantil.

Esas empresas eran “Puerto Calanda S.L.” y “Asociación la Fuensalada para la integración”, ambas tenían su domicilio social en el Ayuntamiento de Calanda y habían obtenido subvenciones del Ministerio de Industria en concepto de préstamo por importes de 1.600.000 y 1.000.000 euros.

Otro proyecto sustentado con fondos públicos fue el de la “Caravana de niños” para repoblar Castelnou, liderado por la empresa de construcción de casas prefabricadas Modul System.
Esperanzadas familias acudieron a esta población a iniciar una nueva vida trabajando para esta empresa, cuyos proyectos resultaron ser humo y los trabajadores se quedaron sin cobrar y sin saber a dónde ir.

 

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