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Pequeño secadero de Peñarroya se plantea denunciar a España en Bruselas
Escrito por Violeta Amada   
Viernes, 03 de Agosto de 2018 00:00

Una sentencia del Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia anterior que no permite formar parte de la Denominación de Origen Jamón de Teruel a secaderos y granjas de engorde que estén a menos de 800 metros de altitud.

El asunto se remonta a 2012 y en la actualidad afecta a una empresa de siete trabajadores ubicada en Peñarroya de Tastavins, Jamones Peñarroya.

Según el gerente de esta empresa, José Miguel Antolí, su secadero fue creado en 1992 y entró en la Denominación Jamón de Teruel al año siguiente. Las condiciones de la denominación de entonces incluían que los secaderos debían estar en áreas por encima de los 800 metros. Antolí matiza que se entendía que lo que debía estar por encima de esa altitud era el área donde se ubicaba el secadero, pero no el secadero en sí. De ese modo su secadero cumplía la normativa sin estar concretamente por encima de esa altitud.

Más tarde, esas condiciones se especificaron: los secaderos deberían estar en términos municipales que superasen los 800 metros o bien estar las propias instalaciones por encima de esa altitud.

Jamones Peñarroya seguía cumpliendo, puesto que Peñarroya supera los 800 metros.

Pero, según explica Antolí, en 2012 se unieron una serie de empresas, algunas de la denominación y otras fuera de ella, y presentaron alegaciones de diferente índole y a raíz de ellas la normativa cambió: la “o” se cambió por una “y”, de manera que ahora los secaderos deberían estar en términos municipales a más de 800 metros “y” los propios secaderos también por encima de esa altitud.

La norma fue aprobada por el Gobierno de Aragón y “de la noche a la mañana me quedé fuera de la Denominación sin posibilidades de alegar”, explica Antolí, después de haber estado elaborando  jamones con Denominación de Origen durante 19 años y destinando a Jamón de Teruel el 40% de su producción. Según Antolí, hubo otras empresas que no se quedaron fuera porque en la norma se incluyó un margen del 6% que fue lo que las salvó.

Por ello, recurrió, sin éxito, a los tribunales.

Para el gerente  todo esto es absurdo y se traduce únicamente en trabas para quienes crean empleo y asientan población donde tanta falta hace. Por eso no entiende que los políticos al mismo tiempo que permiten esto digan que están buscando soluciones frente a la despoblación. “Es un varapalo, no se apoya a las empresas”, considera.

“Si mañana se reúnen y dicen que los secaderos deben estar a otra altitud, otras empresas quedarán fuera de la denominación”, argumenta.

Pese a las pérdidas que le supondría, Antolí decidió seguir con su negocio y mantener los empleos.

En 2013 su empresa alquiló media nave a otro secadero de La Cerollera que está por encima de los 800 metros. Según Antolí entre 2012 y 2018 este cambio, que le obliga a realizar constantes traslados, le ha supuesto unos gastos de 200.000 euros solo en kilometraje, sin contar los gastos de personal.

Antolí opina que por encima de normativas y justicia debe primar el sentido común. Por eso se plantea recurrir al Tribunal de Bruselas para denunciar a España por su caso.

 

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