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Condenado el Ayuntamiento a pagar miles de euros a un empleado
Escrito por Violeta Amada   
Miércoles, 02 de Mayo de 2018 00:00

Un trabajador municipal del Ayuntamiento de Alcañiz fue sancionado el año pasado, por decreto de alcaldía, con una suspensión de empleo y sueldo de 6 años.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha revocado totalmente la sanción, dejándola sin efecto, y ha condenado al Ayuntamiento a reponer al empleado en su puesto de trabajo y al abono de los salarios que el empleado dejó de percibir desde el 1 de junio de 2017 hasta el 27 de abril de 2018, a razón de 67,82€/día.

El concejal de Ciudadanos en el consistorio, Joaquín Galindo, ha denunciado la sanción que puso alcaldía a este empleado y los costes que va a acarrear su revocación. Así lo argumenta Galindo en el siguiente comunicado:

“El Grupo Municipal de CIUDADANOS denuncia el uso abusivo y sin fundamentación, de la potestad disciplinaria del Alcalde de Alcañiz, que la ha ejercido de un modo totalmente desproporcionado e injusto, con una suspensión de empleo y sueldo de SEIS AÑOS (la duración de la sanción -6 años- es prácticamente desconocida en el ámbito de la jurisdicción laboral, por lo que se puede afirmar que busca la causación de un daño innecesario), con base en una serie de HECHOS que tanto el Juzgado de lo Social de Teruel, como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, califican de LEVES, por lo que se revoca totalmente la sanción, dejándola sin efecto, y condenando al AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ a reponer al empleado público en su puesto de trabajo y al abono de los salarios dejados de percibir desde el 1 de junio de 2017 hasta el 27 de abril de 2018, a razón de 67,82€/día.

La denuncia que se vierte en esta Nota de Prensa se hace extensiva a que ese uso indebido e imprudente del poder disciplinario de la Alcaldía, acarrea una condena con un coste de varios miles de euros al erario público alcañizano.

Más aún, la falta de ocupación efectiva del trabajador afectado en sus labores habituales, durante tantos meses, conlleva una carga emocional y psicológica, que en ningún caso es deseada por el poder disciplinario laboral recogido en nuestras leyes”.

 

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