Banner
Banner

J!Analytics

Esto es lo que piden empresarios y trabajadores ante el cierre de la Térmica
Viernes, 25 de Enero de 2019 00:00


Representantes del comité de empresa de la central térmica de Andorra y de las subcontratas, de la empresarios del Bajo Aragón y provincia, de la Comunidad de Regantes del Guadalope y sindicatos comparecieron ayer en la comisión especial sobre la térmica andorrana en las Cortes de Aragón.

Hilario Mombiela Eulz, miembro del Comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, manifestó su “hastío” por la falta de respuesta de las diferentes administraciones durante los últimos siete años de reivindicaciones para que se adoptasen medidas que evitasen el final de la térmica, anunciado para junio del 2020. “Esta comisión llega muy tarde y si no se nos hace caso, con el ritmo de quema de carbón actual, la central cerrará esta misma Semana Santa”, advirtió.

Expuso las propuestas presentadas el miércoles a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que la compañía se haga cargo de impulsar una planta termosolar que cuente con bastante mano de la obra, que se cree una factoría para acoplar componentes de los cien mil puntos de recarga que se estiman necesarios para el desarrollo de los coches eléctricos y otros proyectos como el ramal ferroviario y la elevación de las aguas del Ebro.

Nicolás Bespín Baeta, representante de la Plataforma de las subcontratas de la central, habló en nombre de cuatrocientas familias “que no venimos a pedir nada, sino poder trabajar y hacerlo en casa”. “Somos los que hemos dado el cayo sacando adelante las minas, trabajamos y nos dejamos el dinero en los comercios, en el bar. Nosotros hacemos pueblo”.

“Estamos muy cabreados y tengo que estar parando a la gente que propone cortar una línea férrea o una carretera, así que ya no queremos más palabras ni palmaditas en la espalda”, advirtió Bespín, reclamando una “salida digna” para los trabajadores de las subcontratas y también la creación de un polígono “comarcal”, centralizado y con buenas infraestructuras. “No nos importa desplazarnos. Aquí cada pueblo ha hecho el suyo y sólo sirven para acumular capitanas”, ha lamentado.      

Roberto Miguel Gil, portavoz de la Asociación empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, manifestó su decepción por el resultado de la visita de la ministra el miércoles a Andorra y a Ariño, de la que esperaba “algún anuncio importante” y pidió al Gobierno central que no lo autorice y que “alargue su vida útil hasta que se consiga atraer a nuevas empresas”.

En la línea manifestada por otros  representantes empresariales de la provincia turolense que también se expresaron ayer en las Cortes, pidió la creación de una “oficina de reactivación industrial” que canalice las distintas iniciativas empresariales para instalarse en la zona, que tenga su sede en Andorra y no esté politizado, y adoptar medidas fiscales de apoyo a los que apuesten por asentarse en el territorio.

José Fernando Murria, portavoz en la Comisión de la Comunidad Regantes del Guadalope, advirtió de las graves consecuencias que para el regadío  de la zona traerá la marcha de la compañía eléctrica, que hasta ahora disfruta de una concesión de dieciocho hectómetros cúbicos de agua del Guadalope. “Endesa paga como autoconsumo el bombeo de Mequinenza al Civán de Caspe que compensa su concesión, pero si se va, habría que ir al mercado libre de contratación y ese gasto de 960.000 euros por año sería inasumible”.
Además, dijo, Endesa se hace cargo del cuarenta y cinco por ciento de los gastos de canon de la energía (unos 535.000 euros al año), el cuarenta y ocho por ciento de las inversiones que se realizan con normalidad, como el recrecimiento de Santolea, y el cuarenta y cinco por ciento de los gastos del sindicato, casi todo destinado según Murria al mantenimiento de las bombas (otros 550.000 euros al año).

Murria informó del envío a la ministra Ribera, con copia al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de Aragón de una misiva, todavía sin respuesta, planteando estas cuestiones y una serie de medidas a adoptar, como el uso de las cláusulas concesionales para reclamar el veinticinco por ciento de la energía reservada de las presas para el Estado, la optimización con energía renovable, que supondría una inversión de siete millones de euros, el almacenamiento de energía a gran escala, recuperar alguna propuesta de un plan hidrológico de 1950 que contemplaba una presa para el Bergantes o reducir el consumo hídrico optimizando los riegos tradicionales.  

Los representantes sindicales de CC.OO y UGT y los portavoces empresariales de CEOE, CEPYME y el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio pidieron la unidad de los grupos parlamentarios y no repetir errores del pasado para adoptar medidas concretas al margen de los avatares políticos.

 

 

Compartir

 

 

 

-