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Gonzalo Villa
Miércoles, 21 de Junio de 2017 00:00

Precipitación

Ya recordamos a aquel cincuentón, denunciando, como si hubiera descubierto a una jueza cometiendo injusticias tipificadas como criminalidad organizada, que aquella mujer no había entrado en su vida por precipitación, sino (poniendo énfasis en la declaración) ¡por robar!

Entre el amor y el dinero, lo segundo es lo primero, sin contraprestación, claro.

Creer en las bondades del divorcio que no sea de mutuo acuerdo es como creer en la sanación cimbreando unas ramas de laurel sobre el cuerpo de la enferma, profiriendo incoherencias, mientras una humera atufa los sentidos.

Si estás todo el día repitiendo denuncia, denuncia, quienes denunciarán serán quienes tengan mucho que ganar y poco que perder denunciando, sin duda mintiendo, o sea aprovechadas, delincuentes, mucho que callar, y trapos sucios en su pasado como para atascar túneles de 10 metros de diámetro.

Si estuvieran trabajando y produciendo, no tendrían tiempo para pensar en denuncias para robar, extorsionar  e intimidar.

Pero no las denunciantes y demandantes de divorcio son invariablemente parásitas descerebradas en entornos de gorrones y sinvergüenzas.

Dice Irene Montero, en la moción de censura: - Han saqueado y han destruido las bases de la convivencia. Ese dinero no era suyo. Y aunque ya no basta con que pidan perdón, ahora les exigimos sobre todo que devuelvan lo robado, hasta el último céntimo, señorías. ¡Pidan perdón y devuelvan lo robado, hasta el último céntimo! Demandantes de divorcio, sacacuartos y juezas,  primero.

Y los pobres funcionarios de la administración catalana, tomando de su propia medicina. Si pico me mancho el pico, y si no me muero de hambre.

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 95. Faltas disciplinarias.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.

2. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ejercicio de la función pública.

 

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