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Marta Prades

Asesores y transparencia

Este verano un humo negro rodea Motorland, y no es precisamente el de los motores. La transparencia que debe primar en todos los actos de la administración pública, y todas las empresas públicas dependientes de ella, se está viendo oscurecida por la renuncia de Tomé Alfonso como Director Gerente de Motorland.

La empresa pública, Motorland debía dar cumplimiento a la Ley 1/2017,de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, impulsada por Podemos. Una norma, que entre otras cosas, impide que el personal directivo de las empresas públicas compatibilice su cargo con trabajos externos además de reducir su salario. Un dato llamativo, conocido por todos, es que el sueldo del Director Gerente de Motorland es mayor que el que percibe Presidente del Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma.

Ante esta incompatibilidad, y posterior renuncia, el propio presidente del Gobierno dijo que “tratarían por todos los medios” de que esta persona siguiera vinculada a Motorland, y la verdad, están poniendo empeño en ello. El ahorro que suponía la ley, equiparando el salario de los directivos de empresas públicas, al de los Directores Generales del Gobierno de Aragón, pronto se descubrió que era falso ya que a los 64.000 € de salario, más los 32.000 del complemento, había que sumarle 217.000 € por servicios de asesoría durante tres años, cuando hasta ahora venía percibiendo 115.000 € anuales.  Así que racionalización del gasto público, poco, y tener en cuenta las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón menos. La Cámara redactó en su informe sobre Motorland que las “deficiencias claras y algunas irregularidades”, como “las retribuciones del director gerente...,  no van de acuerdo con las normas marcadas ni con lo que dice el acuerdo del Consejo de Gobierno”.

A esta atmósfera cargada, hay que sumarle las dos prórrogas de plazos para presentar ofertas al nuevo contrato de servicios de asistencia técnica y consultoría, aludiendo errores técnicos, y la querella presentada contra el nuevo Gerente de Motorland, por supuesta estafa.  
Este Gobierno nunca ha sabido qué hacer con Motorland, primero admite su inviabilidad económica y plantea buscar otras formas de financiación, que nunca llegan. Pretenden así dar cumplimiento a la Ley 1/2107 aprobada por todos los grupos y se inventan la figura del asesor, un puesto que nos cuesta 217.000 € durante tres año, asesor que no encuentran y que les obliga a modificar las condiciones de ese contrato y a ampliar los plazos hasta encontrar la persona adecuada.   El presidente Lamban dijó que no podíamos renunciar a él, refiriéndose a Tomé Alfonso y Marta Gastón Consejera de Economía, que tiene muchos puntos a favor. Si  esto le sumamos la querella y algún familiar cercano del interesado, el humo se vuelve cada vez más negro y la transparencia se queda en nada.

Este verano un humo negro rodea Motorland, y no es precisamente el de los motores. La transparencia que debe primar en todos los actos de la administración pública, y todas las empresas públicas dependientes de ella, se está viendo oscurecida por la renuncia de Tomé Alfonso como Director Gerente de Motorland.

La empresa pública, Motorland debía dar cumplimiento a la Ley 1/2017,de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, impulsada por Podemos. Una norma, que entre otras cosas, impide que el personal directivo de las empresas públicas compatibilice su cargo con trabajos externos además de reducir su salario. Un dato llamativo, conocido por todos, es que el sueldo del Director Gerente de Motorland es mayor que el que percibe Presidente del Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma.

Ante esta incompatibilidad, y posterior renuncia, el propio presidente del Gobierno dijo que “tratarían por todos los medios” de que esta persona siguiera vinculada a Motorland, y la verdad, están poniendo empeño en ello. El ahorro que suponía la ley, equiparando el salario de los directivos de empresas públicas, al de los Directores Generales del Gobierno de Aragón, pronto se descubrió que era falso ya que a los 64.000 € de salario, más los 32.000 del complemento, había que sumarle 217.000 € por servicios de asesoría durante tres años, cuando hasta ahora venía percibiendo 115.000 € anuales.  Así que racionalización del gasto público, poco, y tener en cuenta las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón menos. La Cámara redactó en su informe sobre Motorland que las “deficiencias claras y algunas irregularidades”, como “las retribuciones del director gerente...,  no van de acuerdo con las normas marcadas ni con lo que dice el acuerdo del Consejo de Gobierno”.

A esta atmósfera cargada, hay que sumarle las dos prórrogas de plazos para presentar ofertas al nuevo contrato de servicios de asistencia técnica y consultoría, aludiendo errores técnicos, y la querella presentada contra el nuevo Gerente de Motorland, por supuesta estafa.

Este Gobierno nunca ha sabido qué hacer con Motorland, primero admite su inviabilidad económica y plantea buscar otras formas de financiación, que nunca llegan. Pretenden así dar cumplimiento a la Ley 1/2107 aprobada por todos los grupos y se inventan la figura del asesor, un puesto que nos cuesta 217.000 € durante tres año, asesor que no encuentran y que les obliga a modificar las condiciones de ese contrato y a ampliar los plazos hasta encontrar la persona adecuada.   El presidente Lamban dijó que no podíamos renunciar a él, refiriéndose a Tomé Alfonso y Marta Gastón Consejera de Economía, que tiene muchos puntos a favor. Si  esto le sumamos la querella y algún familiar cercano del interesado, el humo se vuelve cada vez más negro y la transparencia se queda en nada.

 

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