Judit Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se reunió este jueves con empresarios, agentes sociales y representantes municipales de la zona de Andorra para explicarles el proceso de asignación de los 937 megavatios que la empresa Enel Green Power (Endesa) no ejecutará finalmente en la zona. Se trata de una energía vinculada a la capacidad de acceso a la red de transporte eléctrico de la antigua central térmica del municipio. En un inicio Enel pudo adjudicarse los 1.200 MW de capacidad de evacuación de la antigua térmica para proyectos eólicos, solares y de almacenamiento, pero los filtros medioambientales desembocaron en un acusado recorte del proyecto, que prometía la recuperación de empleo en la zona, con la autorización de sólo 406 MW de potencia instalada.

Fue un mazazo para el sector empresarial y para antiguos trabajadores y subcontratados de la térmica, provocando que muchas familias se lanzasen a rehacer su vida laboral en otras ciudades.

Los megavatios sobrantes se irán concediendo al resto de empresas que compitieron en el concurso inicial de este proyecto, conocido como “Nudo Mudéjar”, y a nuevos interesados.

Judit Carreras explicó que “la propuesta que traemos refleja las demandas que han salido desde el territorio, donde nos indicaban agilidad en la tramitación y asegurar que los proyectos maduros pudiesen presentarse y beneficiarse de esa posibilidad de acción sin generación”. La directora del ITJ detalló que se trata de una “propuesta de concurrencia simple con criterios socioeconómicos”, lo que significa que al tramitar la parte normativa se va a abrir una ventanilla única, disponible hasta el día posterior a la publicación de la propuesta en el BOE, que permitirá que los promotores interesados en generar electricidad presenten al Ministerio un expediente que deberá cumplir criterios de creación de empleo, autoconsumo, formación e inversión en el territorio (Teruel). “Si cumple esos criterios, se sacará una resolución definitiva y esa empresa ya va a poder iniciar todo el procedimiento administrativo de demanda de acceso y conexión a la red eléctrica, es decir, nos va a permitir ir asignando esta capacidad disponible a medida que haya promotores que tengan proyectos maduros que los vayan presentando”, detalló Carreras.

El proyecto estará abierto hasta que se agoten los megavatios o hasta un máximo de cinco años, porque es ese el tope que se le ha dado desde el Ministerio, al no poder permanecer siempre abierto.

Por otra parte, la directora del ITJ, recordó que en el Consejo de Ministros se ha declarado que estos proyectos sean “proyectos energéticos preferentes”, lo que sirve para agilizar trámites hasta que puedan ser analizados.

Según el calendario que maneja el ITJ, las primeras adjudicaciones podrían producirse en el primer trimestre de 2027.

Carreras aclaró que si en la reunión que mantuvo este jueves salían propuestas concretas para ajustar el proyecto, “el cauce para hacerlo es el correo electrónico abierto hasta el martes”, por lo que fue meramente explicativa.

El próximo 1 de octubre Judit Carreras mantendrá otra reunión con los alcaldes de la zona, agentes sociales, sindicatos y organizaciones empresariales y el Gobierno de Aragón para tratar el Nudo Mudéjar y todos los mecanismos que se despliegan en la zona para activar el empleo.

El PP mostró recientemente su preocupación por haber dado el Ministerio un periodo de cinco años para el desarrollo del proyecto en una zona donde las nuevas promesas de empleo generan desconfianza por haber pasado tanto tiempo sin ver frutos desde el cierre de la central. En este sentido, el alcalde de Andorra y secretario general del PSOE en Teruel respondió este jueves que “recordemos que el Gobierno de Aragón tiene competencias en industria e infraestructuras y nos vendría muy bien si apoyaran a este territorio con cualquier iniciativa, que a día de hoy no ha sido así” y retó a los representantes del Gobierno de Jorge Azcón a presentar alguna iniciativa en la mesa de trabajo con administraciones, ayuntamientos y agentes sociales convocada para el 1 de octubre.