La crisis económica  viene ocupando la mayoría de los debates políticos y sociales de nuestro país. Prácticamente nadie discute que la crisis por la que atravesamos  tiene un carácter financiero, además de económico o de agotamiento del modelo de crecimiento económico. Sin embargo, la crisis financiera  se ha evidenciado, sobre todo, en una drástica  restricción del crédito a las empresas, motivando la desaparición de miles de ellas, en especial las pequeñas y medianas en España. La consecuencia inmediata, la consabida  destrucción masiva  de empleo.  Sin embargo, la restricción del crédito financiero está provocando otras consecuencias adversas para la economía. Entre ellas el aumento de morosidad, no solo entre particulares sino también entre empresas, lo que mina progresivamente la confianza recíproca necesaria para que se propicien relaciones comerciales.  Desatender los compromisos de pago, sin justa causa para ello, como medio de demorar las obligaciones económicas se presenta como la única solución,  cuando se tiene un sistema judicial colapsado, cuando, es conocido que pueden pasar varios meses o años, hasta que se pueda obtener una resolución judicial que obligue a  pagar al deudor. Si como consecuencia de la falta de crédito, las empresas no  tienen otra alternativa  que recurrir a demoras injustificadas de pago como medio de autofinanciación, puede quebrar no solo nuestro tejido empresarial sino la confianza en el modelo de economía. Ambas cosas nos llevarían a una crisis más profunda, de mayor calado, puesto que pondría en peligro el estado de bien estar social. Recobrar la función social del crédito para que llegue a los agentes privados de la economía, debe ser una media prioritaria para salir de la crisis, así como reforzar la Administración de Justicia.