Opiniones

Eva Clavería. Fiebre privatizadora

Artur Mas sigue en su cruzada privatizadora. Hace unos meses ya declaró que solo la policía y las cárceles deben mantenerse como monopolio público. Y que el roll de la administración debe limitarse a “evitar las ineficacias del mercado”. Por ejemplo esa nueva inyección de dinero público que “vamos” a entregar a los bancos europeos para mantener un sistema en el que los gobiernos merman nuestras condiciones de vida. CiU en perfecta armonía con el PP –de la misma ideología- y una vez que “la gran fiesta de la democracia” avale su poder, podrán llevar a cabo su plan de privatización total. Paradójica, porque utilizan el intervencionismo estatal para, como digo, esquilmar nuestros bolsillos cada vez que precisen “estabilizar” a los bancos que no sé dónde meten el cuantioso dinero que ganan.
Las cosas no se hacen a medias, no señor. Por eso debemos proponer que empiecen ya privatizando la campaña electoral y el recuento de votos. Números, eficacia, rentabilidad. Es obligado después privatizar también el Congreso y el Senado. Que los parlamentarios fichen entradas y salidas y cobren según productividad. El gobierno, todos los gobiernos autonómicos y locales, también hay que privatizarlos, convertirlos en empresas que obtengan grandes beneficios para sus accionistas.
Pero ¿De verdad queremos pagar impuestos para sufragar tan solo la policía y las cárceles? Yo no, desde luego. Artur Mas (y todos los Arturmas de esta tierra) ha olvidado que también les es necesario mantener la Hacienda Pública, porque su entramado no se puede sostener sin nuestros impuestos. Y unos medios informativos que hagan posible el milagro de que, en estas condiciones, haya votantes que les entreguen las llaves de nuestras vidas. ¿Podemos seguir pagando los sueldos de estos políticos que obran en contra de nuestros intereses? Nos están liquidando todos los servicios que hemos costeado con nuestro dinero, todo lo que tanto nos costó pagar y mucha gente  en este país ni siquiera contarán al final con una pensión para la que ya se precisan 37,5 años cotizados.
¿Quién privatiza a los políticos? ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?”

 

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