A propósito de Comarcas y Diputaciones
Ha vuelto con fuerza a la escena pública el debate sobre las administraciones; en Aragón con las Comarcas y a nivel estatal con las Diputaciones. El caso aragonés es paradigmático, porque con poco más de 1 millón de habitantes coexisten con la administración autonómica y la municipal, las Diputaciones Provinciales y Comarcas.
Estos días volvemos a poner de manifiesto la necesidad de que Aragón reorganice sus administraciones. Curiosamente y desde la creación de las Comarcas, los cargos públicos de las Diputaciones han crecido de forma exponencial, algo que carece de toda lógica y máxime cuando se solapan algunas de las competencias. En 2003 Teruel tenía al presidente de Diputación; hoy tenemos 2 vicepresidencias y un adjunto (con sus coches oficiales y chófer), miembros de la Junta de Gobierno, más todos los cargos liberados de las comarcas, que en casos como el del Bajo Aragón son un presidente y una vicepresidenta. Un absoluto e injustificado despilfarro. De modo liso y lado, hemos pasado de tener a tres o cuatro políticos liberados, a más de una veintena a sueldo de todos. Multiplicamos exponencialmente por lo que supone en una provincia como la de Zaragoza y las cifras marean.
Cuando sobre la mesa se pone la necesidad de permanencia de unas u otras, no se habla tanto por los servicios que prestan, sino por los cargos a los que mantienen. La Ley de comarcalización debería ser reformada en profundidad, hacerlo de modo que se limitasen los cargos, las dietas por asistencias y todo tipo de retribuciones; además la ciudadanía debería tener la posibilidad de fiscalizar su gestión, de elegir con un programa y un proyecto a quienes las gestionan.
Entiendo que las Diputaciones Provinciales sobran, de entrada porque ningún ciudadano elige a sus integrantes, y además porque son instituciones obsoletas. Así lo ha defendido siempre CHA, y máxime cuando ya tenemos otra estructura alternativa. Pero no olvidemos que las comarcas nacen para prestar servicios al ciudadano, no como estructura clientelar, que es lo que percibe la ciudadanía. Si el objetivo único es la racionalización del gasto y la optimización del servicio, no podemos sostener la política actual de altos cargos. La lógica es la de prestar servicios, no la de colocar afiliados.
