Sinceramente entiendo que resulta indecente alimentar una imagen peyorativa del empleado público para justificar los recortes de sus condiciones de trabajo, cuando aún andamos a la cola de Europa en cuanto a número de empleados públicos por habitante, cuando muchos no llegan ni a ser mileuristas o cuando las tasas de temporalidad entre los asalariados de la Administración apenas distan un punto de las de los asalariados privados.
Si todos coincidimos en exigir una buena asistencia médica, en que nuestros hijos tengan suficientes plazas escolares, se acorten las listas de espera en los hospitales, se mantengan limpias y seguras nuestras calles o se combata la lentitud de la Justicia deberíamos coincidir, también, en exigir que haya un número suficiente de empleados públicos, desempeñando su trabajo en las mejores condiciones posibles para atendernos.
Por otro lado, son muchos los Gobiernos autonómicos que llevan ya años desvalijando con más o menos sutileza nuestros servicios públicos a través de externalizaciones de dudosa eficacia, penosas ofertas de empleo público y una planificación y organización bastante deficiente, con el fin de tratar de justificar después su ´necesaria´ privatización.
En estos momentos, la mayoría de las grandes corporaciones y entidades financieras no sólo han recuperado su valor en Bolsa sino que además han registrado beneficios históricos en 2010. Mientras tanto, el desempleo sigue creciendo, los recursos públicos están en números rojos y los Gobiernos sólo se han puesto de acuerdo en que el déficit ha de cobrarse de salarios, prestaciones sociales y servicios públicos. Dicen que lo peor de la crisis ha pasado, pero... ¿para quién?
