Impuesto al sol

Este viernes el gobierno del PP ha aprobado la ley que regula el autoconsumo eléctrico en España. Subrayo lo de “el gobierno del PP” porque ningún otro grupo político ha respaldado la aprobación de esta ley, y es más, han prometido derogarla si llegan al poder (veremos...). Creo que para hablar de esto no voy a saber ser breve, pero voy a intentarlo.

¿Cuáles son los mayores despropósitos de esta ley? Entre otros, estos dos:

- No se ha incluido el “Balance Neto” para los usuarios que no sean grandes productores, es decir, la mayoría de nosotros. Esto quiere decir que si nos ponemos en casa unas placas y un inversor y lo conectamos a la red, la energía eléctrica que nos sobre en el momento que no estamos consumiéndola, se la regalamos a la compañía eléctrica. Gracioso, ¿eh?

- Los impuestos que tendrán que pagar los que se quieran apuntar al autoconsumo, serán el doble que el de los usuarios normales.

Estos aspectos de la ley hacen que, por ejemplo, un comercio que tuviera pensado hacer una instalación fovoltaica de autoconsumo, se va a echar para atrás con casi toda seguridad, ya que la inversión que hay que realizar se podría amortizar entre 5 y 6 años sin esta ley, pero sin embargo, la ley va provocar que esta amortización ronde los 12 años. ¿Quién, en los tiempos que corren (y en su sano juicio), va a querer realizar una inversión a la que sólo podrá ver beneficios dentro de 12 años?

Y todo esto con la “excusa” del famoso “déficit tarifario”. Pero, ¿de dónde viene este supuesto déficit?.  Ese es el dinero que dicen las compañías eléctricas que les debemos por la diferencia entre lo que cuesta producir la energía eléctrica y lo que pagamos por ella. ¿Pero a qué se debe ese sobrecoste? Pues fundamentalmente a una nefasta política energética que no supo diseñar un modelo energético racional (todo esto comenzó en la “era Aznar” con ley del año 1997 que liberalizaba el sector energético, y continuó con los sucesivos gobiernos).  Entre otros despropósitos, permitió la construcción de multitud de Centrales Térmicas de Ciclo Combinado (CTCC) a las que, dentro de este mercado liberalizado, se les daba una concesión parecida a lo que se hace con las autopistas. Con el auge de las energías renovables en los últimos años (cosa que era de prever para cualquier persona que tuviera alguna responsabilidad dentro del entramado energético), las CTCC han dejado de ser rentables y en muchísimos casos están prácticamente paradas. ¿Pero esta falta de inteligencia (o quizá exceso de ella llevada hasta la malicia) nos sale gratis? No. Aunque la central esté parada, hay que seguir pagándoles debido a la concesión. Es como las autopistas de Madrid, que aunque no pasan más coches que por la carretera de La Codoñera un lunes a las 12 de la noche, hay que seguir pagándoles una millonada. Y ahí tenemos una de las claves de este déficit tarifario, los despropósitos (e intereses personales, seguro) de unos gobernantes en clara connivencia con el oligopolio eléctrico. ¿Y quién tiene que pagar esto? Pues como siempre, los usuarios que no tenemos ninguna culpa, igual que ha sucedido en los últimos años con el sistema financiero, cuyas canalladas nos han salido bien caras.

La ley, que debería haberse aprobado antes de finales de junio de 2013, se ha ido demorando por intereses que nada tienen que ver con el usuario final. Y es que la mezquindad con la que han actuado los responsables de esta ley, es para echarse a temblar. Explico un dato que avala mi animadversión. Durante el periodo de gestación de esta ley, se produjo un interesante avance tecnológico en el sector. Resulta que los fabricantes de aparatos destinados a las instalaciones fotovoltaicas, sacaron un dispositivo llamado “conmutador de red” que permite tener una instalación del tipo “aislada” (que son las únicas que se libran de pagar impuestos), que en los momentos puntuales en los que se pueda necesitar un aporte energético de la red eléctrica, este conmutador se encarga de desconectar  automáticamente la instalación fotovoltaica y conectar la red eléctrica. De esta manera, la instalación no estaría sujeta a pagar los impuestos que se habían inventado para las instalaciones de autoconsumo conectadas a red, ya que en realidad se trata de una instalación aislada (las típicas de los masicos, con sus baterías de almacenamiento). Y de pronto apareció la noticia de la salida al mercado de la ya famosa batería Tesla, que iba a ser el complemento perfecto para estas instalaciones por su reducido tamaño y enorme capacidad de carga. Bien, pues cuando se percataron del asunto los responsables de redactar la ley, se apresuraron a meter un nuevo artículo que considerara a estas instalaciones no como aisladas sino como “conectadas a red”, con todos los impuestos que eso iba a acarrear.  Interesante, ¿no?

Es decir, han estado retrasando la entrada en vigor de la ley hasta que han tenido todos los cabos bien atados, asegurándose de que todos los impuestos y penalizaciones que aparecen en la ley hacen inútil desde el punto de vista económico invertir en un sistema fotovoltaico. Y la espera daba igual lo larga que fuera, ya que sólo hacía que beneficiar al oligopolio eléctrico al dejar a todo el sector fotovoltaico paralizado sin mover ficha hasta ver qué sucedía definitivamente con la ley.

Todos estos impuestos nos los van a hacer pagar de manera directa en la parte fija de la factura de la luz. Bueno, en realidad ya hace tiempo que podemos comprobar cómo se ha incrementado “el mínimo”, lo cual deriva en que no se está incentivando para nada el ahorro: gastarse un dinero extra en comprar bombillas LED y frigoríficos A+++ empieza a carecer de sentido desde el punto de vista del ahorro en la factura.

Y todo esto que he comentado sólo afecta al aspecto económico. ¿Y el ecológico? ¿Qué pasa con el impacto medioambiental? La tecnología actual permite por fin que podamos colaborar todos los usuarios de manera individual a frenar el deterioro de nuestro medio-ambiente, pero nuestro(s) gobierno(s) (no me olvido de algunos ex-miembros del PSOE, el mismisimo Felipe González por citar uno bien conocido), movidos únicamente por intereses económicos (¿personales?) dan la espalda a la naturaleza y por lo tanto al futuro de nuestros hijos, ignorando además las llamadas de atención de la Unión Europea (un tanto tímidas, diría yo).

Esto es lo que hay. Nuestro gobierno empezó a diseñar una ley que por su incalificable ataque al sentido común parecía que sólo iba a ser un “brindis al sol”, pero al final se han salido con la suya, y no es un brindis, si no un auténtico “impuesto al sol”.