Concurso público
Vaya por delante que desde Asapme Bajo Aragón siempre hemos apostado por que la gestión de prestaciones básicas como son las sanitarias y sociales debe ser pública y así se lo hemos transmitido en diferentes momentos a los responsables políticos de turno.
También es cierto que desde hace ya tiempo la puesta en marcha de recursos fundamentales, tanto sanitarios como sociales, ha sido encomendada a entidades privadas como son las Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro y que tienen un importante arraigo en el territorio donde desarrollan su actividad.
Esto conllevó a que Asapme Bajo Aragón sea, a fecha de hoy, gestora de un Centro de día y de Viviendas tuteladas para personas con enfermedad mental. También, desde el 2009, en alternancia con Asapme Teruel, gestionamos el Programa de Atención Integral a Personas Tuteladas en la Provincia de Teruel, que depende directamente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
La continuidad de la gestión de este último programa está sujeta a la resolución del concurso público de gestión que recientemente ha sido convocado. A esta convocatoria concurriremos unidas las dos Asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia que trabajamos históricamente en salud mental y, seguramente, otras entidades privadas sin vinculación alguna con el territorio y que lícitamente, por supuesto, tendrán muy en cuenta que la gestión del servicio les aporte unos beneficios económicos. Durante todos estos años, la máxima que ha guiado nuestra gestión ha estado centrada en todo momento en la persona beneficiaria y no en el beneficio económico resultante, sin olvidar que debemos ser viables, faltaría más.
La realidad es que en los pliegos de la concurso, tiene una mayor presencia la oferta económica que la metodología de trabajo, la experiencia de los profesionales, el conocimiento del territorio, las instalaciones, las relaciones con otras entidades... entendible en la búsqueda de la eficiencia, pero criticable cuando estamos hablando de servicios a los ciudadanos y no de una fábrica de tornillos.
Según el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno: "Aquí la eficiencia no puede ser interpretada desde modelos exclusivamente economicistas, sino que debe velarse por el adecuado estándar de calidad en la prestación del servicio".
