Recientemente escribía Javier Cercas en uno de sus artículos que la diferencia entre un político y un intelectual era muy clara. Un político, afirmaba, busca simplificar los problemas hasta encontrar una solución óptima. En cambio, un intelectual no busca solucionar el problema, si no comprenderlo: para ello debe perderse en los matices, ampliar el debate, crear más problemas en definitiva. Los problemas empiezan cuando esta distinción entre ambas concidiciones no está clara.
Tras más de treinta años de democracia, el problema de definir una política territorial coherente sigue sin resolverse del todo. Quizá el problema se encuentre en que rara vez se recurre a ninguna de ambas vías: ni se busca simplificar el problema, ni estudiarlo en profundidad. Se recurre una y otra vez a una serie de argumentos que son más que cuestionables, simples pero incorrectos, sin resolverlos ni investigarlos adecuadamente: por un lado se afirma que existen demasiados niveles de administración (Estado central, autonomías, provincias, comarcas y municipios), lo que crea estructuras redundantes; por otro lado, como consecuencia de mantener tantas administraciones, tenemos demasiados funcionarios para el tamaño de nuestro país.
Según el profesor Vicenç Navarro, la realidad es muy distinta: frente a una media de un 16% de personas trabajando para el sector público en la UE-15, en España apenas tenemos un 9%. Si vamos más allá del tópico del funcionario inoperante acodado en la ventanilla, vemos que entre este 9% están los médicos, maestros, policías y soldados que garantizan la salud, educación y seguridad de los ciudadanos que los pagan. La solución para tener mejores servicios no es recortar, obviamente, sino invertir más y mejor.
Dentro de un par meses nos toca pasar por las urnas (y la campaña y precampaña previa y necesaria) para escoger a nuestros representantes municipales y autonómicos. E indirectamente, a los que ocupen puestos de responsabilidad en las comarcas y provincias. A la hora de escoger un candidato u otro, deberíamos tener claro si comparten nuestro modelo de entender la administración pública.
Si queremos mejores servicios públicos (¿quién puede afirmar que no los quiere?), el problema está en cómo son gestionados estos recursos. Algunos afirman que las comunidades autónomas son fuente de desigualdad y discordia, sin embargo, desde su creación nuestro país ha disfrutado un período de crecimiento económico y social sin precedentes en nuestra historia. Otros afirman que las provincias son algo decimonónico y que debe desaparecer. Otra postura sostiene que las comarcas carecen de sentido, convirtiéndose en un pozo sin fondo para el dinero público. Lamentablemente, hasta ahora, se han oído pocas opiniones que sostengan esto en base a criterios concretos de eficiencia en la gestión pública. Cada vez se oyen más voces que piden suprimir tal o cual administración ya que es "redundante". El problema es que rara vez se demuestra que "adelgazando" una administración pública se va a mejorar el servicio a los ciudadanos. Casi del principio nos damos cuenta de la incoherencia de esta afirmación. Personalmente, no tengo ningún problema en que haya más Estado, si está más cerca de los ciudadanos. Y menos aún si creamos más Estado, mientras éste sea un Estado de Bienestar.
