Acrónimos
Tan modernos somos que los acrónimos forman parte de nuestro vocabulario como si, realmente, conociéramos el significado de muchos de ellos. ONG, ONU, ACNUR, SIDA, CEOE... hasta aquí los facilitos. Ahora TTIP / CETA. ¿Qué esconden estos acrónimos?
Esta semana las movilizaciones vuelven a la calle, y lo hacen para informar, para dar a conocer a todos los ciudadanos lo que el TTIP o el CETA encierran detrás de estas cuatro letras. El Transatlantic Trade and Investment Partnership y Comprehensive Economic and Trade Agreement son acuerdos que se están negociando en Europa, de espaldas a la ciudadanía, con multinacionales estadounidenses y canadienses. Son una serie de tratados de libre comercio que socavan muy gravemente la soberanía de los pueblos en prácticamente todas sus facetas, como la democrática, soberanía alimentaria, energética, o medioambiental.
El “mercado libre”, eso que en principio suena tan bien -fuera las barreras arancelarias, que todos los “comerciantes” tengan la posibilidad de vender sus productos en el exterior, genial- es la letra grande de los anuncios. Si le damos la vuelta al papel y leemos la letra pequeña, como pasa con las ofertas de los bancos, conocemos que entre los productos para negociar están los servicios públicos. Sí, nuestro estado de bienestar, sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, correos, finanzas, telecomunicaciones, transporte, energía, agua... Todos están sometidos a debate en la mesa del TTIP, con compromisos sustanciales ya instaurados en muchos sectores para permitir a las empresas estadounidenses el pleno acceso a los mercados de servicios de los Estados miembros de la UE.
No acaba aquí el negocio; lo todavía más preocupante es que el TTIP pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje privados, para reclamar pérdidas de beneficios derivadas de decisiones sobre política pública. Esto quiere decir que, si nuestro gobierno aprueba unas medidas que pueden suponer mejoras para la ciudadanía -como mejoras salariales, seguridad en el trabajo, cláusulas sociales o conciliación de la vida familiar y personal- la empresa, si prevé pérdidas, puede demandar al Estado. Sí, ese Estado y ese Gobierno que usted y yo hemos elegido con nuestros votos; eso que llamamos soberanía, se verá sometido ante un tribunal privado porque las multinacionales ven peligrar su negocio.
Caso práctico: El Gobierno Español decide aumentar los 655 € que marca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 700 € -gran noticia ficticia que de momento solo sirve para contar este ejemplo-. McDonald's, al ver peligrar considerablemente su cuenta de beneficios, demandará a España por actuar en contra de sus intereses. Toda vez que los intereses de McDonald’s estén salvados, los de los trabajadores no existirán. Y, si queremos saber cómo afecta esto a la industria agroalimentaria turolense, que aporta 14,7 millones de euros a nuestra economía, veremos cómo la lucha de agricultores y ganaderos por ofrecer productos de calidad, siguiendo unos rigurosos controles sanitarios avalados por las denominaciones de origen, veremos que con el TTIP se abren abren las puertas a la entrada de productos cárnicos, con escasos controles sanitarios y cargados de clembuterol.
Así que, si estos días oye hablar del TTIP y le da por comer un Happy Meal, mientras lo disfruta, recapacite un poquito. Y buen provecho.
