Derecho a tener agua caliente en casa
Cuando desde algunos colectivos reclamamos, con insistencia, la gestión pública de los servicios públicos no lo hacemos porque estemos en contra de la iniciativa privada -todo el mundo debe tener la posibilidad de crecer, desarrollarse y mejorar tanto a nivel personal, como económico- ni porque creamos que siempre es mejor la gestión pública -de hecho, es muy mejorable en muchos casos-. Sin embargo, sí creemos que los Derechos Sociales, los que reconoce la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución y demás leyes autonómicas, los que son básicos y fundamentales, los que el Estado debe proteger, promover y garantizar, sí deben ser 100% públicos.
Uno de los fundamentales, el derecho a la salud. Vemos cómo se mercadea con ella mientras los ciudadanos cada vez están peor atendidos. Otro de los fundamentales, el derecho a la educación. Mientras se reducen becas y unos siguen estudiando en barracones, aumentan conciertos para otros. Fundamental también que los servicios sociales, los que deberían garantizar una vida digna para todos y todas sin necesidad de ser clasificado ni estigmatizado, sean de gestión pública. El 18% de los aragoneses se encuentra en riesgo de exclusión social, mientras empresas o fundaciones que gestionan residencias de mayores o centros de menores públicos se enriquecen a cambio de recortes en personal, materiales o incluso comida.
Los derechos básicos y fundamentales deben estar garantizados para toda la ciudadanía y gestionados bajo principios de eficacia, eficiencia, transparencia y accesibilidad. Desde el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”.
En la lucha contra la pobreza energética, e intentando paliar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas familias en Aragón, Podemos presentó en las Cortes de Aragón la Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón, ley aprobada recientemente por unanimidad. Tres días más tarde de su entrada en vigor, conocemos que a algunos vecinos de Alcañiz se les ha cortado el agua.
Mientras el gobierno municipal de la ciudad sigue callado sin decir qué solución dará al servicio de abastecimiento de aguas a partir del 1 de enero de 2017, cuando se ejecute la sentencia que impidió privatizar dicho servicio hasta 2041, a cambio de 2,3 millones de euros; mientras sigue pensando como devolverá ese dinero a la empresa Aquara, ésta le corta el suministro a vecinos a los que les ampara una nueva ley.
Las empresas están para ganar dinero, pero cuando mercadean con bienes fundamentales tienen responsabilidades. Los ayuntamientos y las leyes están para proteger a los ciudadanos. ¿Qué debe priorizar una administración pública?
Creo que es fácil la respuesta.
