Farmacias bajoaragonesas en la mayor trama de tráfico ilegal de medicamentos

Las farmacias de Palomar de Arroyos, Peñarroya de Tastavins, Monroyo y Alloza han estado implicadas en el mayor entramado criminal dedicado al tráfico ilícito de medicamentos a nivel nacional, que ha sido desmantelado por la Guardia Civil de Teruel.

Según la Guardia Civil, esta red obtenía los medicamentos en farmacias españolas, como si fuesen destinados a pacientes y, posteriormente, los vendía en el extranjero a precios muy superiores. En algunos casos obtenían un beneficio del 800% sobre el precio de venta en España.

Sólo en las farmacias investigadas de la Comunidad Autónoma de Aragón se ha detectado la venta ilícita de más de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros.

Se ha detenido a 30 integrantes de la red y se ha imputado a otros 2 por delitos contra la Salud Pública (Tráfico de Medicamentos), Falsedad Documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, y de pertenencia a Grupo Criminal. Además, se han llevado a cabo 28 registros en Zaragoza, Teruel, Barcelona, Granada, Málaga y Valencia, de farmacias, almacenes de distribución de medicamentos y domicilios de los ahora detenidos.

A raíz de la explotación de la operación denominada Pharmakon, que llevó a cabo la Guardia Civil en la farmacia de Palomar de Arroyos,  el Servicio de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud elaboró un informe en el que se detectó el tráfico ilícito de medicamentos. Entonces comenzó la investigación de este entramado a nivel nacional.

Según este informe se estaban practicando actividades ilícitas en la venta de fármacos a través de recetas falsas. Este delito podría suponer un riesgo para la salud pública, ya que los medicamentos deben contar con una cuantía fijada por las autoridades sanitarias en el mercado español. Si una parte de estas dotaciones son exportadas de manera irregular existen riesgos de desabastecimiento en España, provocando que los pacientes no puedan acceder a su medicación y poniendo en riesgo su salud.

Los agentes analizaron la actividad económica y los suministros de medicamentos de todas las farmacias de Aragón (739) y sospecharon de la implicación de 14 farmacias de las provincias de Teruel y Zaragoza en el tráfico ilícito de medicamentos. Tras los correspondientes registros, la Guardia Civil comprobó que estaban implicadas las farmacias de Peñarroya de Tastavins y Monroyo, junto con las zaragozanas de Cariñena y Aguilón. Estas farmacias actuaban junto con dos almacenes de distribución mayorista de medicamentos, ubicados en Granada y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) que, tras ser registrados, se precintaron.

Los registros continuaron en otras farmacias implicadas: la de Alloza, Villafranca del Campo, Mosqueruela, Alcalá de la Selva y Arcos de las Salinas. Éstas se abastecían de dos almacenes mayoristas de medicamentos, ubicados en la provincia de Valencia, que ya habían sido registrados por hechos similares tras la denuncia de una farmacia de Pamplona (Navarra). Asimismo, se detuvo al encargado de captar a los farmacéuticos y facilitar los contactos necesarios para desviar los medicamentos del canal legal que residía en Tortosa (Tarragona).

Por otro lado, se registraron las oficinas de farmacia ubicadas en la provincia de Zaragoza y se localizaron en Granada y Málaga tres almacenes mayoristas de medicamentos que utilizaban distintos procedimientos para justificar la salida de los medicamentos. Estos almacenes constituían el último escalón dentro de la estructura de cada grupo detectado antes de la salida del medicamento hacia el exterior del país.

El modus operandi utilizado en dicha actividad delictiva era el conocido como “distribución inversa”. Consiste en la venta legal de un número determinado de medicamentos que un almacén distribuidor o laboratorio realizaría a una o varias farmacias. Estas últimas, junto con otro almacén distribuidor, se quedaban con un pequeño número de los medicamentos para su dispensación a los pacientes. El resto eran enviados al almacén distribuidor a través de diferentes procedimientos, quienes los depositaban en almacenes legales o ilegales, los cuales, tras su almacenamiento, se encargarían a la venta países de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Austria y Grecia) y terceros países.

La red obtenía los medicamentos en las farmacias, puesto que el precio de los fármacos dispensados en España es mucho más barato que los que se destinan a la venta mayorista en el extranjero.

Las farmacias recibían del almacén mayorista implicado en la “trama” el listado de medicamentos a conseguir (estos listados varían mensualmente, donde se modifican los márgenes de beneficios obtenidos, según los precios de venta de los medicamentos fuera de España). Posteriormente y una vez conseguido los medicamentos procedentes del laboratorio o almacén mayorista mediante la vía legal, la farmacia deriva estos medicamentos al almacén implicado, camuflando estas ventas mediante diferentes procedimientos. A su vez, este almacén se encargaba de venderlos fuera de España, llegando en algunos casos a obtenerse un beneficio del 800% sobre el precio de venta en España.

Utilizaban diferentes formas para camuflar las ventas ilícitas de los medicamentos:

- Camuflar las ventas de medicamentos como productos de parafarmacia y ortopedia.

- Ocultar estas ventas, mediante la simulación de devoluciones de estos medicamentos al almacén. En este caso se devuelven los medicamentos a un almacén de la “trama”, el cual no es el que originalmente efectuó la venta.

- Efectuar las ventas de los medicamentos a través de otros almacenes intermedios, mediante el procedimiento de “triangulación”, que se encargaban de venderlos a los almacenes que exportaban los fármacos, evitando así la conexión directa entre éstos y la farmacia.

En otras ocasiones, utilizaban a intermediarios, conocidos como “bolseros”, que una vez que las farmacias conseguían los medicamentos solicitados por el almacén implicado, efectuaban la compra de los medicamentos (como venta libre sin receta, o mediante receta falsa), y posteriormente se encargaban de transportarlos hasta a los almacenes de la “trama” para su posterior venta en el extranjero.

Entre los efectos potenciales del comercio inverso se encuentran los siguientes:

- Desabastecimiento del mercado interior, ya que para satisfacer las necesidades del sistema de salud español, los laboratorios farmacéuticos deben mantener en el mercado español una cuantía de medicamentos fijada por las autoridades sanitarias. Si una parte de estas dotaciones son exportadas de manera irregular y sin control al exterior, existen riesgos de desabastecimiento en España, provocando que los pacientes no puedan acceder a su medicación y poniendo en riesgo su salud.

- Riesgo para la salud de los consumidores de los medicamentos operados, puesto que no pasan las medidas de conservación y seguridad adecuadas.

- Perjuicios económicos para el sector privado fabricante. Los fabricantes surten el mercado español a un precio tasado, mientras que en otros países compiten en un mercado libre que frecuentemente les reporta mayores beneficios.

- Perjuicios para la Hacienda Pública, como la evasión de impuestos, fraudes de IVA, delito fiscal y blanqueo de capitales.

La mayoría de estas tramas operan en dinero negro sustrayendo al fisco los impuestos correspondientes, ya que habitualmente no existen facturas ni justificantes para evitar dejar constancia del comercio irregular.

En la operación, dirigida por el Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de los de Teruel, han participado agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel, en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud, la Agencia Tributaria en Teruel, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

 

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