Polémica por dinero en el pleno comarcal del Bajo Aragón
Tras la toma de posesión de Raúl Andreu como consejero de la entidad comarcal del Bajo Aragón y la comunicación de renuncia de la consejera Gisela Barrios ayer jueves, comenzó el pleno comarcal, que sirvió para aprobar puntos de organización de la institución.
El principal punto de controversia entre el equipo de gobierno (PAR-PSOE) y la oposición (PP-IU) fue el sueldo de los liberados y los recortes en asistencia a plenos y comisiones.
Que existan dos personas liberadas, presidenta y vicepresidente, con un sueldo de cerca de cuarenta mil euros anuales cada una, no sentó bien a la oposición, que lo consideró un gasto excesivo en tiempos de crisis.
Además Raúl Andreu, portavoz de IU consideró que una persona liberada sería suficiente porque, según manifestó, en la pasada legislatura quien realmente trabajó fue el vicepresidente, Manuel Ponz y no el presidente, Víctor Angosto, estando ambos también liberados. Esta misma opinión fue compartida por el PP. Y José Miguel Celma, su portavoz, indicó en ese sentido que “estamos en un tiempo en el que hay que ahorrar”.
Para el equipo de gobierno, sin embargo, ambos liberados son necesarios. Pedro Luis Lamiel, portavoz del PSOE confió en que “se van a dedicar en cuerpo y alma” a la institución. Según Lamiel, la consideración de la oposición sobre que en la anterior legislatura una persona a sueldo era suficiente fue rebatida con la opinión de que la institución “creo que no funcionaba como debía funcionar”. Jesús Jubierre, portavoz del PAR miró al futuro para justificar ambos sueldos. Según Jesús el plan de desarrollo rural exigirá una gran dedicación por parte de la comarca y, además, Jubierre manifestó que las poblaciones de menos de mil habitantes necesitarán los servicios de la comarca por una posible pérdida de su autonomía.
La oposición encontró desproporcionado el recorte económico entre las pagas por asistencia al pleno y las reuniones de los miembros del equipo de gobierno como las comisiones de delegados. La oposición no tiene asignada ninguna delegación y los recortes mayores han recaído en las dietas por asistencia a pleno. Para PP e IU deberían haber sufrido ambas partes un recorte similar y no solo la parte en la que se requiere la asistencia de la oposición.
Según el portavoz del PAR, la asistencia a un pleno requiere menos trabajo que las reuniones de áreas. El portavoz del PSOE no dio tanta importancia a la polémica con la desproporción económica como a que actualmente la comarca tiene treinta y cinco miembros, algo que consideró “exagerado”.
