La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes de Aragón trató este martes el cierre de la Central Térmica de Andorra a raíz de una proposición no de ley presentada por el PP para instar al Gobierno de Aragón a que “con la implicación del Gobierno de España y dadas las consecuencias negativas que ha tenido el cierre de la central térmica de Andorra en los usuarios de la Cuenca del Guadalope impulse las acciones políticas y económicas necesarias para que se garantice la disponibilidad de agua, se reduzcan los costes de explotación, se optimice el recurso hídrico y se incremente la capacidad de embalse”.

La iniciativa se aprobó en la comisión con la única abstención de IU.

El diputado del PP Rambón Celma reiteró una iniciativa ya aprobada el pasado mes de junio que reclama del Ejecutivo autonómico, con la implicación del Gobierno central, acciones políticas y económicas para garantizar la disponibilidad de agua, la reducción de los costes de explotación, la optimización del recurso hídrico y el incremento de la capacidad de embalse. Celma trasladó “la desesperación” de unos regantes, “muchos de ellos jóvenes”, dedicados a una agroalimentación “que funciona” y que ven cómo el encarecimiento del precio del agua por la marcha de la central hará inviable sus negocios.

La socialista Silvia Gimeno dijo que la anterior proposición aprobada fue remitida a la Delegación del Gobierno en julio y aseguró que su apoyo a los regantes y agricultores es “firme, contundente e incuestionable”.

Ramiro Domínguez (Ciudadanos) consideró conveniente insistir en esta cuestión “por no saber absolutamente nada” desde su traslado a la Delegación del Gobierno y defendió que en la zona hay “buena tierra y buen clima”, llamando a “concienciar” sobre el aprovechamiento del agua.

Nacho Escartín (Podemos EQUO Aragón) apuntó los problemas del agua de boca demasiado calcificada y que haya menos personas “para pagar todo el pastel”, pero reprochó que el PP nunca propuso aprovechar el excedente de la concesión de la central.

Joaquín Palacín (CHA) volvió a apoyar la proposición porque si no el sector agrícola experimentará “un aumento inasumible” del coste del agua que pondrá “en riesgo” la viabilidad de las explotaciones.

Santiago Morón (Vox en Aragón) consideró que “por razones políticas”, el cierre de la central térmica está teniendo consecuencias económicas desastrosas, “sin transición justa, sólo con proyectos y no realidades”.

Esther Peirat (PAR), defendió que “por coherencia” con lo votado el pasado mes de junio su grupo está por garantizar la disponibilidad del agua, reducir los costes y aumentar la capacidad del embalse.

Álvaro Sanz (IU) consideró que tiene más sentido mantener las dotaciones que hablar de un nuevo proyecto de elevación de las aguas “porque lo que hace falta son usuarios” y le pidió al PP, sin éxito, suprimir la petición para que se incremente la capacidad del embalse, absteniéndose en la votación.