Alcañiz. El ayuntamiento ha recurrido la sentencia que anula el contrato con Aquagest
El ayuntamiento de Alcañiz ha recurrido la sentencia que anula el contrato entre el ayuntamiento y Aquagest, la empresa que gestiona el agua y alcantarillado de Alcañiz, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El equipo de gobierno llevó ayer a pleno la ratificación de interposición del recurso de apelación. No obstante el ayuntamiento ya había presentado el recurso.
IU expuso que el ayuntamiento no debería recurrir la sentencia, entre otros aspectos, porque se trata de un proceso lento que podría suponer pérdidas económicas para el ayuntamiento en una futura legislatura. Recordamos que la sentencia condenaba al ayuntamiento al pago de las costas. IU votó en contra de la ratificación de interposición del recurso de apelación.
Por este tema, Miguel Ángel Gracia, portavoz de IU, pidió la dimisión del alcalde “por el bien de esta ciudad y también por el bien de este ayuntamiento”.
El PSOE pidió al PP que se reúna con Aquagest para elaborar un nuevo contrato y no dejar el tema para otras legislaturas. El PSOE se abstuvo en la votación. El concejal del PSOE, Manuel Ponz, anunció en el pleno que Aquagest también recurrirá la sentencia. También consideró que una nueva condena supondría “unas costas muy grandes para el ayuntamiento”.
El PAR indicó que la operación “es cierto que no es un crédito” pero que es “deuda”. “No lo tendremos que devolver, pero tampoco nos lo darán”, indicó Berta Zapater, portavoz del PAR. “El ayuntamiento se merece recurrir”, pero podría perder mucho dinero si se vuelve a perder el juicio, manifestó Berta, “en cuanto a costas, indemnizaciones…”. El PAR se abstuvo en la votación.
El alcalde dijo que el anticipo en concepto de canon de Aquagest “no es un préstamo” e insistió en que la operación con Aquagest sirvió para pagar deuda con proveedores. “Es un contrato que tiene los informes técnicos favorables”, indicó el alcalde, sin embargo, según la sentencia, en la documentación presentada el contrato no tenía informe ni del secretario ni del interventor. Lo “lógico”, dijo el alcalde, es defender el contrato que el ayuntamiento había ya firmado.
