Alcañiz. La salud pública se toma a la ligera
Aunque muchas personas tienen en su propiedad piezas de amianto, un material que se conoce como “Uralita” aunque esta es su marca comercial, es recomendable retirarlo ya que resulta una amenaza para la salud. La normativa de su retirada es muy estricta y también resulta cara, porque hay que contratar a especialistas y debe desecharse en vertederos controlados.
El desamiantado, no debe llevarlo a cabo una persona particular, podría ocurrir que el material sufriese golpes o fracturas y, si esto ocurriera los manipuladores sin protección quedarían expuestos a la inhalación de fibras de amianto, lo que supone un alto riesgo de padecer cáncer pulmonar, de abdomen y otras enfermedades muy graves que afectan a los pulmones.
Para particulares resulta en ocasiones difícil y caro retirar materiales con amianto, un material de producción prohibida en España desde 2002, a través de una empresa especializada y muchas personas se aventuran a retirarlo sin ser conscientes de las enfermedades citadas, ya que se manifiestan de veinte a cuarenta años después de haber inhalado las fibras de amianto.
Al igual que deben tomar medidas al retirar este material los particulares, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, señala los pasos que deberá cumplir una empresa que vaya a realizar trabajos con riesgo de amianto. Por un lado la empresa debe estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto y por otro elaborar un Plan de Trabajo que deberá ser aprobado.
Si los trabajos son públicos, como los que se están llevando a cabo en la avenida Maestrazgo de Alcañiz, en los que se sustituyen las antiguas tuberías de fibrocemento (que contienen amianto) por nuevas tuberías de fundición, la responsabilidad es todavía mayor, ya que si no se toman las medidas necesarias, se pone en riesgo la salud de la población. Y en este caso concreto, las medidas de seguridad necesarias no se están cumpliendo, ya que tramos de las viejas tuberías de fibrocemento permanecen al aire y sufren actuales roturas derivadas de los trabajos en la obra. De esta manera, trabajadores y viandantes están expuestos a las dañinas partículas de amianto.
La necesariamente rigurosa protección tanto de los trabajadores como de la zona de las obras no se está llevando a cabo. Llevar a la práctica todas estas medidas de seguridad, que deben cumplirse obligatoriamente según lo indica la ley, resulta más caro que no hacerlo. Arriesgarse, pasando por alto las normas, puede resultar más económico. Pero, recordemos que la salud pública no puede tomarse a la ligera.
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