Alcañiz.IU recurre a los Tribulanes el acuerdo entre ayuntamiento y Aquagest
La agrupación política Izquierda Unida de Alcañiz ha recurrido ante el tribunal de lo contencioso administrativo la decisión del ayuntamiento de prorrogar por 29 años la concesión del servicio público de aguas a la empresa Aquagest a cambio de un anticipo del canon por valor de 2.300.000 euros, reintegrable con intereses a lo largo del citado periodo.
IU, que asegura que “nunca antes hemos ido por esta vía”, cree que existen otras medidas para sanear las arcas municipales en lugar de con esta operación que consideran “un fraude”, “ilegal y nefasta para los intereses de la localidad” y que “hipoteca siete legislaturas completas”.
El recurso se presentó ayer miércoles y cuenta con “más de una opinión jurídica” y con el apoyo de los órganos de dirección de Izquierda Unida en Aragón.
Antes de tomar esta decisión, IU presentó el pasado mes de julio un recurso en el ayuntamiento del que aseguran no haber recibido contestación.
Como alternativa a la operación recurrida, IU propone “una nueva contratación del servicio de aguas, que en cualquier caso finalizaba en 2017. El ayuntamiento hubiera obtenido igualmente la liquidez que necesitaba y la empresa hubiera podido percibir la indemnización a que tuviese derecho”.
Los argumentos del recurso de IU son los siguientes:
1. “La decisión de prorrogar nada menos que 29 años el contrato, directamente por el Pleno, basada en el hecho de que el contrato original vigente se realizó en 1994, cuando regía la franquista Ley de Contratos del Estado, que permitía este tipo de prórrogas. Esta interpretación va totalmente en dirección contraria a la actual normativa sobre contratación pública, que es mucho más restrictiva, además de ser transposición de legislación comunitaria de obligado cumplimiento.
2. El hecho de que se anticipe una cantidad y luego ésta se detraiga del canon, supone en la práctica una modificación del precio de contrato y de la forma de retribución del contratista, ambas condiciones esenciales del contrato, cuyo cambio requeriría una nueva licitación, de acuerdo con la legislación vigente.
3. Y finalmente, el hecho de recurrir a un anticipo reintegrable con intereses y a 29 años, nos dice que el ayuntamiento está acogiéndose a una operación financiera a largo plazo para financiar su gasto corriente, algo que siempre ha estado prohibido para los ayuntamientos, por lo que esta operación podría ser un fraude de ley, a juicio de IU”.
IU se ofrece a buscar soluciones para saldar la deuda “siempre y cuando se usen medidas legales”. El partido calcula que pueden pasar ocho o nueve meses hasta que salga la resolución.
