El Ayuntamiento de Alcañiz aprobó, por unanimidad, el pasado 5 de octubre una Ordenanza de Convivencia Cívica, con la que pretende preservar el espacio público como un lugar de convivencia, civismo y respeto, previniendo el vandalismo y la degradación del entorno urbano. Se llama a la colaboración ciudadana para lograr sus objetivos, entre los que se incluyen, por ejemplo, evitar el absentismo escolar, la mendicidad engañosa, molesta o con menores, la pirotecnia no autorizada, los molestos ruidos de motos trucadas o los botellones y el consumo de alcohol y drogas tóxicas en la calle, con especial atención en zonas próximas a centros escolares e infantiles.

Entrará en vigor a principios de noviembre.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Orrios, explica que esta ordenanza ya se había comenzado a trabajar en la pasada legislatura, entre los años 2019 y 2020, pero quedó paralizada y la Policía Local pidió retomarla, ya que existen ordenanzas por separado, pero incluirlas en un mismo documento facilita la labor de los agentes y también su consulta por parte de cualquier vecino.

A través de esta ordenanza “no se pretende criminalizar a nadie, tampoco a la mendicidad, ya que en ese caso concreto, se busca que no sea molesta o genere suciedad”, matizó Orrios, advirtiendo de que “no soluciona problemas, pero sí regula las obligaciones y para ello se busca la colaboración ciudadana en temas como el absentismo escolar, aunque reconozco que cueste hacer de chivato, por decirlo de algún modo. No obstante, por otro lado, la Policía Local, ya trabaja a través de la Comarca del Bajo Aragón por la obligatoriedad de escolarización”.

Según la ordenanza los ciudadanos tienen el deber de colaborar y denunciar si presencian faltas o delitos dando cuenta de lo sucedido, con la mayor rapidez posible, a las autoridades locales o las fuerzas y cuerpos de seguridad. También contempla la responsabilidad de los acompañantes de personas que cometan una infracción, ya que si no la denuncian pueden convertirse en infractores “por omisión”.

Entre las normas principales de conducta se prohíbe realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, tirar la basura fuera de horarios o contenedores o el baño en tramos urbanos del río no habilitados para ello. Se fijan normas para el control del ruido (vehículos, obras, pirotecnia, alarmas y reuniones) para garantizar el descanso nocturno de 23:00 a 07:00 h (y de 24:00 a 08:00 h los fines de semana y vísperas de festivos). Tampoco se permiten los grafitis o la colocación no autorizada de carteles o el reparto de octavillas.

Se dedica un capítulo a los propietarios de mascotas y animales de compañía, como la obligación de colocar microchip, censo municipal, recogida inmediata de heces y disolución de la orina con agua, llevarlos atados y fuera de zonas infantiles, además de bozal, correa corta y licencia en el caso de perros potencialmente peligrosos.

En cuanto a las peñas, incluidas las que permanecen en activo todo el año, deben evitar molestias acústicas y tumultos en la vía pública, con horarios límite para cese de música y con la prohibición de vender o servir alcohol y tabaco a los menores.

La ordenanza, que potencia las figuras de mediación policial y el arbitrio policial, contempla multas de 150 a 750 euros para infracciones leves, de 751 a 1.500 euros para graves y de 1.501 a 3.000 euros para muy graves, con reducción del 50% para pagos voluntarios en los 20 días naturales posteriores a la notificación.

En menores (mayores de 16 años) o personas insolventes, las multas podrán sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad (reparación de daños, acondicionamiento público o cursos).

La ordenanza llega en un momento en el que la ciudad no tiene patrullas policiales que cubran a diario los tres turnos de mañana, tarde y noche, permaneciendo cerrada en muchas ocasiones la comisaría de la Policía Local por falta de efectivos. Recientemente, el sindicato CSIF denunció que no había suficientes agentes para garantizar las patrullas que requiere la ciudad, a lo que se suma que actualmente hay 14 policías de baja médica.

Al respecto, el concejal Eduardo Orrios, indica que “la situación es complicada” y que cuando está la comisaría cerrada, las llamadas se atienden “mediante un contestador que deriva al servicio de emergencias 112”. De esa manera se atienden los casos graves, indica, mientras que las pequeñas incidencias pueden dejarse en el contestador y los agentes tratarán de resolverlas en cuanto estén disponibles. Mientras tanto, anunció Orrios, el Ayuntamiento ha pedido agentes para cubrir 3 vacantes y se está trabajando en un nuevo reglamento para que los agentes con segunda actividad puedan realizar tareas de calle adecuadas a su edad.