El Gobierno de Aragón se personará en el caso de presunto tráfico ilegal de medicamentos
El Gobierno de Aragón va a personarse en las diligencias previas, instruidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, por el presunto delito de tráfico ilegal de medicamentos y exportación ilegal, en el que se investiga a los farmacéuticos de Palomar de Arroyos, Alloza, Peñarroya de Tastavins, Monroyo y Fuentespalda, así como a los responsables de otras boticas de Aragón y España. El Ejecutivo indicó ayer que ejercerá las acciones judiciales penales y civiles que correspondan por los daños causados al Servicio Aragonés de Salud.
El Gobierno de Aragón considera que este asunto podría derivar en un delito contra la salud pública al provocar desabastecimientos de medicamentos y el deterioro de su calidad por las condiciones de almacenamiento, transporte y pérdida de trazabilidad. Y añade que, aunque el tráfico ilegal y la exportación ilícita no ocasionan un perjuicio económico al SALUD de forma directa, sí induce a la defraudación al SALUD a través de la falsificación de recetas y facturación fraudulenta de las mismas, al poder utilizar para aquel fin los cupones, precintos de los medicamentos desviados, especialmente aquellos que tienen un mayor coste.
Las investigaciones de este caso, denominado Operación Pharmakon, se iniciaron la pasada primavera, a raíz de que varios usuarios denunciaron ante la Inspección de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) la imposibilidad de retirar de su farmacia la medicina prescrita mediante receta electrónica. Tras las averiguaciones realizadas por el Departamento de Sanidad se comprobó que en estos casos la medicación aparecía como dispensada en una farmacia que no correspondía al lugar de residencia de los usuarios.
Entonces, el Juez ordenó el cierre de la farmacia de Palomar de Arroyos y más tarde de las de Alloza, Monroyo, Peñarroya de Tastavins y Fuentespalda. Los farmacéuticos de Palomar y Alloza estuvieron en prisión provisional hasta el pasado viernes, cuando quedaron en libertad tras haber presentado sendos recursos ante el Tribunal Provincial solicitando que se revocase la prisión.
La farmacéutica de Peñarroya eludió la prisión con el pago de una fianza.
Las farmacias de Monroyo y Peñarroya han podido reabrir.
La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario.
