CHA pide que se pueda estudiar agricultura en el instituto de Caspe
La agrupación política Chunta Aragonesista quiere que en el Instituto Mar de Aragón de Caspe se pueda estudiar un ciclo formativo de grado medio sobre agricultura y ganadería.
El consejero de CHA en la institución comarcal del Bajo Aragón Caspe, Rafael Lumbreras, dice que “la economía caspolina y comarcal gira en torno a la actividad agrícola y ganadera. En los últimos tiempos se ha producido un aumento de jóvenes que se incorporan a la actividad agraria pero carecen de la formación docente necesaria para poder profesionalizar su actividad”.
CHA indica que “Caspe y su comarca tienen en la actualidad 20.000 hectáreas de regadío aproximadamente. Un sector que ha ido en aumento a través de las ayudas del Gobierno de Aragón para la incorporación y modernización de las explotaciones agrícolas. El año pasado se dieron de alta 15 nuevos agricultores y para este se prevé el doble”. Por ello, dice Lumbreras, “consideramos muy importante dignificar el oficio agrícola ofertando a los futuros agricultores profesionalizar su trabajo dotándolo de una formación especializada”.
La agrupación aragonesista añade que “la profesionalización de los nuevos agricultores dándoles la formación adecuada fijaría población en la comarca y supondría, además, un relevo generacional en el campo tan necesario en estos tiempos, algo que también apoyan los sindicatos agrarios, asociaciones de Agricultores y Cooperativas”. Lumbreras dice que “tenemos abundantes recursos para implantar y hacer efectiva esta enseñanza como son las parcelas municipales en la zona de Rimer que poder llevar a cabo ahí las prácticas; el Campo de Ensayo de Leñosos, en el Mas de la Punta; la residencia Florencio Repollés que está ahora cerrada e infrautilizada pudiendo ser un recurso importantísimo a la hora de facilitar la estancia a alumnos de fuera, entre otros medios”.
Esta propuesta será llevada hoy al pleno de la institución comarcal, donde CHA también presentará otra propuesta:
“Solicitar a los grupos que se apoye al Gobierno de Aragón en sus pretensiones de conseguir que se restituya económica, medioambiental y socialmente a los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos.
También se pedirá el acuerdo para exigir al Gobierno de España la restitución económica, medioambiental y social de los municipios afectados por obras hidráulicas e hidroeléctricas, impulsadas con una visión colonial y expoliadora, mientras los territorios aragoneses sufrían una sangría poblacional durante décadas”.
