Condena al Gobierno de Aragón por no proteger a los sanitarios de la provincia de Teruel

La Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, administraciones del Gobierno de Aragón, han sido condenadas “a proporcionar los equipos adecuados de protección individual” a los profesionales sanitarios de la provincia de Teruel ante el coronavirus.

La magistrada del Juzgado de lo Social de Teruel, Elena Alcalde, ha emitido la sentencia ante la demanda presentada por el sindicato FASAMET.

La magistrada rechaza la premisa de las administraciones acerca de que nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable y argumenta en contra de ello que “la pandemia, y en consecuencia la crisis sanitaria que nos ocupa, no es un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable”, entendiendo que la administración debió actuar “según el principio de precaución, acorde con ese nuevo orden que evidenciaban las coordenadas expuestas” (en referencia a los reiterados anuncios realizados por la OMS) y concluye que “debió preverse la necesidad de disponer de abundantes Equipos de Protección Individual para los sanitarios con la finalidad de protegerles frente al riesgo de contagio por Covid-19, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía”.

En la sentencia se reconoce que “los empleados y trabajadores sanitarios han estado desarrollando su trabajo, a pesar del grave e inminente riesgo para su vida y su salud por su exposición al Covid-19, y ello, fundamentalmente, por la falta de medios de protección individuales adecuados, aun cuando podrían haber interrumpido y abandonado su actividad, pero gracias a su vocación de servicio a los demás, no sólo no han paralizado su trabajo, a pesar de las condiciones de protección precarias, sino que lo han desarrollado heroicamente, e incluso han cumplido con las obligaciones impuestas en el art. 29. 2 de la LPRL”.