La Plataforma Amigos de Iranzo ha remitido cartas a cargos públicos, desde el gobierno local al de España, pidiendo que se revoquen “las medallas concedidas a los mandos responsables de nuestra seguridad en diciembre de 2017” por el caso de Norbert Feher, que terminó con tres asesinatos en Andorra.

Se suman así a la misma petición que recientemente hicieron el Ayuntamiento de Andorra y UAGA-COAG.

Desde la plataforma indican que las cartas contienen “los motivos por los que creemos que es necesario retirar estas medallas y por los que pedimos a los destinatarios que se posicionan públicamente del lado de la ciudadanía que ha sentido estas condecoraciones como un insulto, que creemos que es mucha”.

Las cartas se han remitido a los siguientes destinatarios:

“Ministro del Interior
Secretario de Estado de Seguridad
Directora General de la Guardia Civil
Defensor del Pueblo
Delegada del Gobierno en Aragón
Subdelegado del Gobierno en Teruel
Presidente del Gobierno de Aragón
Presidente de la Diputación de Teruel
Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel
Justicia de Aragón
Los tres diputados nacionales elegidos por Teruel, Tomas Guitarte, Alberto Herrero y Herminio Sancho
Los cuatro senadores elegidos por Teruel, Joaquin Egea, Beatriz Martín, Manuel Blasco y Carmen Pobo
Todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón, con los que nos reunimos en su momento.
Partidos políticos de la provincia de Teruel, que todos ellos nos dieron su apoyo firmando nuestro documento de "adhesión" de fecha 4 de marzo de 2019 por el que pedíamos (pedían también ellos tras su firma)
Comarcas y ayuntamientos, que también nos dieron su firma”.

Desde Amigos de Iranzo indican que “en cuanto a pedir oficialmente por nuestra parte la revocación, nosotros vamos a recurrir a la primera vía que permite el procedimiento, que es el recurso potestativo de reposición, para el que hay un mes de plazo desde la fecha de publicación del otorgamiento de las medallas. En caso de que este recurso no prospere, entraríamos en el siguiente escenario que sería la vía contencioso administrativa, para la que hay dos meses. Nosotros hemos decidido agotar todas las vías posibles que permite el procedimiento”.