Manuel Royo fue alcalde de Calanda desde 2003 a 2011. En el año 2005 el alcalde encargó verbalmente al ingeniero Alberto Lozano un proyecto para construir un polígono industrial sin que hubiera expediente. Posteriormente el secretario, Constantino Foz, realizó una documentación como si todo se hubiera realizado conforme a la ley. Durante dos años el alcalde fue encargando 13 trabajos a Lozano y uno al arquitecto Miguel Ángel Laguéns, sin que se hiciera de forma legal.
Como consecuencia la Fiscalía pidió para Manuel Royo y para Constantino Foz 5 años de prisión, 16 de inhabilitación y14.400 euros de multa por prevaricación y falsedad documental.
La Fiscalía pedía para el ingeniero tres años de prisión, multa de 4.800 euros y la inhabilitación durante cinco años. Para Miguel Ángel Laguéns 4 años de inhabilitación.

Finalmente la Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a Manuel Royo a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Al ingeniero y al arquitecto los condena a un año y nueve meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. A Constantino Foz se le suspende de empleo y cargo público por 6 meses y a pagar una multa de 2.160 euros.

Manuel Royo siempre ha defendido que se hizo de acuerdo a la legalidad y con el objetivo de que una inversión para la creación de un polígono industrial lo financiara el Plan Miner.