NOTICIA 1
La Universidad de la Experiencia, dirigida a mayores de 55 años y jubilados, abre hoy jueves un nuevo curso académico en Alcañiz. Lo hará con la ponencia “El reto del cambio climático”, a cargo del geógrafo y climatólogo José María Cuadrat Prats. La charla o “lección inaugural” será abierta al público, comenzará a las 18:00 h. en el teatro.
En esta inauguración tendrá lugar también la entrega de diplomas a los alumnos que superaron el primer ciclo trianual (2014-2017) de esta universidad en Alcañiz.
Más información del Curso 2017-2018 de la Universidad de la Experiencia en Alcañiz, aquí.
Currículo del ponente de la Lección Inaugural del Curso, aquí.
Los proyectos de la provincia que serán subvencionados con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) fueron aprobados ayer martes.
MotorLand vuelve a ser el que más dinero recibirá: 8 millones, 1 millón más que el año pasado, más incluso que el importe total para inversiones municipales turolenses (7,15 millones) y que el destinado a carreteras provinciales (1,5 millones).
A parte de esos 8 millones para el circuito alcañizano, se han aprobado 900.000 euros para el Parque Tecnológico de MotorLand y 300.000 euros para el Laboratorio TESSA, ubicado en el mismo complejo.
Estos son otros proyectos bajoaragoneses que recibirán subvención:
Residencia para personas con discapacidad Atadi-Alcañiz: 150.000 euros.
Hogar para transeúntes, desahuciados y sin hogar Cáritas-Alcorisa: 150.000 euros.
Centro de inserción socio-laboral Pro Salud Mental Bajo Aragón (ASAPME): 150.000 euros.
Residencia de Andorra: 750.000 euros.
Centro de Promoción territorial Comarca Matarraña: 350.000 euros.
El Fondo de Inversiones de Teruel está financiado por el Gobierno de Aragón y el de España.
En la madrugada del pasado 3 de octubre, un vecino de Híjar se percató de que había dos personas sospechosas en el interior de una finca y llamó a la Guardia Civil. Gracias al buen ojo que tuvo el vecino, a su aviso y a que los agentes se personaron rápidamente, pudieron pillar infraganti a los dos individuos que habrían accedido a la finca escalando un muro para abrir la puerta y meter el vehículo en el que cargar su botín.
A esas dos personas se les imputa un delito de robo y han sido puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Alcañiz en calidad de investigados.
Una llamada a tiempo al 062 evitó un robo y, por ello, la Guardia Civil, insiste en que la colaboración ciudadana para resolver este tipo de casos y en la lucha contra la delincuencia en general es muy importante.
Una joven bajoaragonesa es profesora en un instituto de Cataluña y Bajo Aragón Digital ha querido preocuparse por cómo está viviendo “el procés”.
Ella prefiere guardar el anonimato y tampoco daremos datos identificativos del centro.
Recuerda que poco antes de que se aprobase el referéndum, alumnos y profesores convivían “felices” en la “fiesta de la paella con karaoke”. Luego, dice, “se fue enrareciendo todo”.
Tras la votación, los alumnos, indica, “vinieron súper exaltados” y divididos en ideología política sin solidez argumental, como si unos fuesen de un equipo de fútbol y otros de otro y debiesen defender cada uno al suyo.
La bajoaragonesa cuenta que escuchó conversaciones como las siguientes:
-“¿Por qué queréis ser independientes? - Porque nos va a ir mejor económicamente”. “Los catalanes no nos llevamos bien con los españoles desde hace 300 años. – ¡Pero si tú no estabas aquí entonces!”.
“Yo intenté que se callaran y se pusiesen a trabajar y que se olvidaran de todo eso, porque estaban muy alterados”, indica la profesora.
Ese mismo día, la gran mayoría de los profesores se reunieron en el instituto para hablar de la huelga convocada para el día siguiente. Ella fue de las pocas personas que decidieron no asistir a esa la reunión y se sintió incómoda, pues dice que “el ambiente era triste” y que sintió miradas de desaprobación por parte de docentes que sí se habían reunido.
En todo caso, destaca que la dirección no participó en esa reunión y que permanece en un segundo plano durante “el procés”.
Los profesores que se habían reunido escribieron un comunicado, “en nombre del instituto” y lo publicaron en la web del centro, al igual que unos carteles. En ambas plataformas se relacionaba el hecho de secundar la huelga con manifestarse en contra de la violencia. Además, hubo docentes que suspendieron algunas clases para manifestarse con los alumnos fuera del instituto por los mismos motivos que decían respaldar la huelga.
La incomodidad de la bajoaragonesa aumentó en esta situación. Ella había decidido no hacer huelga, pero sentía que “si no hacía huelga parecía que no estaba en contra de la violencia”.
Desde el centro repartieron a los alumnos unos panfletos en los que se decía que al día siguiente había convocada una huelga. Había confusión, dice la alcañizana y sus alumnos, buscando orientación, le preguntaron que qué haría ella. Pero la profesora optó por no decírselo.
Al día siguiente asistieron al instituto, además del director y la bajoaragonesa, 13 profesores (de 80) y 3 alumnos (de 800). Otros centros educativos de la misma población cerraron.
La bajoaragonesa cuenta que uno de los profesores asistentes se fue a quejar al director por el citado comunicado que habían publicado en la web del centro quienes respaldaban la huelga y le pidió explicaciones sobre si cobrarían su salario pese a no asistir al trabajo. El director le respondió que no tenía instrucciones claras de lo que debía hacer ese día.
Indica que el director quiso evitar tensiones y abrazó al profesor. “Es una situación tensa, pero emocional. La gente se quiere, como ocurre en una familia”, describe la bajoaragonesa.
El profesor molesto redactó otro comunicado, también “en nombre del instituto” para colgar en la web del centro, separando el motivo de la huelga con el hecho de estar o no en contra de la violencia. El propio director redactó otro en el que decía que, al igual que ocurre en la sociedad, en el instituto hay diversidad.
Ahora, indica la bajoaragonesa, el ambiente en el centro “está más tranquilo. Se evita hablar del tema”, salvo situaciones puntuales. Por ejemplo, un día un alumno salió al recreo con una bandera de España y otro día profesores convocaron una reunión a raíz del encarcelamiento de los Jordis.
La Guardia Civil ha detenido a una persona y hay tres investigados por cultivo o elaboración de droga en una vivienda Caspe. El detenido es un joven de 30 años y los investigados, un hombre y dos mujeres, de 55, 54 y 31 años, todos miembros de la misma familia, de nacionalidad española, sin antecedentes policiales y vecinos de Caspe.
En el domicilio se localizaron 13 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, 10 kilos de cogollos del mismo tipo de planta, una báscula de precisión y bolsas monodosis para su distribución y venta.
La Guardia Civil considera desarticulado, con su actuación, un punto de venta de sustancias estupefacientes en esa población.
La investigación se inició el pasado mes de abril. Los agentes realizaron numerosas gestiones y reconocimientos de la zona, localizando una parcela, en la zona caspolina conocida como Rimer de Acá, de donde emanaba un fuerte olor a marihuana.
La Guardia Civil obtuvo la identidad de los propietarios de la parcela.
Una vez recabada la información que evidenciaba la existencia de un cultivo de marihuana de interior en el mencionado lugar, el pasado martes, la Guardia Civil realizó un registro en el domicilio, tratándose de un terreno que contaba con un inmueble destinado a vivienda y una especie de garaje construido para el cultivo de plantas de cannabis sátiva.
En el espacio, que disponía de sistemas de seguridad y alarma, había un total de 13 plantas en avanzado estado de crecimiento, con una altura de casi 3 metros de altura.
Una habitación anexa se había habilitado para el secado de las plantas y su posterior distribución. Allí se localizaron diversas ramas colgadas en proceso de secado y numerosas cajas de cartón que contenían cogollos de la misma sustancia preparados ser distribuidos. Además se halló una báscula de precisión y bolsas monodosis para su posterior venta.
En total se intervinieron 13 plantas de cannabis, 9 kg de cogollos de marihuana seca en rama, 1,7kg de cogollos de esta sustancia preparados para la venta, bolsas monodosis y la báscula de precisión.
Al detenido y a los investigados se les imputó un presunto delito contra la salud pública por cultivo o elaboración de droga. Quedaron a disposición judicial.
Con esta actuación, en la que han participado agentes de la Guardia Civil de Caspe, Maella y Escatrón, se considera desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la ciudad de Caspe.
La Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior no tiene constancia (a fecha de ayer miércoles) de que el Ayuntamiento de Alcañiz haya solicitado la declaración de zona catastrófica por el derrumbe del Cerro Pui Pinos del pasado 18 de abril, según informó a Bajo Aragón Digital.
Desde el Ayuntamiento se dijo que se había solicitado esta declaración, que actualmente se denomina “declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” y que para ser concedida debe ser aprobada en Consejo de Ministros.
Es a la Dirección General de Protección Civil a quien corresponde el estudio y, en su caso, la propuesta de esta declaración y de la tramitación de las ayudas.
Tras el anuncio del alcalde de que se había enviado esta solicitud, tanto el propio alcalde, como los grupos de la oposición o incluso desde el Gobierno de Aragón y los afectados, se han manifestado a la espera de saber si finalmente se declararía zona catastrófica o no. Pero, como decimos, la propia Dirección General de Protección Civil, no tiene constancia de esta solicitud.
En cambio, en Protección Civil sí han recibido un expediente de solicitud de subvenciones, algo muy distinto a la citada declaración de zona catastrófica. Se trata de subvenciones que han pedido, por un lado, distintos afectados y, por otro, el Ayuntamiento de Alcañiz para subsanar daños en propiedad municipal. Esta solicitud de subvenciones se encuentra en fase de análisis y trámite, según explican desde Protección Civil. Concretamente se denominan “ayudas a unidades familiares por daños personales”, que es lo que han pedido los propios afectados, y “ayudas a corporaciones locales”, que es lo que ha solicitado el consistorio y que se destina a garantizar el funcionamiento de servicios públicos o el suministro de agua potable en situaciones de emergencia.
Lo que desde hace años se conoce como “declaración de zona catastrófica” suele aplicarse, como indican desde el propio departamento de Protección Civil del Ministerio del Interior en situaciones distintas. En Alcañiz se aplicó cuando se produjo la fuerte granizada de 2003.
Bajo Aragón Digital se ha puesto en contacto con concejales del PAR, Ganar, PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento y ninguno ha visto, ni ha pedido ver, tal solitud.
Medio año hace que se desprendió parte del cerro Pui Pinos de Alcañiz sobre varias viviendas junto a la carretera de El Corcho.
Los afectados siguen sin saber cuáles son las medidas que va adoptar el Ayuntamiento para hacer lo que debe: reconstruir sus viviendas y asegurar el cerro. Tampoco se les han devuelto los enseres que quedaron entre los escombros y que, según han averiguado por ellos mismos, se encuentran en un terreno vallado a la intemperie desde entonces.
Desde el Ayuntamiento no se les informa al respecto ni se les responde a la mayoría de las instancias que han presentado.
Integrantes de la plataforma de afectados se reunieron ayer con el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén y las conclusiones que sacaron tras la cita hicieron más profundo el abismo que tienen delante. También aumentaron su indignación, especialmente cuando Guillén les dijo que la primera vez que el Ayuntamiento de Alcañiz había solicitado por escrito ayudas al Gobierno de Aragón para estos hechos fue el día 9 de este mismo mes de octubre, casi seis meses después del derrumbe.
Les advirtió Guillén de que si la zona no es declarada catastrófica, el Gobierno de Aragón no podrá conceder ayudas económicas a los afectados. En cambio, se les dijo que sí existen fondos que el Ayuntamiento podría solicitar reparar espacios de su propiedad, como es el caso del cerro.
La situación, para los afectados, es desesperante. Entre otros asuntos quieren saber si la zona podría declararse como catastrófica, las “causas claras del deslizamiento”, las actuaciones previstas en el cerro, si se podrá volver a edificar, la postura de las compañías de seguros y de dónde saldrá el presupuesto para reparar el desastre.
¿Por qué no se les responde?
