La central térmica de Andorra nunca fue solo una infraestructura energética. Durante décadas fue el verdadero pulmón económico de la comarca y uno de los pilares industriales más sólidos de la provincia de Teruel. Se trataba, además, de una de las pocas centrales térmicas rentables del país, gracias a la proximidad del mineral y a una cadena de valor plenamente asentada en el territorio. Sin embargo, fue también la primera en cerrarse y demolerse sin que existiera una alternativa real y operativa que garantizara la continuidad económica y social de la zona.

Hoy, a seis años del cierre, el balance no puede ser más preocupante. La prisa política se impuso a la planificación a largo plazo, y las consecuencias están hoy a la vista de todos. No existe todavía ninguna actividad sustitutoria de peso que haya logrado compensar la pérdida de empleo directo e indirecto que generaba la central. Las promesas fueron muchas, pero los resultados, escasos.

En la actualidad, solo dos proyectos de relevancia siguen sobre la mesa: Catalina y el Nudo Mudéjar, impulsado por Enel Green Power. Ambos siguen a la espera de las correspondientes autorizaciones medioambientales y administrativas del Gobierno de España, en un contexto de demoras continuadas que lastran el desarrollo del territorio y agravan la pérdida de oportunidades, población y actividad económica.

Entretanto, han sido numerosos los proyectos empresariales anunciados a bombo y platillo que nunca llegaron a materializarse. La fábrica de fideos chinos, la anunciada implantación industrial de Oxaquim en Andorra o el proyecto de Yasunn Pannun en Calanda son solo algunos ejemplos de iniciativas que se presentaron como solución y acabaron diluyéndose sin explicaciones claras. Cada anuncio fallido ha dejado tras de sí una sensación creciente de frustración y desconfianza entre vecinos y empresarios.

Las cifras demográficas y económicas reflejan con crudeza esta realidad. Entre 2020 y 2025, Andorra ha perdido más de 1.000
habitantes, lo que supone una caída aproximada del 16% de su población. A esta sangría demográfica se suma el cierre de cerca del 20% de los bares de la localidad, un indicador claro del deterioro de la actividad económica y de la vida social. Cuando cierran los bares no se apagan solo las cajas registradoras, sino que se apaga la conversación la costumbre y ese pequeño país cotidiano donde aún se llamaba a la gente por su nombre. La comunidad.

A todo ello hay que añadir la paralización y los retrasos constantes en infraestructuras clave como la A-68, fundamental para la vertebración y competitividad de la provincia. Sin conexiones adecuadas, resulta casi imposible atraer inversiones industriales de envergadura. Del mismo modo, resulta incomprensible la ínfima aplicación de las ayudas al funcionamiento, que apenas se sitúan entre el 1% y el 1,5%, cuando la normativa europea permite alcanzar hasta el 20%. Esta herramienta sería clave para reforzar a las empresas ya implantadas y para hacer atractivo el territorio a nuevas inversiones.

La situación exige, de una vez por todas, una acción política decidida y responsable. Es imprescindible que el Gobierno de España priorice la tramitación de los proyectos estratégicos comprometidos con el territorio y abandone la dinámica de anuncios vacíos y plazos incumplidos. Andorra, su comarca y el conjunto del Bajo Aragón no pueden permitirse seguir perdiendo fondos europeos, proyectos tractores y, sobre todo, talento joven que se ve obligado a marcharse ante la falta de oportunidades.

No se trata de nostalgia sino de futuro, de entender lo que se hizo mal y de cambiar la prisa por una mirada larga y responsable. Porque cada año desperdiciado empuja un poco más hacia la despoblación irreversible de un territorio que ya demostró con creces que sabe generar riqueza y empleo cuando se le ofrecen los medios adecuados.