Cuarenta y seis Ayuntamientos de la provincia de Teruel van a tener que devolver un total de 2,5 millones del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) del 2017, que contaba con un importe total concedido de 7,1 millones.

El dinero se concedió en octubre de ese año y en diciembre ya debían estar ejecutados los proyectos, con todos los papeles y los permisos en regla.

Los que no pudieron cumplirlo, que en muchas ocasiones son cuestiones técnicas propias de las obras, tendrán que devolver todo o parte de la subvención.

Solo 5, uno de ellos Calanda, no tendrán que devolver nada.

El calandino José Ramón Ibáñez, director general de Administración Local, admitió que “era una convocatoria complicada” y una situación que ocurrió ya el año anterior. Indicó que muchos de los casos son los de consistorios que han adjudicado la obra por menos dinero y ahora deben devolver la diferencia, otros que por cuestiones técnicas no han podido obtener los permisos legales necesarios de las obras.

“El problema gordo es que muchos Ayuntamientos se gastaron el dinero porque la ejecutaron” y “los Ayuntamientos pequeños tienen un auténtico problema”, dijo. Las subvenciones máximas por proyecto eran de 200.000 euros. “No hay ninguno que tenga que devolver tanto”, indicó.

Ibáñez dijo que es comprensible que los alcaldes no tienen la culpa porque no entienden de obras pero se deberían haber supervisado. “Nos vamos a reunir con los colegios oficiales para que se asesore a los alcaldes”, anunció.

Sobre la convocatoria, dijo “sí se podía haber hecho en otros términos, pero ningún Ayuntamiento la recurrió”. La explicación que da Ibáñez a esta situación es que “las convocatorias van cambiando por las leyes y se complican las justificaciones”. “La convocatoria te puede gustar más o menos, yo eso lo comparto”, pero hay que cumplirla, concluyó.

Varios Ayuntamientos van a presentar reclamación judicial. La convocatoria te puede gustar más o menos, yo eso lo comparto, pero hay que cumplirla.

Tras haber consultado si se podían dar subvenciones directas a los Ayuntamientos afectados con la obra bien ejecutada, Ibáñez dijo que “la intervención no lo permite”, “todo tiene que ser concurrencia competitiva”.

“Le hemos dado muchas vueltas”, dijo, y la única ayuda que podrán obtener los afectados será el aplazamiento de los pagos, que no será para todos igual, dependerá de cada circunstancia.

Por otra parte, dijo, se está barajando la posibilidad de que en el próximo FITE se pueda “primar a estos Ayuntamientos”, pero es algo que “depende de los servicios jurídicos”.