La nueva ley de la vivienda está afectando también a inmobiliarias, propietarios e inquilinos del Bajo Aragón. Básicamente, lo que afecta en este territorio es la obligatoriedad de que sean los propietarios de viviendas y no los inquilinos los que corran con los gastos de gestión de las inmobiliarias, cuando hasta el pasado 26 de mayo, cuando entró en vigor, era al revés.

Hay inmobiliarias bajoaragonesas que todavía están comunicando la situación a sus clientes propietarios. Algunos, indican, lo asumen. Otros se molestan y optan por no alquilar a través de inmobiliarias.

En otros casos, se ha optado por incrementar el alquiler para incluir en él los gastos de la gestión. Este incremento se debe repartir a lo largo de las mensualidades, ya que las inmobiliarias cobran una mensualidad por gastos. Por ello, hay propietarios que no alquilan por un periodo inferior a un año. Esto dificulta que trabajadores que acuden a, por ejemplo, a Alcañiz a realizar sustituciones por poco tiempo al instituto, al conservatorio o al hospital, encuentren alojamiento.

La mayoría de las inmobiliarias consultadas están molestas con esta ley que, esperan, se derogue. No creen que beneficie, tampoco, al inquilino ni a las familias consideradas “vulnerables”, que es lo que se pretende con su creación. El motivo es que las inmobiliarias deben tratar de garantizar, como antes, que el propietario no deje de cobrar por parte de los moradores, por lo que hay inmobiliarias que antes eran más flexibles y que ahora se han vuelto más estrictas con la documentación laboral, pidiendo a los inquilinos trabajo en activo y dos nóminas en vez de una.