Subvencionarán un proyecto de creación de regadíos en el Bajo Aragón-Caspe

El Gobierno de Aragón ha aprobado subvencionar 6 proyectos de los 9 presentados para la creación de regadíos.

Una convocatoria ofertada argumentando que “en un medio de la aridez del valle medio del Ebro, la creación de manchas de regadío constituye una de las vías más eficaces para la generación de economía endógena y, por tanto, de fijar la población en nuestro medio rural” y destinada a que los proyectos pendientes de concluir puedan finalizarse.

Uno de los seleccionados es el de la Comunidad de Regantes del Civán, en el Bajo Aragón-Caspe, que está incluido en el ámbito del Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés.

Desde el Gobierno de Aragón indican que “en total, los seis proyectos aprobados suponen un total de 10.629 hectáreas, con una inversión de 121 millones de euros que efectuarán los regantes en un periodo de 5 años prorrogable. A dicha inversión, y en el marco de la convocatoria ahora resuelta, el Gobierno de Aragón aportará una subvención máxima del 50 %, que suma un total de 55 millones de euros (incluida la actualización de la subvención) pagaderos en 25 años. De este modo, serán las comunidades de regantes las que obtendrán el 100% de la financiación, ejecutarán las obras y, posteriormente, irán recibiendo la subvención a lo largo de 25 años conforme vayan amortizando los préstamos por ellas contraídos. De este modo, un apoyo público diferido a largo plazo, permitirá la movilización de 121 millones de inversión privada a corto plazo en el seno de las seis comunidades de regantes que agrupan en torno a 700 propietarios, permitiendo la generación de unos 150 puestos de trabajo a corto plazo durante la ejecución de las obras así como la posterior creación de unos 1.000 puestos de trabajo estables en el momento en el que las superficies se hayan transformado, contribuyendo así a la fijación de la población en nuestro medio rural y siendo la base para posteriores proyectos de transformación agroindustrial.

Todos los proyectos aprobados cuentan con las precisas autorizaciones ambientales en base a los estudios de impacto ambiental efectuados constituyendo, por tanto, actuaciones sostenibles desde el punto de vista ambiental y que favorecerán, a su vez, la también imprescindible sostenibilidad económica de la población rural de las zonas áridas en las que se instaurarán los proyectos”.