El ayuntamiento está realizando obras en un colegio privado de Alcañiz.
El colegio San Valero, de los padres Escolapios, es un centro privado de enseñanza concertada. Es decir, recibe dinero del estado para la enseñanza y todas las inversiones que se hagan en el centro se quedan en propiedad del mismo.

El centro debe correr con sus gastos y así lo hace, porque según ha indicado su director, Sergio Sorribas, a este diario, para los gastos de mantenimiento, arreglo del sistema eléctrico o de fontanería, contratan a empresas privadas, que paga el propio centro.

Sin embargo, para realizar una de estas obras de mantenimiento, el centro solicitó al ayuntamiento de Alcañiz mano de obra. El ayuntamiento accedió, según ha reconocido el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, a este diario.

Los grupos políticos CHA e IU, ante la sospecha de que se estaba empleando mano de obra pública en una propiedad privada han pedido explicaciones al alcalde.

Según Juan Carlos, la respuesta la dará en el próximo pleno y, hasta entonces, no quiere dar más detalles de la intervención, tan solo dice que considera oportuna la intervención argumentando que se trata de un colegio concertado. Sin embargo, este argumento desentona con la legalidad, ya que las obras se quedarán en propiedad privada.

Según el director del colegio, las obras, todavía en curso, comenzaron hace quince o veinte días. Consisten en la realización de una rampa de salida al patio que sustituirá a tres escaleras.

El director no duda en volver a pedir ayuda al consistorio para hacer otras obras. Argumenta que sus alumnos –o sus familias- pagan impuestos y tienen el mismo derecho a beneficiarse de estos arreglos que los de los colegios públicos.

Con el objetivo de que los proveedores de los ayuntamientos puedan cobrar en un corto plazo sus deudas, el Gobierno Español ha solicitado a los ayuntameintos que lo deseen que le envíen la información sobre las deudas que tienen con proveedores para habilitar un dinero con el que saldarlas. El plazo finaliza el próximo 15 de marzo. Además, como complemento a la información solicitada deberán presentar un plan de viabilidad antes del 30 de marzo.

Algunos ayuntamientos bajoaragoneses como los de Alcañiz, Caspe y La Fresneda enviarán sus facturas pendientes de pago y puede que también lo haga el ayuntamiento de Alcorisa. El ayuntamiento de Híjar declara no tener deuda con proveedores y el alcalde de Valderrobres asegura que quedará saldada en un plazo de treinta días.

El ayuntamiento de Alcañiz está actualmente realizando un estudio de las facturas pendientes de pago para proceder a su envío. Ni el alcalde ni el interventor aportan datos sobre la deuda pendiente hasta que el estudio no esté cerrado, no obstante, la deuda que declaró tener el consistorio con empresas el pasado mes de enero era de más de tres millones de euros.

Hay cierto desbarajuste en algunos de los ayuntamientos bajoaragoneses para acometer el proceso de entrega de las facturas o decidir hacerlo.

El alcalde de La Fresneda declara que la deuda actual es de, aproximadamente, 33.000 euros, pero que tan solo se pueden entregar facturas al Ministerio de Hacienda por un importe de 6.000 euros. El alcalde no quiere dar detalles de por qué el resto de facturas no pueden presentarse, tan sólo dice que existen irregularidades en las mismas.

La concejala de hacienda del ayuntamiento de Caspe indica que el ayuntamiento no tiene deuda con proveedores, pero matiza que quizás quede alguna factura pendiente. A pesar de estar prácticamente al día con el pago a las empresas, la concejala declara que el consistorio caspolino enviará sus facturas al ministerio, creyendo que se trata de una obligación en vez de una oportunidad.

El ayuntamiento de Alcorisa dice desconocer si enviará o no facturas pendientes al Ministerio. Según la concejala de hacienda, la deuda con proveedores es muy poca, pero indica que el secretario no ha recibido instrucciones de cómo debe tramitarse el envío ni de sus condiciones. Según la concejala en cuanto el secretario sea informado de los pasos a seguir será él quien deba decidir si se envían o no las facturas.

Entregada en el Registro General de las Cortes de Aragón una copia del contrato suscrito para la celebración del Gran Premio de Aragón. El Ejecutivo remite así esta información a los grupos parlamentarios solicitantes, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

“El Gobierno de Aragón ha hecho entrega del contrato entre Motorland y Dorna, lo dijimos siempre, somos partidarios de dar todo tipo de información, somos partidarios de que los grupos de la oposición tengan el conjunto de información que necesiten. Eso sí, siempre y cuando se cumpla la ley”, ha apuntado el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro.

Este contrato suscrito entre Ciudad del Motor de Aragón, S.A. y Dorna Sports, S.L. para la celebración de un Gran Premio del Mundial de Motociclismo en el Circuito de Motorland contiene cláusula de confidencialidad. Por ello, el Ejecutivo después de recibir los informes elaborados por los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón solicitó de nuevo autorización a Dorna. “Le transmitimos la necesidad imperiosa de entregar este contrato en aras de la transparencia y del buen funcionamiento, pedimos por tanto, luz verde, y el primer día hábil lo hemos entregado”, explica el consejero de Presidencia y Justicia. Aun así, “hay que leer el informe completo de estos servicios jurídicos, pues dice por una parte que los diputados tienen derecho a toda la información y también dice que en el supuesto de que no se dé hay que argumentarlo”.

También ha explicado que las cláusulas de confidencialidad de las que el gobierno "no es partidario" se refieren a condiciones beneficiosas para una parte u otra. En este caso, por ejemplo, ha argumentado que existen curvas del circuito de Motorland con mayor o menor interés comercial, y en este contrato el Gobierno de Aragón tiene "ciertos beneficios" en algunas de ellas.

Bermúdez de Castro ha advertido a los grupos del uso que se haga de este contrato, “ojo con la información, ojo cómo lo hacemos, ojo qué uso hacemos, no fuese a ser que otras comunidades o países rompiesen relaciones con Dorna y nos pidiesen responsabilidades patrimoniales”.


Además, ha apuntado, que “a la oposición se le llena la boca y nunca  dice que este gobierno está prácticamente al 100% de respuesta en preguntas parlamentarias,  cosa que antes no sucedía. Tenemos el compromiso claro de dar toda la información y documentación”. De hecho, ha anunciado que en los próximos días se publicarán los convenios firmados por el Ejecutivo.

Cifras. 50 millones en 7 años:

El desglose del importe neto a abonar a Dorna por cada Gran Premio de  MotoGP en Motorland es el siguiente:
2010: 5.000.000 €
2011: 6.000.000 €
2012: 7.000.000 €
2013: 7.350.000 €
2014: 7.700.000 €
2015: 8.103.375 €
2016: 8.508.543 €
Total 2010-2016: 49.661.918 € (8.263.047.888,348 de las antiguas pesetas).
Entre otras cláusulas, el acuerdo comercial incluye también la  contratación anual, a cargo de la empresa pública de Motorland (Ciudad  del Motor de Aragón, S.A.), de un seguro de responsabilidad civil por  un importe mínimo de 6 millones de dólares (4,4 millones de euros) por  siniestro, sin costo para la empresa organizadora y con una compañía  aprobada por Dorna."

Fotografía: gobierno de Aragón.

En el paraje protegido conocido como La Herradura de Caspe una empresa dirigida por el exalcalcalde socialista Mariano Gómez Callao realizó varias construcciones y una central hortofrutícola en 2002. Las construcciones obtuvieron una licencia de obras aprobada sin pasar los trámites necesarios en el gobierno de Aragón. Además para realizar las obras la empresa recibió subvenciones de la DGA.
Estos hechos se consideraron una falta urbanística muy grave por todos los grupos políticos en  un pleno municipal de 2010 y se acordó remitir el expediente municipal al juzgado de Caspe.
La exalcaldesa de Caspe Teresa Francín debe declarar ante el juez el próximo dos de marzo como querellada. También declarará la exconcejal Isabel García.
La asociación Compromiso de Caspe ha elaborado una nota en la que explica lo que considera un delito contra el ordenamiento urbanístico con abuso de cargo público y un delito medioambiental.
El caspolino Joaquín Cirac, tiene una opinión diferente y lamenta que no sea publicada en los medios de comunicación.
A continuación incluimos ambas notas, integras.

Z-Mobile, la empresa de fabricación y comercialización de coches eléctricos tiene previsto instalarse en Motorland entre la última semana de marzo y la primera de abril. Así lo indicó David Monforte, gente de la empresa, a este diario, asegurando que se cumplirán los plazos previstos.

Z-Mobile prefiere no revelar detalles hasta que comience la instalación en el parque tecnológico de Motorland.

Según informó Motorland el pasado mes de noviembre, está previsto que la empresa ocupe inicialmente un espacio de 2.000 metros cuadrados, ampliables y uno de sus objetivos es crear una marca propia y fabricar y comercializar tres modelos de turismos propios, eléctricos al 100%.

En pasadas declaraciones a este diario, Antonio Gasión, presidente de Motorland y de TechnoParck, indicó que con la instalación de Z-Mobile podrían crearse entre treinta y cincuenta puestos de trabajo, dependiendo de la evolución del mercado.

Z-Mobile es una corporación industrial constituida en 2008 para la investigación, desarrollo y fabricación de turismos eléctricos. Actualmente desarrolla su actividad en el Centro Europeo de Empresas de Innovación de Zaragoza. Tiene doce ingenieros en plantilla y nueve personas subcontratadas. En la actualidad, Z-Mobile ha cerrado acuerdos con diversas empresas españolas auxiliares de automoción (principalmente en Zaragoza) para fabricar y suministrar los distintos elementos diseñados por Z-Mobile y sus equipos de ingenieros.

La junta local de seguridad de Alcañiz estuvo presidida ayer miércoles por José María Valero, el máximo representante del gobierno de España en la provincia de Teruel.

Además de temas, según el alcalde, confidenciales, se habló del despliegue de seguridad de MotoGP, que seguirá este año un modelo semejante al de la pasada edición, la demanda en Alcañiz de una oficina de tramitaciones de DNI y asuntos de extranjería y de las mejoras en la plantilla policial, entre otros asuntos.

La ubicación de una oficina para tramitar los documentos de identidad en Alcañiz, de momento, no está garantizada. Según el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, se están realizando “las tramitaciones necesarias para ver si se puede traer a Alcañiz”.

Es algo, según Suso, que “habrá que valorar en base a las tramitaciones que se hacen” e indicó que ha disminuido el número de estas gestiones con respecto a años anteriores.

Lo que sí se estima más viable es la puesta en marcha de un sistema electrónico para que los inmigrantes no tengan que desplazarse hasta Teruel para tramitar sus documentos. Los trámites se realizarían a través de una página web y los usuarios recibirían asesoramiento por parte de técnicos municipales para gestionarlos y solventar las dudas que pudieran surgirles por la diferencia de idioma.

De momento, según el alcalde, se está estudiando la incorporación de este programa informático en el servicio de asuntos sociales del ayuntamiento y se buscará la colaboración del mismo servicio a nivel comarcal.

Recientemente un grupo de extranjeros de Alcañiz envió una petición tanto al ayuntamiento como al gobierno de Aragón para exigir en esta localidad una oficina de extranjería. Según Suso, desde la subdelegación del gobierno se les va a responder exponiéndoles la posible solución informática.

Fotografía: ayuntamiento de Alcañiz.