NOTICIA 1

Ha nacido esta madrugada, a las 2:15 h. el primer bajoaragonés del año. Es una niña, Sara, que ha nacido pesando 3 kilos y 120 gramos. Es de Caspe. Amina Andrea es su madre, primeriza, ingresó en el hospital de Alcañiz ayer martes por la noche.
Si bien Jorge Oliveros, el primer bajoaragonés del año pasado, llegó pronto el uno de enero, también se demoró el del 2017, Mario Gómez, quien nació el día dos en su casa de Híjar porque a su madre no le dio tiempo a viajar hasta el hospital de Alcañiz. Pero como era matrona, se encargó de todo sin problemas.

“Vergüenza. Sr. Alcalde, ¿por qué nos humilla?”. “¿Las casas para cuándo?”. Eran los mensajes que podían leerse este domingo en el lugar donde el derrumbe del cerro Pui Pinos arrasó varias viviendas. La Plataforma de Afectados por el Desprendimiento había convocado con menos de un día de antelación a los ciudadanos y, pese a la urgencia de la cita, asistieron alrededor de doscientas personas.
En un paréntesis entre las obras de consolidación del cerro, la carretera donde se concentraron (El Corcho) se reabrió el pasado viernes.
El domingo, a la misma hora de la concentración, el alcalde inauguraba una rotonda en un acto en el que participaron coches de competición que recorrieron parte del antiguo Circuito Guadalope, pero que no pasaron por donde estaban los manifestantes, pese a que esa zona también forma parte del trazado.
Los manifestantes pretendían que el alcalde les viese y que no ignorase una vez más sus peticiones. Quieren reunirse con él y quieren que les devuelvan lo que tenían antes de que el cerro, de propiedad municipal y que ya amenazaba derrumbe, arrasase sus viviendas.
Pero el alcalde no pasó por allí ni se puso en contacto con ellos de ninguna otra forma.
En representación de la Plataforma de Afectados, Francisco Foz, dijo que están “indignados” y que desde hace meses esperan “una respuesta del alcalde para hacer una reunión con los técnicos municipales”. Recordó que el Ayuntamiento tuvo un año para atenderles, ya que “una propiedad pública ha afectado a una propiedad privada y debe dar solución” y que ante la “inacción municipal” los afectados han tenido que recurrir a los tribunales.
Por otra parte, dijo, “nuestro deseo sería que la justicia acelerara los trámites para solucionar los problemas económicos y patrimoniales”.
Los manifestantes se dirigieron al lugar donde el alcalde inauguró la rotonda. Pero ya no estaba allí, así que continuaron hasta la puerta del Ayuntamiento, donde otra representante de la plataforma, Ana Insa, agradeció a los ciudadanos su apoyo y recriminó la actitud del alcalde de “embellecer el pueblo” y “no apoyar a la gente sin vivienda”. Los manifestantes, varios con lágrimas en los ojos, concluyeron allí el acto al grito de “indignante”.

El Ayuntamiento de Alcañiz ha actuado de inmediato ante unas profundas grietas aparecidas en uno de los paseos del cerro Pui Pinos, de su propiedad. A simple vista, parecía que una parte del cerro amenazase con derrumbarse sobre las viviendas al pie del cabezo, junto a la carretera del Corcho. La situación, de la que alertó un vecino, se reflejó en un parte emitido por la Policía Local.
“Se ha decidido actuar de inmediato e investigar cuáles han sido las causas que han originado esa amenaza”, han explicado en un comunicado emitido conjuntamente por todos los representantes municipales y en el que insistían: “la seguridad de los vecinos es lo primero y velar por ella es la responsabilidad del Ayuntamiento y más cuando se trata de un cerro de propiedad municipal”.
“Sería una irresponsabilidad no tomar medidas”, indicaban, concluyendo que “hoy, todos somos inocentes”.

La carretera del Corcho ha reabierto este viernes por la tarde. La empresa que obra en el cerro ha retirado los desprendimientos .
Había una gran cantidad de trozos de roca que habían caído a la carretera de El Corcho de Alcañiz desde el cerro Pui Pinos, lo que ha creado alarma entre los vecinos y transeúntes desde que cayese una enorme roca el pasado mes de octubre que amenazaba con continuar su trayecto hasta el paseo de la ribera.
Los desprendimientos iban a parar a la zona de la carretera que hasta ahora estaba cortada a vehículos y transeúntes por los trabajos de consolidación del cerro y desde la empresa responsable de éstos, Construcciones Lecha, indican que en todo caso se deben a las obras y que está previsto que continúen cayendo cuando se retomen los trabajos.
La caída de la gran roca de octubre se topó con unas medidas de protección insuficientes, puesto que supuso un riesgo para los transeúntes de la ribera. Desde entonces, se colocó una cinta policial en ese tramo del paseo, pero con frecuencia esta cinta es eludida por senderistas y ciclistas.
Ha habido personas que eludiendo el corte de la carretera de El Corcho transitaban directamente entre las rocas desprendidas, con el gran riesgo que conllevaba.
Desde Construcciones Lecha dicen desconocer cuánto durarán los trabajos de consolidación del cerro. El Corcho se volverá a cerrar en cuanto comience la segunda fase de los trabajos (también dicen desconocer cuándo será).
Al tratarse de una obra de emergencia, indican desde la constructora, se va actuando en función de lo que el cerro va requiriendo, dificultando el cálculo de lo que van a durar.
Los vecinos desalojados por las obras no podrán volver a sus viviendas entre la actual fase de los trabajos y la siguiente, dicen desde Lecha.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística sobre causas de mortalidad, correspondiente al año 2017, la principal causa de mortalidad en la provincia de Teruel son las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas de los tumores y de las relacionadas con el sistema respiratorio.
Hubo 559 muertes por enfermedades del sistema circulatorio, 24 más que en el 2016.
418 personas fallecieron por tumores el año pasado, cinco más que en el 2016. El pico de muertes por esta causa en los últimos trece años se registró en el 2012 (461). El siguiente repunte fue en el 2015 (453).
La tercera causa son las enfermedades del sistema respiratorio, con 202 muertes frente a las 192 del año anterior.
En total hubo 1.713 (907 hombres y 806 mujeres) muertes en la provincia, 79 más que en el 2016.

Los afectados por el derrumbe del cerro Pui Pinos de Alcañiz llevan más de un año y medio reivindicando lo que tenían antes de que éste arrasase sus viviendas. En la reunión que, a petición suya, mantuvieron el pasado miércoles con los portavoces del PAR, Ganar, PSOE y Ciudadanos (el del PP no asistió), volvieron a reivindicar eso y les hicieron saber que el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, les ha manifestado que el asunto de sus viviendas está judicializado y por eso el consistorio no tiene nada que hacer al respecto.
Los afectados, por sus medios, se vieron abocados a recurrir al juzgado ante el desamparo que sufren por parte del Ayuntamiento, propietario de ese cerro en el que desde hace años exixtía riesgo de derrumbe, según reflejan varios informes que el consistorio poseía. Igualmente, por otro informe, el consistorio era conocedor de las profundas grietas que aparecieron justo donde se originó el derrumbe más de cuatro meses antes y frente a las cuales no tomó medidas preventivas.
En la reunión una de las afectadas preguntó a los portavoces “con todos los informes, ¿no creéis que tiene la responsabilidad el Ayuntamiento?”. Ninguno contestó a la pregunta. Y la afectada les rogó “tenéis que defenderlos”.
Refiriéndose a los informes que hace años apuntan a la inestabilidad del cerro, el representante de la plataforma David Miranda, les echó en cara: “lo que no se ha hecho durante años, hay que hacerlo ahora, de golpe y con un gasto muy superior, porque se han caído las viviendas”.
Otro de los afectados les peguntó: “¿cómo creéis que terminará todo esto?”. El portavoz del PAR respondió que el cerro se arreglará y, sobre la devolución de lo que tenían a los afectados, dijo, como el alcalde, que el asunto está “judicializado”.
“Primero hacednos las casas y luego judicializáis lo que queráis”, les espetó David Miranda, quien consideró que “parece que os vaya bien que el asunto esté en juicios”, pues se puede pasar años de recurso en recurso y los afectados, “gastándose lo que no tienen” porque el Ayuntamiento no quiere darles una solución frente al problema del cerro que “no es de ahora, es de hace años”.
No hubo aportaciones de los concejales en la reunión sobre esta petición, que para los afectados es vital.

Según han informado varios de los afectados por el derrumbe del cerro Pui Pinos de Alcañiz, están pagando facturas por gastos de consumo de las viviendas en las que no pueden entrar por estar afectada su estructura, entre ellos la luz, pese a estar cortada. También dijeron estar pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Los vecinos fueron realojados en otros apartamentos y, como la mayoría de asuntos que los afectados tienen por resolver, el Ayuntamiento tampoco se preocupó de este, por lo que han sido ellos mismos quienes han tenido que moverse para buscar soluciones.
Una de las vecinas dijo que a su familia no le quedó otro remedio que acudir a la compañía eléctrica a exponer su problema, pero que desde allí le aconsejaron que no se diesen de baja porque corrían el riesgo de que luego no pudiesen volver a darse de alta. Tras insistir, lograron que fuesen los peritos de la compañía y, tan solo hace tres meses, han conseguido pagar únicamente los mínimos. Con su empeño ya no abonan los cientos de euros que han estado gastándose cada mes, pero continúan pagando eso y el IBI.
Cuando tuvieron que abandonar las viviendas afectadas o las perdieron totalmente el Ayuntamiento los reubicó en viviendas de alquiler que en ningún caso tienen las características de las suyas propias. La falta de criterio en el reparto hizo que en uno de los casos la familia reubicada insistiese directamente al alcalde para que se le diese una vivienda de mejores condiciones y lo consiguió en una pequeña medida, entre otros aspectos, a diferencia de en su hogar, no tienen plazas de garaje para todos sus vehículos, lo que les ocurre a muchos de los afectados. En otro caso, una vecina indicó que el Ayuntamiento solo paga parte del alquiler de la vivienda provisional, por lo que ella debe asumir el resto.
Además, les preocupa a los afectados que los contratos de alquiler firmados por el realojo tienen una duración aproximada de un año y medio y que no se les ha informado de qué pasará después.
