“O eres distinto o eres barato. Si tu opción es bajar el precio, tu cliente solo te percibe de una manera”.

La primera gala de la Asociación Turismo Bajo Aragón, celebrada ayer domingo en el Liceo de Alcañiz, tuvo un carácter didáctico, pues los empresarios asistentes pudieron aprender, a través del orientador Sergio Bernués, las estrategias y análisis pertinentes para vender bien sus productos o mejorar las experiencias de sus clientes.

También sirvió para reconocer el trabajo de varios de los asociados, mediante la otorgación de premios.

Turismo Bajo Aragón cuenta con 70 socios, y su presidente, Pedro Soler, dijo que sus principales clientes son visitantes de fin de semana procedentes de poblaciones a unos 300 kilómetros a la redonda, con excepción de quienes acuden a la zona con motivo del campeonato de MotoGP.

Para el consejero de Turismo, José Luis Soro, el sector turístico bajoaragonés “es un mercado muy competitivo” y sus clientes buscan “vivir experiencias”, a lo que el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, añadió, que les atrae el patrimonio histórico, además de lo que ofrece MotorLand.

Manuel Ponz, presidente de la Comarca del Bajo Aragón, dijo en este sentido que el circuito ha supuesto un gran cambio, positivo, en el turismo de la zona, y recordó la colaboración existente entre la institución comarcal y la asociación, con la que también colabora Caja Rural de Teruel.

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MotorLand anunció el desarrollo de un nuevo plan de negocio para que sus instalaciones sean un banco de pruebas industriales de I+D+I dentro del sector de la automoción.

Lo más reciente dentro de este plan es el acuerdo que firmó ayer con la empresa de ingeniería IDOM para trabajar conjuntamente en proyectos de investigación y desarrollo, entre ellos, la organización actividades divulgativas y formativas relacionadas con sistemas e instalaciones de seguridad en túneles.

Precisamente será esta empresa la encargada de esa área concreta en el primer foro internacional sobre emergencias y grandes catástrofes que organiza MotorLand y que tendrá lugar en el 2019 y cuyas fechas, indica MotorLand, se anunciarán próximamente.

Se concibe como un punto de encuentro para profesionales de cualquier lugar del mundo cuya actividad  esté vinculada a las emergencias y grandes desastres en cualquiera de sus vertientes y especialidades. Desde la gestión, intervención y planificación a la investigación, el desarrollo y la innovación.

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Los abogados de las familias de las víctimas comparecieron ayer miércoles la Comisión de Investigación sobre el accidente de la helitransportada de Alcorisa, ocurrido en 2011 y que costó la vida al piloto de la aeronave, un agente de protección de la naturaleza y cuatro brigadistas.

La abogada Sagrario Bielsa recordó con detalle la causa del siniestro: alguien colocó una pieza “fundamental para el funcionamiento del helicóptero” que estaba afectada por un boletín de tres años antes “sin que nadie la revisara”. “Fue un fallo en el control de calidad de mucha gente”. “Se instaló en el helicóptero y dio el problema que ya se sabía que iba a dar”.

“Podría volver a pasar el accidente si alguien en Canadá no controla los boletines de obligado cumplimiento”, supuso y consideró que  “lo normal sería que en España, la empresa que va a tener el helicóptero cuando tenga que colocar una pieza siga toda la cadena de custodia de la pieza”.

El caso está sobreseído y la abogada consideró que no hay “ninguna” oportunidad de seguir por la vía judicial. La comisión de las Cortes se creó para depurar responsabilidades políticas y, “lo único que se puede conseguir” con ella, opinó la abogada, es “que esto no vuelva a pasar” y para ello propuso a los representantes políticos plantear una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que hasta no se tenga el informe definitivo en accidentes aeronáuticos no pueda dictarse un sobreseimiento, ya que ese fue el principal problema con el que se topó la defensa: el informe provisional dictó que se trató de un fallo mecánico y la causa se sobreseyó.

En ese largo periodo de tiempo antes del primer sobreseimiento resultaba imposible para familiares y defensa investigar una causa de tal calibre técnico por su cuenta.

Tiempo después se emitió el informe definitivo con la causa concreta. Se reabrió, pero la Juez consideró que ambas causas eran la misma, “un fallo mecánico”, por lo que al no aportarse novedades se sobreseyó de nuevo, explicó Valero.

Los familiares de las víctimas fueron indemnizadas, “pero se han quedado con el dolor de que no han podido depurar responsabilidades” para “saber lo que pasó realmente” y para “que no vuelva a pasar”.  “Han cerrado una herida en falso”, concluyó.

El otro abogado de las familias, José Vicente Gracia dijo que debería nombrarse un perito judicial, porque no lo ha habido, considerándolo “bastante llamativo”. El trabajo de este posible perito quizás podría aportar novedades y sólo en el caso de que hubiese hechos nuevos podría reabrirse el caso.

Con respecto al modo en el que se dictó el segundo sobreseimiento, apoyando los argumentos de la otra abogada, Gracia se mostró en desacuerdo.

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Pese a que la nueva carretera entre Ráfales y la provincia de Castellón estaba previsto que pudiese estrenarse el pasado verano, esto no podrá hacerse al menos hasta el primer trimestre del año que viene, según ha indicado el diputado en Cortes por la provincia de Teruel Ignacio Urquizu.

La razón, dice Urquizu, es que se produjo un desprendimiento en una zona de los trabajos en el término municipal de Torre de Arcas y su reparación está prevista entre noviembre y diciembre “si acompaña el tiempo”.

El primer trimestre del año que viene, cuando está previsto que concluyan las obras serán fechas, termina precisamente en fechas límites para inaugurar obras, ya que las elecciones están previstas para mayo.

Desde Fomento indicaron el pasado mes de julio que las obras estaban muy avanzadas y que se estaba rematando el firme en algunos puntos y finalizando la señalización.

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El Gobierno de España se comprometió ayer lunes a asumir la segunda fase el proyecto de elevación de aguas del río Ebro a Andorra. Tras el anuncio de cierre de la Térmica en el año 2020, este proyecto es considerado vital para el desarrollo industrial y para los regadíos sociales previstos en Andorra Sierra de Arcos.

Este es uno de los acuerdos tomados ayer en la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, en el que participaron la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet y el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén.

La ministra dijo que el Gobierno quiere dar la máxima urgencia a este proyecto y que su ejecución a través de Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., ACUAES, agilizará las obras al no ser necesarios acuerdos presupuestarios.

La primera fase de las obras costó 22 millones de euros y la segunda requiere 20 millones.

En la comisión se trataron también otros temas de importancia para el Bajo Aragón, pero de manera muy general.

Sobre el cierre de la térmica, en la comisión se repitió lo que llevan tiempo diciendo desde ambos gobiernos, que es “imprescindible” un “plan estratégico de transición que permita buscar alternativas y la implicación de la empresa titular de la térmica”, sin concretar nada.

La ministra dijo que Endesa todavía no ha presentado la solicitud de cierre y que la respuesta del Gobierno ha de estar vinculada a la situación económica de los trabajadores y todos los afectados.

Guillén dijo que el Gobierno siempre puede poner sobre la mesa la necesidad de garantizar el suministro y que un eventual cierre parcial con un funcionamiento de 1.500 horas al año, equivalente a más de dos meses, permitiría conservar temporalmente parte de la plantilla y daría más tiempo para la búsqueda de alternativas generadoras de empleo en la comarca.

Sobre despoblación solo se anunció la presentación de una estrategia de actuación en el 2019 y la “creación de un Comisionado específico para esta materia”, pero tampoco nada concreto.

Sobre obras pendientes, entre las que hay varias carreteras del Bajo Aragón, se dijo que “ambos gobiernos analizarán el grado de ejecución y realización de los compromisos adquiridos y a partir de ahí el Ministerio de Fomento completará un informe para priorizar las actuaciones y desarrollarlas lo más rápido que podamos”.

En lo que atañe al Bajo Aragón, ese informe se refiere al desdoblamiento de la N-232, a la variante de Alcorisa y a la regulación de las balsas laterales del Tastavins y del Algás, en el Matarraña.

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Alcaldes y agentes sociales de zonas a las que da trabajo la central térmica de Andorra y representantes del Gobierno de Aragón se reunieron el pasado viernes “para garantizar el futuro alternativo a la térmica”, ya que su cierre está previsto para el año 2020. Ese mismo día, desde el Gobierno de Aragón se telefoneó a la ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, quien, según el Gobierno de Aragón, se comprometió a viajar a esta comunidad en la primera quincena de diciembre y “ha confirmado que no dará luz verde al plan de la eléctrica si no se presenta un plan de cierre alternativo y convincente”.

Una de las soluciones que desde el Gobierno de Aragón se trasladó a la ministra en conversación telefónica fue la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de elevación de aguas que fue paralizado en la anterior legislatura y que para los alcaldes de Andorra, Sofía Ciércoles, y de Ariño, Joaquín Noé, es vital para el desarrollo industrial de al menos cinco municipios de la comarca afectada.

En la reunión, según dijo el presidente de Aragón, Javier Lambán, se tomó la determinación de ponerse frente a quien haga falta para reclamar un proceso transitorio ordenado e incluso ha señalado que, si es preciso, la térmica podría continuar su actividad más allá de 2020. Y al respecto dijo que  “hay vías jurídica y técnicamente válidas para alargar la vida de la central. Hace falta explorarlas por parte del gobierno de España y de la propia central”.

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