NOTICIA 1
Hay siete personas imputadas hasta el momento por una posible malversación de caudales públicos en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel. Todos ellos han tenido que declarar ante el Juez “ante la posibilidad de que podrían haber incurrido en un delito de malversación de caudal público, un delito de administración desleal y un delito societario”.
El séptimo imputado, que ha prestado declaración esta misma mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, es José Manuel Belsa, ganadero de Peñarroya de Tastavins.
Ayer declaró el sexto de los imputados, Jerónimo Carceller Martín, vocal del citado Consejo Regulador. Carceller, natural de La Cuba, en el Maestrazgo, fue nombrado presidente de Caja Rural de Teruel el pasado mes de julio.
Otra imputada es Deborah Martínez Montero, que fue vocal del Consejo Regulador desde el 8 de julio de 2009 hasta el 3 de julio de 2013. Martínez Montero fue concejal del Ayuntamiento de Andorra por el PSOE hasta principios de este año.
El resto de los imputados son los siguientes:
María Pilar Martín Serrano, que ocupó el cargo de Presidente del CRDO desde el 8 de julio de 2009 hasta el 3 de julio de 2013, y fue vicepresidente de la sociedad “Promorigen, S.L.” desde el 3 de noviembre de 2009 hasta el 2013.
Clemente Gárcés Gambaro, que fue Presidente, Consejero delegado y apoderado mancomunado de “Promorigen, S. L.”, (Sociedad constituida por el CRDO y que tenía como como finalidad la promoción de la DO) desde 2009 a 2013 y vicepresidente del CRDO durante los años 2009 a 2013.
Salvador Campos Palomar, que fue vocal del CRDO desde el 8 de julio de 2009 hasta el 3 de julio de 2013.
Miguel Ángel Blanco Hernández, que fue vocal del CRDO desde el 8 de julio de 2009 hasta el 3 de julio de 2013 y presidente de “Gasoleos Teruel”.
Además, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la investigación judicial sigue abierta y en próximos días se llamará a declarar a nuevas personas.
Las presuntas irregularidades en la Denominación de Origen Jamón de Teruel comenzaron a investigarse el pasado mes de marzo con el registro de la sede turolense del consejo por parte de la Policía Nacional.
El entorno de la ermita de Pueyos de Alcañiz fue escenario ayer domingo de batalla bajoaragonesa de la Guerra Civil Española. Los recreacionistas se metieron tanto en sus papeles que se explicaban detalladas estrategias de combate y los soldados recibían arengas que ni siquiera el público que asistió a ver la recreación podía escuchar. Los trajes, armas y objetos se imitaban al detalle, mostrando la pátina de la vida entre las trincheras. Hasta se habló de los piojos. Todos los actores seguían unas directrices sobre el monte para saber, incluso, cuándo y dónde debían morir. Las explosiones se recrearon con pirotecnia, con el control de Bomberos, Protección Civil y Policía Local.
De los pocos rusos que combatieron en el bando republicano durante la Guerra, hubo intérpretes, la mayoría mujeres. Dos mujeres de Moscú viajaron expresamente hasta Alcañiz para participar en la recreación. También pudo verse a miembros de la Brigada Lincoln, pero en esta ocasión eran españoles.
La Asociación Frente de Aragón organizó un año más esta “Recreación Histórica 36-38 Memorial Angus Thomson”, en la que participan miembros de otras asociaciones de este tipo de otras ciudades españolas. Durante el fin de semana, además de la batalla, se montó un campamento militar, se desfiló entre la plaza de España y la calle Mayor, se proyectó una película y se presentó un libro sobre la Guerra Civil.
El Ayuntamiento de Aguaviva, la Plataforma el Bergantes no se Toca, vecinos y técnicos opuestos a la construcción de la presa proyectada en el río Bergantes expusieron ayer en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en Madrid, los motivos, principalmente medioambientales, sociales y económicos, por los que creen que no debería crearse el embalse y sus alternativas.
El Ministerio se comprometió ayer a analizar estas alternativas técnicas para adoptar una decisión “lo más consensuada posible”. Así lo indicó la directora general del Agua, Liana Ardiles a las partes implicadas en el conflicto.
Además, la directora se comprometió a facilitarles toda la información relacionada con el proyecto “con la máxima transparencia y colaboración, en el marco del diálogo abierto para alcanzar el máximo consenso posible”.
En todo caso, Ardiles ha señalado que la decisión que se adopte será la más adecuada para laminar las puntas de avenida del río Bergantes y solucionar así los problemas de inundaciones.
La Plataforma El Bergantes no se Toca considera “lógico” que haya que buscar una solución para garantizar seguridad, pero no cree que ésta se la presa. Las alternativas, basadas en los estudios de técnicos expertos, son la construcción de nuevos aliviaderos en la presa de Calanda que permitan mayor capacidad de desagüe, un recrecimiento de la presa de Calanda y una mejor administración de las avenidas de agua.
Aitor Clemente, representante de la plataforma El Bergantes no se Toca, indicó que ayer no se llegó a ningún acuerdo, pero que hay esperanza en que la presa no se construya, porque con el avance y el análisis de los diferentes estudios técnicos “será evidente que hay alternativas”. “Teníamos claro que esto no iba a ser el final”, indicó Aitor, refiriéndose a la reunión de ayer. El debate continuará en una nueva reunión con todas las partes que tendrá lugar a finales de año.
El proyecto se encuentra actualmente en la fase de tramitación ambiental, concretamente en la primera fase del análisis del expediente de la información pública, en la que se está recabando la información adicional que ha de complementar el estudio de impacto ambiental.
Los numerosos casos de pesca ilegal en el Mar de Aragón han unido a personas, asociaciones, entidades y administraciones implicadas en la pesca, la seguridad, la gestión administrativa y los asuntos legales para hacerles frente. La solución que se está preparando es la creación de un coto deportivo de pesca que podría estar listo en la presente legislatura.
Todos los implicados, representantes de ayuntamientos como el de Caspe o Chiprana y de comarcas como la del Bajo Aragón Caspe, representantes del Gobierno de Aragón, asociaciones vinculadas en la pesca, organizaciones ecologistas y Guardia Civil, se reunieron ayer en Caspe, donde el director general de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón, Pablo Munilla, explicó los detalles del proyecto.
El coto deportivo proyectado, con 500 kilómetros de orillas, estará gestionado por la Federación Aragonesa de Pesca y Casting en colaboración con las asociaciones de pescadores de la zona y bajo la supervisión de una comisión asesora compuesta por representantes de las administraciones afectadas de todo tipo que, como órgano de participación ciudadana, supervisará su gestión y marcará los criterios a seguir.
Munilla indicó que “entre todos debemos hacer una reflexión hacia dónde se debe de ir en la línea de aprovechar un recurso que ha de influir de forma positiva en la conservación de todo su entorno y siempre con la implicación de los propios habitantes del territorio y de los pescadores”.
El proyecto, actualmente, se encuentra en la fase de contestación a las 16 alegaciones presentadas.
El plan técnico de este coto, sobre el que se basan las alegaciones, cuenta con sectores ya delimitados y con varios tramos de gestión prioritaria surgidos de cada uno de estos sectores, cuya información se detalla en fichas técnicas.
Ya se ha iniciado la tramitación para que en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la comunidad Autónoma de 2015 se incluyan pequeñas matizaciones a la actual Ley de Pesca relativas a la extensión de los cotos deportivos, en este caso para una mayor seguridad jurídica; a la calificación de algunas prácticas como muy graves y al aumento del plazo de prescripción en la caducidad de las infracciones leves para que de esta forma, ante su elevado número, puedan ser tramitadas y sustanciadas en plazo.
Para que el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón pueda declarar la constitución de este coto deportivo de pesca en el Mar de Aragón, será necesario además, que el informe de su plan técnico sea aprobado por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y formalizar un convenio que permita la gestión del mismo entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Pesca y Casting.
La restauración de una cantera de alabastro abandonada de Azaila forma parte del proyecto “Enfoque innovador en la gestión integral del alabastro en Aragón. Medio Ambiente, economía y cultura”. Los socios del proyecto son el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Velilla de Ebro, Sarga y las empresas privadas Exportadora Turolense y Arastone. El proyecto busca la colaboración de todos los sectores implicados en la extracción y uso del alabastro para un óptimo aprovechamiento de este mineral y su extracción vinculada al respeto al medio ambiente.
Además, pretende establecer unos criterios de calidad en torno al alabastro para hacerlo atractivo a mercados distintos de los actuales. Desde Sarga indican que ahora este mineral se vende en los mercados orientales sin interés en la recuperación ambiental.
La cantera de Azaila contemplada para su restauración se denomina “Cantera Teresa” y tiene unos 27.000 metros cuadrados. Se trata de una cantera histórica, lo que implica que la normativa no obliga a su restauración. El trabajo ideado consiste en la división de la cantera en parcelas y en el estudio de la repercusión de estas labores en su hábitat de cara a establecer una metodología que compatibilice la extracción del alabastro con la conservación del ecosistema. Esto se recogería en un Plan Estratégico de Recuperación y Explotación de Canteras de Alabastro en Aragón.
El proyecto incluye la realización de un documental que sirva para divulgar la importancia del alabastro en Aragón y que refleje la evolución de los usos de este material desde la antigüedad.
Además de en Azaila, el proyecto está ideado para repercutir a largo plazo en las zonas de canteras de alabastro del Bajo Aragón como Albalate, donde hay un centro dedicado al alabastro y donde se contempla también como material artístico y en La Puebla de Híjar, donde existe una empresa dedicada al alabastro con medio centenar de trabajadores.
El proyecto se va a presentar al Programa europeo LIFE 2014, al que se presentan muchos otros proyectos vinculados a la protección del medio ambiente. Desde Sarga indican que si no fuese aprobado volvería a presentarse a otras convocatorias a nivel europeo.
El proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros y estará en ejecución hasta finales del año 2018.
La nueva sede de la Policía Local de Alcañiz, que compartirá con la Policía Nacional, estará lista el próximo mes de febrero, según los plazos previstos. El Ayuntamiento ha sacado a licitación, por 400.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, las obras de adecuación del edificio municipal que se dedicará a este fin: el conocido como “Multiusos”, junto a la plaza de toros, donde hasta el curso parado se ubicaba la escuela de adultos.
Aquí se podrá obtener el D.N.I. y el pasaporte y documentos de extranjería, evitando viajes a otras ciudades como Teruel o Zaragoza y también la espera de la oficina provisional que se instala en Alcañiz mensualmente para expedir el D.N.I.
Se proyecta con áreas completamente independientes para Policía Local y Nacional. La primera planta se destinará a vestuarios.
El área administrativa de la Policía Nacional tendrá un despacho para Jefe de Policía Nacional, una oficina de extranjería y la oficina para la tramitación del DNI.
En el área administrativa de la Policía Local se define con los espacios de retén, el despacho de administración, el despacho de Jefe de Policía Local, sala de reuniones, todos accesibles desde el pasillo que conforma al mismo tiempo la sala de espera y que finaliza en el área de trabajo común.
Entre las zonas proyectadas de acceso restringido se encuentra el área de detención, con una sala para interrogatorios, almacén y aseo y tres calabozos, que tiene acceso desde el patio interior para detenidos directamente desde el vehículo policial, evitando su acceso por otras entradas.
También se accede al área de instalaciones que en planta baja consta del cuarto de telecomunicaciones, ascensor, climatización y servicios de personal.
Estos espacios están separados por una puerta que dispondrá de código de seguridad para poder acceder sólo personal autorizado.
Según el anuncio para la licitación de estas obras, se tramita por “vía urgente” y procedimiento abierto y se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 23 de octubre.
Además de la demanda ciudadana para facilitar los citados trámites, hace años que la policía local reivindica unas nuevas instalaciones, pues las actuales están muy deterioradas.
La escuela de adultos se ha trasladado este curso a otro edificio municipal, el Centro de Emprendedores, ubicado frente al instituto.
En el Bajo Aragón se están dando muchos casos de personas que tienen sus casas alquiladas a inquilinos que no les pagan el alquiler. En parte de estas situaciones el inquilino está cobrando una subvención del Gobierno de Aragón para pagar la totalidad del alquiler. Esto, en un principio, puede inspirar tranquilidad a los propietarios de las viviendas que confían en que cobrarán todos los meses.
Sin embargo, el cobro de tales subvenciones no es, en absoluto, garantía de pago, pues tras la concesión de subvenciones el Gobierno de Aragón no realiza ningún seguimiento de a dónde va a parar el dinero, que se entrega al inquilino en un único pago.
Desde el Gobierno de Aragón se reparten las ayudas en función de los ingresos y propiedades de los solicitantes que previamente deben mostrar el contrato de alquiler. El único caso en el que se les retiraría la subvención es si cambian de vivienda y se da cuenta la inspección de la DGA, porque la fianza se guarda en una cuenta de esta administración.
Al margen de las ayudas que se conceden desde el Gobierno de Aragón, la institución comarcal del Bajo Aragón concede “ayudas de emergencia” que cubren una parte del alquiler de inquilinos al borde del desahucio.
Los citados casos causan desesperación entre los propietarios afectados, que en ocasiones no les queda otro remedio que ir a juicio, corriendo con todos los gastos y sin cobrar el alquiler pendiente, a pesar de que los inquilinos han cobrado la subvención. También este tipo de situaciones pueden derivar en enfrentamientos, dándose incluso problemas de vandalismo en las viviendas por parte de algunos inquilinos.
Es habitual que propietarios que han vivido estas situaciones se muestren desconfiados a la hora de alquilar sus viviendas y recurran al boca a boca para informarse sobre las personas interesadas en alquilar sus inmuebles.
