NOTICIA 1
“A partir del uno de noviembre los trabajadores cobrarán toda la deuda de horas extras de 2010 y 2011 de forma íntegra”, según declaró ayer el concejal de personal del ayuntamiento de Alcañiz, Nacho Esparrells. Las horas extras de esos dos años y también las de 2012, “queremos que estén liquidadas antes del 31 de diciembre”, manifestó el concejal.
Esparrells explicó que la deuda se viene arrastrando “porque no había dinero suficiente en las partidas de 2010 y 2011”. En 2011 el ayuntamiento realizó una modificación de crédito para poder pagar la parte de la deuda correspondiente a los meses de junio a septiembre de ese año. Según el concejal, “el pago de horas extras se viene haciendo de forma irregular e intentaremos solventar este problema a partir de ahora”. De esta manera, las horas extras que se hagan a partir de 2013 se pretenden pagar, según el concejal, en un plazo máximo de tres meses.
Las horas extras se han ido reduciendo desde 2009, año en el que se realizaron aproximadamente 8.000, para descender a 5.700 en 2010 y a 3.910 en 2011. A fecha del 31 de septiembre de 2012 se han realizado 2.457 horas extras. Según Esparrells, algunos de los servicios municipales se han reorganizado para reducir el número de horas necesarias fuera del horario laboral.
El estatuto de los trabajadores no permite realizar más de 80 horas extras de cobro al año, pero según indicó Nacho Esparrells, van a buscarse fórmulas para poder superar ese número de horas.
Una de las opciones que baraja el concejal es por medio de compensaciones. No obstante las medidas se tomarán en las reuniones que el ayuntamiento se ha comprometido a mantener semanalmente con trabajadores y representantes sindicales.
La agrupación política Izquierda Unida de Alcañiz ha recurrido ante el tribunal de lo contencioso administrativo la decisión del ayuntamiento de prorrogar por 29 años la concesión del servicio público de aguas a la empresa Aquagest a cambio de un anticipo del canon por valor de 2.300.000 euros, reintegrable con intereses a lo largo del citado periodo.
IU, que asegura que “nunca antes hemos ido por esta vía”, cree que existen otras medidas para sanear las arcas municipales en lugar de con esta operación que consideran “un fraude”, “ilegal y nefasta para los intereses de la localidad” y que “hipoteca siete legislaturas completas”.
El recurso se presentó ayer miércoles y cuenta con “más de una opinión jurídica” y con el apoyo de los órganos de dirección de Izquierda Unida en Aragón.
Antes de tomar esta decisión, IU presentó el pasado mes de julio un recurso en el ayuntamiento del que aseguran no haber recibido contestación.
Como alternativa a la operación recurrida, IU propone “una nueva contratación del servicio de aguas, que en cualquier caso finalizaba en 2017. El ayuntamiento hubiera obtenido igualmente la liquidez que necesitaba y la empresa hubiera podido percibir la indemnización a que tuviese derecho”.
Los argumentos del recurso de IU son los siguientes:
1. “La decisión de prorrogar nada menos que 29 años el contrato, directamente por el Pleno, basada en el hecho de que el contrato original vigente se realizó en 1994, cuando regía la franquista Ley de Contratos del Estado, que permitía este tipo de prórrogas. Esta interpretación va totalmente en dirección contraria a la actual normativa sobre contratación pública, que es mucho más restrictiva, además de ser transposición de legislación comunitaria de obligado cumplimiento.
2. El hecho de que se anticipe una cantidad y luego ésta se detraiga del canon, supone en la práctica una modificación del precio de contrato y de la forma de retribución del contratista, ambas condiciones esenciales del contrato, cuyo cambio requeriría una nueva licitación, de acuerdo con la legislación vigente.
3. Y finalmente, el hecho de recurrir a un anticipo reintegrable con intereses y a 29 años, nos dice que el ayuntamiento está acogiéndose a una operación financiera a largo plazo para financiar su gasto corriente, algo que siempre ha estado prohibido para los ayuntamientos, por lo que esta operación podría ser un fraude de ley, a juicio de IU”.
IU se ofrece a buscar soluciones para saldar la deuda “siempre y cuando se usen medidas legales”. El partido calcula que pueden pasar ocho o nueve meses hasta que salga la resolución.
Un fuerte olor fétido se cuela por viviendas, bares, locales y establecimientos de gran parte de la avenida de Zaragoza de Alcañiz. También afecta al parque de bomberos. Vecinos y trabajadores de la zona llevan meses sufriéndolo, unos días lo notan con más intensidad que otros. Los días de olor intenso “así como entran los clientes, se marchan”, lamenta el propietario del bar El Embudo, entendiendo que no apetece tomarse nada con semejante peste. Una vecina de un segundo piso, que en un principio llegó a pensar que el problema era de su vivienda, se llegó a plantear mudarse al resultarle muy desagradable convivir con el olor. El trabajador de un taller llegó a ponerse una mascarilla para respirar medianamente a gusto.
Algunos simplemente se desahogan hablando los unos con los otros, varios vecinos hace mucho tiempo que comunicaron el problema al ayuntamiento y actualmente están recogiendo firmas.
Juan Carlos Gracia Suso, el alcalde de Alcañiz declaró el pasado lunes a este medio de comunicación que técnicos municipales, conocedores de las quejas vecinales, habían acudido hacía una semana a solucionar el problema. Sin embargo, varios residentes en la avenida coinciden en que, si bien ayer, apenas había olor, el pasado viernes había sido “horroroso”.
Según el alcalde el problema se origina en un sistema de bombeo de aguas residuales ubicado frente al polígono de La Laguna. La bomba, según Suso, se para de vez en cuando desde hace mucho tiempo y hay que volverla a poner en funcionamiento. El alcalde explicó que precisamente eso fue lo que hicieron los técnicos hace una semana, volver a activar el bombeo, pero sin que se haya buscado una solución definitiva.
Al lado de donde se ubica el sistema de bombeo municipal hay un canal por el que de vez en cuando circulan a la vista gran cantidad de aguas fecales y se produce muy mal olor, según indican desde el establecimiento Ferpi, que se encuentra justo al lado de la bomba y de la citada acequia. Trabajadores de este establecimiento aseguran que cuando el sistema de bombeo parece atascarse hace mucho ruido y el mal olor aumenta. También coinciden en que el pasado viernes especialmente el olor fue horrible.
La Diputación Provincial de Teruel aprobó este mes de octubre una subvención de 37.000 euros, a través del programa de desarrollo rural FEADER 2013 para “obras de reurbanización” de la calle Pueyos de Alcañiz. Pero el dinero es escaso. Recientemente un equipo de técnicos del ayuntamiento realizó un estudio de la calle determinando la necesidad de su arreglo. Para el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, la reurbanización de esta calle “es una prioridad”.
Las filtraciones de agua procedente del cerro Pui Pinos, que también sufre la calle contigua (San Pedro), erosionan el subsuelo quitando estabilidad a la calle y ocasionan problemas en viviendas. El pavimento tiene muy poco grosor y, hasta que se arregló provisionalmente a comienzos de la actual legislatura, presentaba un agujero con vistas a la calle de debajo (Caldereros). Además soporta el continuo tránsito de vehículos que aparcan en un solar de la misma calle.
Según el alcalde, las obras necesarias consistirían en cambiar los sistemas de saneamiento “y ya que se levanta la calle se pondrá un nuevo pavimento”. Además, indica que se tendrán en cuenta las filtraciones colocando un sistema de canalizaciones.
Pero la citada ayuda se queda corta y el alcalde indica que “la calle se va a arreglar, pero no este año”, y que, no obstante, la subvención va a aprovecharse.
Juan Carlos indica que el plazo para justificar la subvención finaliza en junio de 2013 y que si para entonces los presupuestos de ese año están aprobados y puede destinarse dinero municipal a la calle Pueyos, éste se sumará a la ayuda de la DPT. Si, en cambio, no puede incluirse una partida para esta obra en los presupuestos, los 37.000 euros se dedicarán a otra actuación en Alcañiz.
Fernando Dólera, responsable de la empresa de construcción Modul System, que se instaló en Castelnou a raíz del proyecto municipal de la Caravana de Niños, dice que lo secuestraron en Togo (África), donde, según Fernando, la empresa intentaba desarrollar varios proyectos. Dólera habló de su secuestro en el programa “Aragón en Abierto” de Aragón Televisión emitido el pasado jueves. En él dice que lo secuestró su propio socio, de origen camerunés, durante cuatro días y que “a cambio de venir aquí entero le he tenido que vender las acciones de la empresa”. Dice que en Togo tenía otro socio vinculado al gobierno de allí, pero que murió hace un mes y medio.
Del secuestro del que habla Dólera hace aproximadamente un mes, según fuentes del ayuntamiento, pero la empresa, ya cerrada, continúa debiendo desde hace 7 meses nóminas a sus trabajadores, muchos de los cuales han denunciado a Modul System y están pendientes de la celebración de sus respectivos juicios. También esperan cobrar del Fondo de Garantía Salarial.
Es el caso de Laura Ibáñez, a la que la empresa debe 9.300 euros por su trabajo como secretaria. Laura opina que “han venido a engañarnos y a aprovecharse de los servicios y todavía siguen aquí aprovechándose del pueblo a pesar de que el ayuntamiento les ha pedido que se vayan” (según Laura el ayuntamiento, en una reciente reunión, comunicó a los trabajadores que habían pedido a los responsables de la empresa que se marchasen de la población). Las que sí se han marchado a buscar trabajo a otros lugares son varias familias, que acudieron ilusionadas a Castelnou con la Caravana de Niños y cuyos ingresos venían de su trabajo en esa empresa.
Laura Ibáñez lamenta que Fernando Dólera no ha dado explicaciones a los trabajadores a su regreso de Togo, cuando ella y otros trabajadores afirman que sí les habló de que volvería con dinero tras sus proyectos en el país africano.
Hace unas dos semanas, concejales del ayuntamiento se reunieron con parte de los trabajadores afectados por los impagos de la empresa. Entre otras cosas, el ayuntamiento comunicó a los afectados que Fernando Dólera había sido detenido varios días en Togo. Uno de los trabajadores presentes en la reunión, Ignasi Illamola, cuenta que en la reunión se dijo que Dólera había sido detenido, denunciado por su socio “por falsificación de documentos” y que para quedar en libertad había tenido que traspasar la empresa a su socio, un tal Simon. El concejal Tomás Herrera, también presente en la reunión, declaró a este diario que esa información es la que el propio Fernando Dólera había comunicado al ayuntamiento de Castelnou.
El propio concejal Tomás Herrera es otro de los afectados por los impagos de la empresa, para la que trabajó durante dos meses. Explica que le deben parte de las pagas extraordinarias, que ha denunciado y que está pendiente del acto de conciliación.
Extrabajadores de Modul System y miembros del ayuntamiento de Castelnou aseguran haber visto al tal Simon, de origen camerunés, en la población hablando con Dolera al tiempo en que comenzaban a anunciarse los proyectos de Modul System en África.
Según puede comprobarse en internet, en marzo de 2006 Simon Ndjeng hizo declaraciones a la publicación digital Levante-emv.com como gerente de Timbal Consulting, una empresa valenciana ”dedicada al asesoramiento sobre el África francófona”.
El valenciano Fernando Dólera dijo no querer hacer declaraciones a este medio de comunicación. De hecho, se negó a hacerlas desde que este diario comenzó a publicar las primeras quejas de los trabajadores hacia la empresa.
Fotografía extraída de http://www.facebook.com/pages/Espacio-Modular-Modul-System/212842192099708#!/photo.php?fbid=259487380768522&set=pb.212842192099708.-2207520000.1350928222&type=1&theater
198 personas aspiran a trabajar en la Escuela Taller de Alcañiz que comenzará en octubre. Las pruebas de selección de alumnos-trabajadores, docentes y personal administrativo se están llevando a cabo entre ayer jueves y hoy viernes en el edificio del antiguo mercado de abastos.
Se ofertan 16 plazas de alumnado, para las que se han presentado 106 personas, una plaza de auxiliar administrativo por la que compiten 46 personas, una plaza de docente de restauración de áreas degradadas, que cuenta con 18 aspirantes y una plaza de director-docente para la que se examinan otras 18 personas.
Principalmente, la Escuela Taller se dedicará a rehabilitar el entorno de La Estanca y a continuar con las labores arqueológicas que ya desarrollaba la pasada edición de la Escuela en diferentes yacimientos íberos y romanos de Alcañiz.
El proyecto de esta escuela lo ha desarrollado el ayuntamiento y está financiado por el INAEM.
El consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y presidente de la sociedad pública Ciudad del Motor S.A., Arturo Aliaga, dijo ayer en una comisión de Industria que las pruebas celebradas en el circuito de Alcañiz tienen un déficit contable de 7 millones de euros al año. También indicó que durante los tres años de celebración de pruebas en Motorland los visitantes se han gastado 80 millones de euros en la zona y que “dos terceras partes de la economía que se genera en Motorland las provoca MotoGP”. Dijo que el Gran Premio de MotoGP de este año en Alcañiz ha perdido el 21,4% de los espectadores, vinculando el descenso a la lluvia y a la crisis.
Según explicó Aliaga, con los 138,7 millones de euros que se invirtieron en los inicios del circuito se han generado 972 millones brutos de producción de renta y gasto. Lo que significa, dijo, que por cada euro de dinero público invertido se han generado seis.
Aliaga expuso estos datos porque el grupo Izquierda Unida le pidió explicaciones sobre cómo va a afectar a las cuentas públicas de la comunidad autónoma el desarrollo de competiciones en el circuito y también los resultados económicos previstos para los ejercicios de esta legislatura.
Aliaga consideró importante el proyecto de Motorland y la prueba de MotoGP “fundamental” para el desarrollo económico y de empleo en el Bajo Aragón.
El grupo Chunta Aragonesista, matizó a Aliaga que las pérdidas no sólo son de 7 millones anuales más bien de unos 10 millones de fondos públicos porque, según indicó CHA, habría que contar también la amortización de deuda. CHA se cuestionó si es rentable gastar cada año tanto dinero en las pruebas del circuito.
Izquierda Unida opinó que “la comunidad autónoma es pobre y no puede sostener esta política de grandes eventos”. Consideró injusto que gran parte de los fondos públicos se destinen a Motorland y que haya recortes en educación o en sanidad, nombrando el futuro hospital de Alcañiz.
El Partido Socialista exigió a Aliaga la “rápida y urgente” elaboración de un estudio “serio” del impacto de MotoGP “en el contexto actual” para poder debatirlo y decidir si es rentable, teniendo en cuenta los presupuestos de la comunidad autónoma.
El Partido Popular opinó ayer que “Motorland es un proyecto estratégico que puede mejorar la situación económica en vez de empeorarla” y que “fue un proyecto de riesgo y hay que apoyarlo sin fisuras”. La misma importancia dedicó a la prueba de MotoGP.
Para el Partido Aragonés los campeonatos de Motorland son beneficiosos y generan riqueza, empleo y economía, aunque “por circunstancias” algún año las visitas “bajen”.
