Había que dejar que el agua corriera libremente por sus cauces naturales y el agua corrió desbocada hacia el mar. Los ríos y barrancos se desbordaron y anegaron numerosas poblaciones sembrando la muerte y la destrucción. La riada arrastró los negocios, trabajos y esfuerzos y el futuro de muchas personas. Y lo más grave, más de doscientas vidas. Estas lluvias torrenciales causantes de avenidas e inundaciones en la cuenca mediterránea no son nuevas. Vienen de lejos. Están documentadas desde siglos, cuando el cambio climático no se debía a la acción humana. La reciente desgracia ha sido histórica y la demostración de que elegimos a dirigentes incompetentes, movidos por la ideología y el sectarismo y que no miran más allá de las siguientes elecciones. Además, se rodean de colaboradores todavía más mediocres para que no les hagan sombra y nombran a los cargos políticos y técnicos con criterios de amistad y no de capacidad y aptitud.
Las DANAS, como se llama ahora a estos fenómenos atmosféricos, se generan regularmente y son conocidos de sobra sus efectos dañinos e inevitables. ¿Por qué no se toman medidas y se levantan infraestructuras para intentar paliarlos? El genial Antonio Mingote -hijo de un darocense y cuya infancia transcurrió en esta ciudad, en Calatayud y en Teruel- publicó en 1982, tras la pantanada de Tous (Valencia), un chiste que, a pesar del tiempo transcurrido, tiene plena actualidad.
En la viñeta, se ve a dos hombres contemplando los estragos provocados por la rotura de la presa y uno le dice al otro: “Estas catástrofes sólo se producen cada veinte años, así que hasta dentro de veinte años, no tenemos porqué pensar en lo que podemos hacer para prevenirlas”.
Triste realidad. Se han destruido presas y diques y dejado de construir otros y se ha prohibido la limpieza y ampliación de los cauces de los barrancos. Incluso se multa por cortar las cañas. Todo ello ha impedido mitigar el desastre. Las administraciones implicadas, la Generalidad Valenciana, el Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Española de Meteorología (AEMET), carentes de la más mínima empatía hacia las víctimas, se lavan las manos y se echan la culpa unas a otras contradiciéndose en sus declaraciones. Ha habido negligencia, omisión y descoordinación antes, durante y después de la tragedia. Los gobernantes autonómicos se han mostrado ineficaces en los momentos cruciales, no estaban donde debían estar y han reaccionado tarde y mal. Las autoridades estatales no han dado la cara y han huido cobardemente o desaparecido; y han demorado la activación de los recursos del Estado para auxiliar a los damnificados y escamoteado las ayudas económicas. Han aceptado la cooperación extranjera después de dos semanas. Aparte, la patulea sin escrúpulos que, no respetando el dolor ajeno, se ha aplicado al pillaje de lo que se había salvado. Solo los innumerables voluntarios han acreditado su categoría humana y solidaridad al acudir de inmediato a los lugares devastados ante la ausencia, en los primeros momentos, de los organismos públicos. Pero nadie asume responsabilidades ni dimite.
