Carmen Calvo, cuando era ministra de Cultura de Zapatero, nos obsequió con la perla de que el dinero público no es de nadie. Al entender de la casta dirigente, una vez sacado de nuestros bolsillos, el dinero pasa a la libre disposición de los políticos. En el País Vasco, un senegalés ha estado cobrando casi 10.000 € mensuales en ayudas públicas durante diez años. El migrante subsahariano encabezaba una trama delictiva que había creado hasta 62 identidades falsas para beneficiarse del sistema obteniendo en total más de un millón de euros. O los parados que cobran en España la prestación por desempleo y viajan o residen en sus países de origen, dentro y fuera de la Unión Europea. Por desgracia, no son casos aislados sino que se dan con bastante frecuencia, muestra del control “riguroso” que se ejerce sobre los fondos públicos o de lo fácil que resulta engañar a nuestras instituciones. Se calcula que el Estado gasta, sin ningún control, 14.000 millones de euros de nuestros impuestos en subvenciones al año.

También ha sido noticia que un alto cargo -o mejor llamarla carga- del Ministerio de Igualdad ha sido destituida y que como compensación -es lo que señala la ley- va a percibir durante dos años 6.000 € mensuales. En el otro extremo, el caso real de un matrimonio de octogenarios que cobraban la pensión mínima no contributiva y se empadronan en casa de un hijo. El marido fallece y a la viuda le retiran los 321 € de su pensión porque los ingresos de la unidad familiar superan el máximo legalmente establecido. Es un volver a la niñez o a la adolescencia; si la buena señora quiere ir al cine o tomarse un helado, ha de pedirle dinero ahora al hijo. Un mes de sueldo de la política podemita equivalen a año y medio de las retribuciones de la anciana. Le han ofrecido como solución empadronarse en otro domicilio, cosa que parece ser habitual. Así, también en el País Vasco y en otra estafa, un total de 75 personas fueron empadronadas en el curso de un año en dos pisos de la ciudad de Irún cuando, en realidad, residían en otros municipios, otras comunidades o, incluso, otros países, como Francia y Argelia.

En la antigua democracia ateniense, algunos puestos políticos eran ocupados por sorteo.

Cualquier ciudadano podía presentarse para desempeñarlos si bien, tras concluir el mandato, debía rendir cuentas de su gestión. Si los errores de los políticos supusieran un perjuicio  para su patrimonio, andarían con más cuidado. Pero los pagamos otros y ellos se van de rositas y con un futuro asegurado a pesar de que condenen las puertas giratorias.