Creo que un sector mayoritario de la ciudadanía está de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución en que las penas privativas de libertad deben estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social de los condenados. Y creo igualmente que una gran parte de la población estima que esas penas privativas de libertad tienen asimismo un carácter punitivo, es decir, de castigo por el delito cometido, lo cual no se encuentra reñido con el precepto constitucional de reintegración social que, muchas veces y según qué tipo de crímenes, es muy difícil por no decir imposible. Como los casos de violación o pederastia. Violadores y quienes abusan de menores son desequilibrados psicológicos de compleja curación y más si, en su tiempo de internamiento, se niegan a seguir los programas para el control de agresores sexuales que existen en algunos centros penitenciarios pero que son voluntarios para los internos. En esta clase de delincuentes, sin mujeres o menores en su entorno, es lógico mostrar un buen comportamiento durante su privación de libertad. El problema surge cuando disfrutan de un permiso o cuando, tras concluir su reclusión, se reincorporan a su antiguo ambiente sin ninguna traba y expuestos a ser tentados de nuevo por sus patologías. La tasa de reincidencia es muy elevada.
La izquierda y la extrema izquierda rechazan el carácter punitivo de las penas. Así lo declaró la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, para quien “el feminismo nunca ha sido punitivista” y elevar el tiempo de prisión de los delincuentes no proporciona más seguridad. Por lo visto, es mejor que los violadores campen a sus anchas. Y eso hicieron con la Ley del sí es sí. A partir de su entrada en vigor, los delitos cometidos han sido castigados con penas menores. Pero en Derecho se aplica el principio de retroactividad y los delincuentes que todavía no habían cumplido la totalidad de sus sentencias se han beneficiado de la reducción de estas. De resultas, ya superan el millar los que han visto disminuida su condena y la centena, los excarcelados.
Ante la alarma social y el temor a posibles efectos electorales negativos, el PSOE ha dado marcha atrás y reformado, con el apoyo del PP, una ley que iba a constituir un hito y un modelo a copiar por el resto de los países. Para el portavoz socialista en el Congreso, únicamente, se han subsanado meras cuestiones técnicas, una especie de fe erratas. Erratas que niega una parte de la parte comunista del Gobierno por lo que ha votado en contra, como la mayoría de los socios de Sánchez. Pero no pasa nada. Las ministras de Podemos, a lo suyo y seguro que cantando para sus adentros aquello de “del banco del Gobierno, no nos moverán”.
