El verbo dimitir parece no existir en el diccionario de nuestros políticos o no saben conjugarlo al contrario de lo que sucede en los países democráticos donde mentir se paga con la dimisión; así, en Alemania, dos ministros, hombre y mujer, renunciaron a sus carteras al descubrirse que parte de sus tesis doctorales eran copia. Por el mismo motivo, cesó un presidente húngaro. Igualmente, siguieron sus pasos una diputada germana por falsear su currículum y un ministro de Canadá por olvidarse en casa de su novia unos documentos confidenciales de la OTAN. Igualito que en España donde nadie dimite. No se desprenden de su cargo ni con agua hirviendo ni con rascador.
La penúltima pifia gubernamental ha sido la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Esta elimina la distinción entre abuso y agresión y recorta los castigos. Ahora, las agresiones sexuales se sancionan con prisión de dos a ocho años y, en caso de penetración, de siete a quince, mientras que, antes de la reforma, las sentencias eran de entre siete y quince y de entre doce y quince años, respectivamente. La aprobación de una ley penal que favorece al reo debe aplicarse obligatoriamente por el principio de retroactividad reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Resultado: unos centenares de presos, de momento, –y pueden ser más de tres mil- han visto o verán minorada su pena o puestos en libertad. Y la chapuza ya no tiene remedio. Aunque se modifique la ley, los delincuentes sexuales seguirán aprovechándose de la rebaja actual. Los tres jueces del Consejo de Ministros y los cientos de asesores que les pagamos ¿no lo previeron? Obviaron también al Consejo General del Poder Judicial y a otros organismos que alertaron de estas consecuencias por lo que parece ser que sí lo sabían pero no esperaban la repercusión alcanzada en los medios de comunicación y en la sociedad.
Pero el Gobierno y los partidos que le sustentan, lejos de reconocer su error, en su “infantil soberbia”, se han mantenido en sus trece arremetiendo contra la judicatura tachada de machista y (a pesar de estar formada por una mayoría de mujeres) y a la que acusan de aplicar mal la ley que Sánchez consideró de vanguardia y una gran conquista del movimiento feminista y que iba a ser copiada en otros muchos países. Ante la alarma social que ha provocado esta reducción de penas y sus futuras consecuencias electorales, la parte socialista del Gobierno ha rectificado y ha anunciado la enmienda de la ley. La parte comunista no acepta la corrección pero apuesta por “proteger la unidad” del Gobierno. ¿Dimitir? Ni pensarlo. Tampoco lo hicieron con el cambio de postura del presidente con el Sahara. Todo sea por el puesto y la pasta.
