Desde hace semanas, los agricultores españoles y europeos están saliendo a las carreteras y manifestándose en las ciudades para protestar contra la política agraria comunitaria sumisa a las directrices de la Agenda 2030. Esta nos suena como algo lejano y ajeno pero nuestros políticos –un ministerio se encarga de la aplicación de su programa globalista- se afanan, con prisa y sin pausa, en la tarea. Los trabajadores del campo acusan a la Unión Europea de legislar, movidos por los lobbies ecologistas, de espaldas al agro. El sector primario se ve cada vez más ahogado por los crecientes requisitos fitosanitarios y medioambientales, con elevados costes, que se les exigen a ellos pero no a los productos extracomunitarios. Y si se suman los bajos sueldos que se pagan en esos países, el resultado son unos precios mucho más baratos que entran en competencia desleal con los europeos.

Por otra parte, la falta de controles fronterizos favorece la entrada de productos agrícolas que incumplen las normativas de la UE como el uso de plaguicidas prohibidos aquí hace mucho tiempo por nocivos para la salud. Recientemente, se ha alertado de una remesa de fresas marroquíes contaminadas con el virus de la hepatitis A. La autonomía alimentaria de la Unión Europea está en peligro y de continuar dicha política vamos a ser también dependientes en este aspecto como ya los somos energética e industrialmente y, en caso de un nada improbable conflicto bélico a nivel mundial, nos veríamos desabastecidos de todo.

Si desaparece el sector primario, actividad predominante en la España vaciada, se acentuará el despoblamiento. ¿De qué se vivirá en provincias como la de Teruel? ¿Quién va a querer quedarse aquí donde, además, las comunicaciones y los servicios dejan mucho que desear? El Gobierno ha eliminado la obligación del estudio de impacto medioambiental para los proyectos eólicos y solares con la ausencia de protestas de los ecologistas. En un pueblo de Málaga, han arrancado más de 500 hectáreas de olivar para “plantar” paneles solares. Sin trabas para su emplazamiento, vamos camino de lo mismo. Las plantas fotovoltaicas sustituirán a los cultivos y los aerogeneradores a los árboles.

El Estatuto de Cataluña reconoce el derecho a gozar del paisaje. Y un paisaje negro por las placas o plagado de molinillos no resulta muy atractivo. En muchas partes, ya se están rebelando contra la instalación de este tipo parques que causan la muerte a muchas aves y deterioran paisajes únicos aprovechables como reclamo turístico. Es preciso armonizar todas estas actividades, igualmente necesarias para el medio ambiente y la economía de nuestros pueblos. Para eso pagamos a los políticos, para que busquen soluciones no para que creen problemas.