En abril de 2021, las Cortes derogaban –en cumplimiento del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos- el artículo del Código Penal, que castigaba con penas de hasta tres años de prisión a los piquetes informativos que coaccionasen a otros trabajadores a seguir una huelga. UGT y CCOO celebraron la eliminación de dicho artículo, aprobado por el Partido Popular, porque “criminalizaba el derecho de huelga”. Pablo Iglesias, en 2012, gobernando Rajoy, jaleaba a los transportistas también en huelga en un tuit, con falta de ortografía incluido, que remataba con un “…sin vosotr@s no hay democracia”. Así se aseguraban poder tomar impunemente las calles cuando perdiesen las elecciones.
Todo perfecto mientras las huelgas fueran dirigidas contra la derecha. Pero la cosa cambia radicalmente cuando las protestas arremeten contra la política de un gobierno de izquierdas; o, mejor dicho, contra la falta de política. Ahora, la huelga de los transportistas está organizada por la ultraderecha que le hace el juego a Putin. Este argumenta la invasión de Ucrania en la necesidad de desnazificarla. Putin ve nazis como, en España, la izquierda ve fascistas, lo mismo que el niño de El sexto sentido veía muertos.
Todos los descontentos y disidentes son de ultraderecha. La democracia son ellos y el resto rancio fascismo. La Constitución de 1978 reconoce el derecho a la huelga y alude a una ley que regule su ejercicio, ley inexistente hasta la fecha. Ningún partido ha dado el paso. La huelga es un derecho, no un deber. No debe prohibirse ni imponerse a ningún trabajador. Cualquier piquete violento, con independencia de su ideología, es inaceptable. La calle no es de nadie; es de todos.
La guerra de Ucrania los está agravando pero los problemas económicos en España vienen de lejos. La luz, el gas y los carburantes hace tiempo que se están encareciendo fruto de una errática política energética que nos hace depender del exterior; el Estado, cada vez más voraz y manirroto, nos aumenta abusivamente los impuestos, y la inflación se dispara.
Pero los medios de comunicación comprados callan, los sindicatos subvencionados agachan la testuz y se declaran contrarios a la bajada de impuestos para abaratar la vida, y el personal, aletargado. Y si se revuelve, muta en ultraderecha. Argelia, sempiterno enemigo de Marruecos, es nuestro principal proveedor de gas. Y “Antonio” Sánchez, en plena crisis de suministros, vira de actitud respecto al Sahara y cede ante Marruecos. Argelia ha llamado a consultas a su embajador. Si nos corta o sube el gas, será también culpa de Putin.
