En diciembre de 2017, todas las personas de bien y en concreto las del Bajo Aragón histórico quedamos consternados por la muerte, en un tiroteo ocurrido en nuestras comarcas, de dos guardias civiles y de un ganadero a manos de un criminal serbio autor de otros dos asesinatos en Italia por los que ya había sido condenado a cadena perpetua. Por desgracia, hay gente ruin que se alegra de las tragedias ajenas, sobre todo cuando las víctimas pertenecen a los cuerpos de seguridad. En los duros tiempos de la violencia de ETA, muchos terroristas celebraban en las cárceles las muertes en atentados perpetrados por sus compinches y de las que quedan casi 400 sin resolver ni investigar.

ETA ya no mata. Estos asesinos, homenajeados en pueblos del País Vasco y Navarra, son incluidos en las listas electorales de formaciones políticas con las que pacta sin reparo el partido del Gobierno.

Las asociaciones de la Guardia Civil y sindicatos policiales protestan por su falta de medios para luchar contra el delito. Consecuencia de ello ha sido el reciente asesinato en Barbate (Cádiz) de dos guardias civiles arrollados por una potente narcolancha mientras que los agentes manejaban una modesta zodiac. Aunque su comercio es ilegal, Marruecos es el principal productor y exportador mundial de cannabis. Sin embargo, en 2022, el Ministerio del Interior, sin informar a la Fiscalía ni a los órganos judiciales, desmanteló la unidad de élite de la Guardia Civil dedicada a combatir el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, con lo que la incautación de droga disminuyó notablemente.

Los muertos no se merecieron ni una escueta alusión del mundo del cine en la Gala de los Goya donde estuvo presente el presidente que no acudió a Barbate.

Otra injusticia con nuestras fuerzas de seguridad es la equiparación salarial de la guardia civil y policía nacional con las policías autonómicas. Acordada en 2018 por el gobierno de Rajoy, Marlaska y Sánchez la han ido demorando. A igual trabajo, igual salario y más cuando los sueldos de los “Mossos d’Esquadra” son pagados, con nuestros impuestos por el Ministerio del Interior, si bien la Generalidad los gestiona. Asimismo, el Gobierno niega a la Guardia Civil y Policía Nacional la consideración de profesión de riesgo que sí se reconoce a las policías autonómicas y locales lo que conlleva una grave discriminación en la edad de jubilación y en las pensiones a percibir.

Los miembros de las fuerzas del orden del Estado y sus familias sufren con frecuencia el odio sembrado contra determinados sectores de la sociedad, siempre en el mismo sentido. Son muy numerosos y preocupantes los ejemplos. El último, el destrozo en una localidad navarra del coche de la viuda de uno de los últimos guardias civiles asesinados. Hay que ser rastreros y miserables.