Sucesos

La información que colaboradores ciudadanos proporcionaron a la Guardia Civil durante el mes de septiembre sobre la existencia de plantaciones de cannabis en el término municipal de Mequinenza, fue clave para su desmantelamiento.

Especialistas del Equipo Territorial de Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe iniciaron una investigación al respecto que ha desembocado en la aprehensión de 3.200 plantas en dos plantaciones de difícil acceso, con una zona de acampada y puestos de vigilancia.

El 21 de septiembre se llevó a cabo la explotación del operativo, de una dificultad que requirió de acceso por tierra y aire.

Una vez en el lugar la Guardia Civil verificó la existencia de una plantación que contenía un total de 1.600 plantas de marihuana, así como diferentes balsas y útiles para efectuar el riego, zona de acampada provista de duchas y cocina, puesto de vigilancia y zona de secado para las plantas.

En éste operativo participaron, además de los especialistas del Equipo Territorial de Policía Judicial y Equipo Roca, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de Caspe; Núcleo de Reserva y Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza y helicóptero de la Unidad Aérea con base en Huesca.

Por otro lado, a raíz de unas informaciones de colaboración ciudadana recibidas por el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Caspe, en la mañana del día 3 de octubre se llevó a cabo un operativo para la búsqueda, verificación y desmantelamiento de una plantación de cannabis que podía ubicarse en el mismo término municipal.

Igualmente el acceso era complicado y los agentes tuvieron que acceder a pie por dos senderos distintos y por embarcación, a través del pantano.

Una vez en el lugar, la Guardia Civil verificó la existencia de una plantación de marihuana distribuida en 8 bancales y que contenían un total de 1.600 plantas. Igualmente hallaron diferentes construcciones utilizadas como secadero, zona de descanso en la que disponían de cocina, zona de secado de plantas, una balsa con diferentes materiales para el riego de la plantación y un puesto de vigilancia, no encontrándose en el lugar a ningún responsable de la plantación.

En este operativo han participado especialistas del Equipo de Protección de la Naturaleza, Equipo Roca y patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Caspe, así como guardas rurales de pesca con embarcaciones.

Ambas operaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y la detención de los posibles autores.

Dos motoristas resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en un accidente ocurrido el pasado sábado en Valjunquera. En el siniestro se vio implicado otro vehículo, un turismo.

El accidente tuvo lugar a las siete menos veinte de la tarde en la carretera autonómica A-231, cerca del casco urbano.

Ambos motoristas, varones, de 56 y 42 años de edad, son vecinos de Valladolid.

La Guardia Civil de Teruel investiga al conductor de un turismo por un delito de lesiones graves como consecuencia de un accidente de tráfico.

El investigado es el presunto responsable de un accidente de circulación en el casco urbano de un municipio del Bajo Aragón, el cual la Guardia Civil no revela. Al parecer, su imprudencia en la conducción ocasionó un accidente de tráfico que causó lesiones graves a otra persona.

El siniestro tuvo lugar dentro del casco urbano y consistió en una colisión fronto-lateral entre un turismo y una motocicleta en un cruce de calles. El motorista sufrió lesiones de carácter grave.

La investigación de los agentes instructores de las diligencias determinó que el accidente se produjo como consecuencia de la comisión de una infracción grave a la Ley de Seguridad Vial y su reglamento, cometida por el conductor del turismo, al no respetar este la prioridad de paso del motorista.

El atestado instruido fue remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Alcañiz.

Ahora que, como publicó este lunes Bajo Aragón Digital, una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha establecido que el Ayuntamiento de Alcañiz es responsable en un 80% del derrumbe del cerro Pui Pinos ocurrido en el 2017, esta administración debe pagar un total de un millón cien mil euros a los afectados.

En total les debe pagar 1 millón cuatrocientos mil euros. Lo restante le corresponde a la empresa que en ese momento era responsable del riego en el cerro, SIFA SL, al ser responsable, según la sentencia, en un 20%.

El concejal responsable de las cuentas del Ayuntamiento, Javier Baigorri, indica que el consistorio ya depositó el 50% del total en el Juzgado, por lo que ahora le corresponde depositar el 30% restante.

Baigorri indica que hay dinero suficiente en el Ayuntamiento para hacer frente al total de lo que debe.

Un vecino de Alcorisa, de 29 años, ha fallecido en accidente laboral en la empresa Aragón Matadero, de La Mata de los Olmos. El trabajador pertenecía a la empresa Astazu Scoop, subcotratada por Aragón Matadero.

Al parecer, ha fallecido por el golpe recibido por un camión marcha atrás.

El sindicato CCOO ha emitido un comunicado condenando el fallecimiento. Para el sindicato, “en este accidente mortal y a la espera de la investigación de la inspección de trabajo, parece que han faltado las medidas preventivas y de seguridad adecuadas (sistemas de iluminación y aviso, señalización, medidas organizativas, comunicación con el chofer y otras medidas).

CCOO indica que “hasta el mes de agosto incluido eran 15 las personas las personas que ha
perdido la vida en el trabajo durante 2022 en Aragón, de los cuales 2 fallecieron en la provincia de Teruel” y recuerda que “el empresario es el responsable de la organización del trabajo y por tanto de evitar y prevenir el riesgo”.

La central sindical exige “el máximo rigor en la investigación de este hecho luctuoso para que se esclarezcan los hechos y exijan responsabilidades y reclama a las empresas una mayor implicación en la prevención de riesgos laborales y a la administración la dotación de recursos en esta materia”.

Luis Clarimon, responsable de salud laboral, asegura que “se nos acaban las palabras para describir estos hechos trágicos”. Recuerda a las administraciones públicas competentes la necesidad de aumentar los recursos de la inspección y exige a los empresarios “mayor responsabilidad e inversión en prevención”.

Santiago Va, de la Federación de Industria de CCOO Aragón, insiste en que “nadie debería morir por causa del trabajo, todos los accidentes laborales son evitables. La fatalidad es una excusa para encubrir la falta de medidas preventivas. En la actualidad existen medios técnicos y organizativos que teniendo que ser utilizados por las empresas en coordinación con sus servicios de prevención, no se utilizan por una mera cuestión de incremento de coste empresarial”.

Una vez más insistimos en la obligación de la coordinación de actividades preventivas en aquellos centros de trabajo donde desarrollan actividades distintas empresas y en la responsabilidad que ambas empresas tienen en la siniestralidad”.

CCOO lamenta esta muerte y traslada su pésame a los familiares, compañeros de trabajo y amigos de la víctima.

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha establecido el reparto de responsabilidades del derrumbe del cerro Pui Pinos de Alcañiz, que tuvo lugar el 18 de abril del 2017, haciendo desaparecer varias viviendas.

La sentencia falla que el Ayuntamiento de Alcañiz tiene un 80% de responsabilidad y que la empresa dedicada al riego del cerro, SIFA SL, tiene un 20% de responsabilidad. Se mantiene la responsabilidad solidaria frente a terceros.

Es clara en lo siguiente: el consistorio tuvo “tiempo sobrado para conocer el riesgo a partir de la grieta” y el trabajo “coordinado” de los técnicos podría haber evitado el derrumbe.

La sentencia indica que la apertura continuada del circuito del agua en el cerro por parte de una contratista permitía prever que podía haber consecuencias dañosas como una fuga continuada de agua o incluso socavones o deslizamientos superficiales, pero no permitía prever un deslizamiento de la magnitud del que se produjo sin no se conocían antecedentes como la peligrosidad de la ladera, que había provocado desprendimientos con cierta regularidad, el relleno antrópico poco consistente y poroso de la ladera, los informes que advertían de la peligrosidad de la ladera o, sobre todo, la magnitud de la grieta y las medidas preventivas acordadas.

Por ello fue causa eficiente del siniestro, que tal vez no habría llegado a producirse si las aperturas del circuito lo hubiesen sido sólo por las concretas horas del riego, al ser más difícil una acumulación de agua que generase el lodo propiciador del deslizamiento profundo que tuvo lugar, pero no se le puede atribuir en pie de igualdad la causación de un siniestro que el Ayuntamiento tuvo muchas más posibilidades de evitar.

La sentencia dice que el Ayuntamiento, conocedor del problema del cerro y de los peligros de la ladera, “tuvo tiempo sobrado para conocer el riesgo a partir de la grieta y tenía técnicos cuya actuación coordinada a buen seguro habría hecho posible evitar el derrumbe y habría permitido arbitrar medidas de solución, o al menos de precaución para la evitación o atenuación de los efectos.

La empresa del riego solo llevaba dos meses contratada cuando se produjo el derrumbe, pese a lo cual debería haberse informado sobre el estado de los sistemas de riego, y el Ayuntamiento no le advirtió del peligro que conocía: “si se le hubiese dicho que no debía regar allí, se le habría ocurrido extremar las precauciones”, indica la sentencia.