Sucesos
Bajo Aragón Digital
El Partido Popular, va a llevar a la Fiscalía el informe de secretaría y toda la documentación relativa a las fiestas patronales de Andorra “por indicios serios de delito”. Por otra parte, exigen la dimisión de “todos los responsables que han tenido algo que ver con estas contrataciones”.
Lo han anunciado la portavoz del PP en el consistorio, Silvia Quílez, y el presidente provincial del PP, Joaquín Juste, “tras semanas de estudio pormenorizado de toda la documentación que obra en poder del Ayuntamiento de Andorra” sobre las fiestas, porque consideran que “hay indicios serios de delito en la actuación de los responsables políticos municipales en la contratación de dichos actos”.
Además, indicaron los populares, “la propia secretaria del Ayuntamiento, por propia iniciativa y a tenor de la gravedad de los hechos, también ha hecho lo propio”.
Silvia Quílez manifestó que “no podemos consentir que se hagan contratos ilegales ni que se actúe saltándose toda la legalidad”.
Quílez expuso los datos de los que se dispone en la actualidad:
“A día de hoy, además de no haber cumplido supuestamente los procedimientos, el equipo de gobierno se ha gastado 360.000 euros solo en las fiestas patronales, 152.000 euros por encima de la partida presupuestada. Una cifra que todavía puede variar porque no han remitido al Consistorio todas las facturas”.
Joaquín Juste calificó los hechos como “escandalosos” y dijo que “no he visto nunca algo parecido a lo que ha sucedido en Andorra”, considerando “políticamente reprobable” que los responsables del equipo de gobierno se “salten todos los procedimientos y se contrate a capricho”.
Bajo Aragón Digital
El concurso del Ayuntamiento de Alcañiz para cubrir una plaza de Subinspector de la Policía Local mediante concurso-oposición, por promoción interna, se ha declarado desierto, pues no se ha presentado la única persona que podía optar al proceso selectivo.
Como publicó Bajo Aragón Digital el pasado agosto, el consistorio sacó el concurso para la plaza de Subinspector por tercera vez. Las bases anteriores fueron ilegales, según la sentencia que obligó al Ayuntamiento a anularlas.
Las últimas, las del proceso que acaba de quedar desierto, estaban dirigidas a oficiales de la Policía Local de Alcañiz y solo uno de ellos cumplía los requisitos para optar al concurso.
Además de ello, la plaza se ofertaba mediante “promoción interna”, sistema que no está recogido en el artículo correspondiente de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, el 16.3, que dice cómo debe ser la convocatoria pública previa a la designación del Jefe.
Bajo Aragón Digital
El 66% de la antigua fábrica de chocolate de Alcañiz, ubicada en la calle Escolapios, está en venta.
El vendedor comparte la propiedad con otras personas y en este caso está vendiendo lo que se conoce como proindiviso, una situación jurídica en la que se encuentra un bien cuando tiene más de un propietario.
La superficie del solar es de algo más de 200 metros cuadrados, con edificio de dos plantas, en estado ruinoso, se asienta sobre la antigua muralla de Alcañiz e incluye un caño que se adentra en el cerro y la antigua maquinaria de gran valor. Es la información del anuncio de venta.
El mal estado del edificio lleva años causando problemas a vecinos por desprendimientos y filtraciones y ante los que el Ayuntamiento no está haciendo lo que debe: exigir a los propietarios su reparación y en el caso de que no lo reparen actuar y luego pasarles la factura.
Bajo Aragón Digital
La información que colaboradores ciudadanos proporcionaron a la Guardia Civil durante el mes de septiembre sobre la existencia de plantaciones de cannabis en el término municipal de Mequinenza, fue clave para su desmantelamiento.
Especialistas del Equipo Territorial de Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe iniciaron una investigación al respecto que ha desembocado en la aprehensión de 3.200 plantas en dos plantaciones de difícil acceso, con una zona de acampada y puestos de vigilancia.
El 21 de septiembre se llevó a cabo la explotación del operativo, de una dificultad que requirió de acceso por tierra y aire.
Una vez en el lugar la Guardia Civil verificó la existencia de una plantación que contenía un total de 1.600 plantas de marihuana, así como diferentes balsas y útiles para efectuar el riego, zona de acampada provista de duchas y cocina, puesto de vigilancia y zona de secado para las plantas.
En éste operativo participaron, además de los especialistas del Equipo Territorial de Policía Judicial y Equipo Roca, patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de Caspe; Núcleo de Reserva y Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza y helicóptero de la Unidad Aérea con base en Huesca.
Por otro lado, a raíz de unas informaciones de colaboración ciudadana recibidas por el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Caspe, en la mañana del día 3 de octubre se llevó a cabo un operativo para la búsqueda, verificación y desmantelamiento de una plantación de cannabis que podía ubicarse en el mismo término municipal.
Igualmente el acceso era complicado y los agentes tuvieron que acceder a pie por dos senderos distintos y por embarcación, a través del pantano.
Una vez en el lugar, la Guardia Civil verificó la existencia de una plantación de marihuana distribuida en 8 bancales y que contenían un total de 1.600 plantas. Igualmente hallaron diferentes construcciones utilizadas como secadero, zona de descanso en la que disponían de cocina, zona de secado de plantas, una balsa con diferentes materiales para el riego de la plantación y un puesto de vigilancia, no encontrándose en el lugar a ningún responsable de la plantación.
En este operativo han participado especialistas del Equipo de Protección de la Naturaleza, Equipo Roca y patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Caspe, así como guardas rurales de pesca con embarcaciones.
Ambas operaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y la detención de los posibles autores.
Bajo Aragón Digital
Dos motoristas resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en un accidente ocurrido el pasado sábado en Valjunquera. En el siniestro se vio implicado otro vehículo, un turismo.
El accidente tuvo lugar a las siete menos veinte de la tarde en la carretera autonómica A-231, cerca del casco urbano.
Ambos motoristas, varones, de 56 y 42 años de edad, son vecinos de Valladolid.
Bajo Aragón Digital
La Guardia Civil de Teruel investiga al conductor de un turismo por un delito de lesiones graves como consecuencia de un accidente de tráfico.
El investigado es el presunto responsable de un accidente de circulación en el casco urbano de un municipio del Bajo Aragón, el cual la Guardia Civil no revela. Al parecer, su imprudencia en la conducción ocasionó un accidente de tráfico que causó lesiones graves a otra persona.
El siniestro tuvo lugar dentro del casco urbano y consistió en una colisión fronto-lateral entre un turismo y una motocicleta en un cruce de calles. El motorista sufrió lesiones de carácter grave.
La investigación de los agentes instructores de las diligencias determinó que el accidente se produjo como consecuencia de la comisión de una infracción grave a la Ley de Seguridad Vial y su reglamento, cometida por el conductor del turismo, al no respetar este la prioridad de paso del motorista.
El atestado instruido fue remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Alcañiz.
Bajo Aragón Digital
Ahora que, como publicó este lunes Bajo Aragón Digital, una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha establecido que el Ayuntamiento de Alcañiz es responsable en un 80% del derrumbe del cerro Pui Pinos ocurrido en el 2017, esta administración debe pagar un total de un millón cien mil euros a los afectados.
En total les debe pagar 1 millón cuatrocientos mil euros. Lo restante le corresponde a la empresa que en ese momento era responsable del riego en el cerro, SIFA SL, al ser responsable, según la sentencia, en un 20%.
El concejal responsable de las cuentas del Ayuntamiento, Javier Baigorri, indica que el consistorio ya depositó el 50% del total en el Juzgado, por lo que ahora le corresponde depositar el 30% restante.
Baigorri indica que hay dinero suficiente en el Ayuntamiento para hacer frente al total de lo que debe.
