Sucesos

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de ventas al menudeo de estupefacientes en Caspe y ha detenido a tres personas por delitos contra la salud pública por tráfico de droga y pertenencia a grupo criminal.

En los dos registros realizados, han hallado diferentes cantidades de metanfetamína, hachís, cocaína y marihuana.

La investigación comenzó al conocer la posible existencia de una vivienda en Caspe cuyos moradores podrían estar dedicándose a la venta de este tipo de sustancias. En la operación, en la que colaboraron agentes de la Policía Local de Caspe, se pudo determinar la identidad de los presuntos autores de la venta de drogas, tratándose de 3 personas que vivían en dos pisos diferentes del mismo bloque de viviendas y de manera ilegal, puesto que no eran de su propiedad.

Al mismo tiempo se verificó cómo al citado inmueble accedían multitud de personas, conocidas varias de ellas por los agentes, ya que habían sido denunciados por tenencia y consumo de drogas en la vía pública.

Una vez obtenidos los indicios que evidenciaban la existencia de un punto de venta de estupefacientes en dicho lugar, la Guardia Civil procedió a realizar dos registros en las viviendas de los sospechosos la noche del 5 de mayo.

En ambos inmuebles se hallaron 44 dosis de cocaína dispuestas para su venta, 11 gramos de cocaína, 76 gramos de hachís, más de 100 gramos de marihuana, 9 gramos de metanfentamína, una báscula de precisión y 5 teléfonos móviles.

En el momento del registro, además de los tres presuntos responsables de la venta de estupefacientes, se hallaba una cuarta persona que había accedido al inmueble para la compra de cocaína.

Por todo lo anterior se procedió a la detención de 3 varones, de edades
comprendidas entre los 32 y 59 años, nacionalidad marroquí, indica la Guardia Civil, y a los que les constan antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Quedaron a disposición judicial el pasado viernes 5 de mayo.

Durante la inspección de los inmuebles se observó que pudieran estar suministrándose de electricidad de manera ilícita, por lo que se puso en conocimiento de la empresa suministradora para que se verifique este extremo.

En la actuación han participado agentes del Equipo de Policía Judicial Roca
de Caspe, Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de Guardia Civil Zaragoza, Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), Grupo Cinológico con canes especialistas en búsqueda de drogas, contando con la colaboración de Policía Local de Caspe.

El coche de una médico y una ambulancia ardieron frente al Centro de Salud de Andorra la pasada madrugada. Ambos vehículos quedaron calcinados. El aviso se recibió a las 2:25 h. y el servicio de los Bomberos del Parque de Alcañiz concluyó pasadas las 5 de la madrugada. También intervino la Guardia Civil y Protección Civil de Andorra.

Fuentes de la Guardia Civil indicaron a Bajo Aragón Digital que todo apunta a que la causa fue el incendio fortuito del coche que se propagó a la ambulancia, aunque continúan investigando los hechos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a raíz de este suceso y recordando la reciente agresión a un médico en Maella, ha emitido un comunicado denunciando “la desprotección que sufren los trabajadores sanitarios en el medio rural”, reclamando “más medidas de vigilancia frente a las agresiones” y pidiendo al Salud “que investigue sobre lo ocurrido esta pasada madrugada en Andorra y que apoye a la médica que ha perdido su coche”.

Desde el CSIF indican que se trata del coche particular de una médica que tiene su plaza en el consultorio de Oliete y que estaba de guardia en el Centro de Salud de Andorra, en cuyo parking tenía el coche que ardió.

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a Pedro L. G., conocido como El Rambo de Requena, a 27 años de prisión, además de una larga serie de indemnizaciones económicas, como autor de dos delitos de tentativa de homicidio, uno de ellos con resultado de lesiones graves, un delito de tenencia ilícita de armas, un delito de robo con fuerza en casa habitada continuado, un delito de hurto de uso de vehículo continuado, un delito de conducción temeraria y un delito de coacciones.

El Rambo fue detenido el 8 de junio del 2020 en Andorra. Huía de la Comunidad Valenciana, buscado por varios delitos que habría cometido allí. Antes de llegar a Andorra, hirió de gravedad a un Guardia Civil en Muniesa y se ocultó en una vivienda del municipio turolense de El Castellar. El arma con la que fue herido el agente era una escopeta con los cañones recortados y llevaba munición alterada e ilegal: cartuchos de postas, que tienen una gran expansión dentro del cuerpo.
Hasta Muniesa y hasta Andorra llegó en dos vehículos sustraídos y se subió al vehículo en marcha de un vecino de Andorra, al que le pidió que le ayudase a salir del municipio bajoaragonés.

La relación de penas, en una sentencia que no es firme, contra la que cabe recurso, es la siguiente:

11 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de homicidio en grado de tentativa con resultado lesiones graves.

9 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de homicidio en grado de tentativa, sin resultado lesiones.

9 meses de prisión, por el delito de tenencia ilícita de armas, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.

4 años y 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por el delito de robo con fuerza en casa habitada continuado.

12 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (Art.53 CP), por el delito de hurto de uso continuado.

1 año de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor durante 3 años, por el delito de conducción temeraria.

9 meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena, por el delito de coacciones.

PEDRO L. G. deberá indemnizar a:
-Guardia Civil (Z14) en la cantidad de 235.233,96 euros, con los intereses legales del artículo 576 Lec.
-ADOLFO S. T. en la cantidad de 270.91 euros por los daños sufridos en el vehículo, con los intereses legales del artículo 576 Lec.
-FRANCISCO G. S. en la cantidad de 150 euros por los daños sufridos en su vivienda, con los intereses legales del artículo 576 Lec.
-RGA SEGUROS, en la cantidad de 950,85 euros por los daños y objetos sustraídos en la vivienda por ellos asegurada titularidad de José M. J., con los intereses legales del artículo 576 Lec.
-GUARDIA CIVIL DE MUNIESA en la cantidad de 615.33 euros por los daños sufridos en el vehículo oficial, con los intereses legales del artículo 576 Lec.

Y, a pagar las costas causadas en este procedimiento incluidas las de la acusación particular, sin comprender las de la acusación popular.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando y de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

Esta resolución no es firme y contra ella podrán interponer las partes recurso de apelación en el plazo de diez días desde la notificación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Cinco familias de refugiados de la guerra de Ucrania se han instalado en Chiprana.

El alcalde, Javier Nicolás, indica que “desde el primer momento habilitamos una línea de ayudas” que se aprobaron la semana pasada para las cinco familias, una medida en la que, según indica Nicolás, el Ayuntamiento de Chiprana ha sido “pionero”.

Nicolás destaca “la solidaridad de los chipranescos”, ya que se alojan en casas que han ofrecido algunos vecinos y el Ayuntamiento también tiene previsto disponer de varias viviendas para este fin.

Como las familias han venido con niños, el consistorio ha puesto a su disposición los servicios de guardería y ludoteca.

Todo ello, además de darles “una partida económica importante para primeras necesidades” por unidad familiar, indica el alcalde.

Andorra acogerá hasta un máximo de 250 personas refugiadas de la guerra de Ucrania a través de un proyecto solidario de Forestalia.

El pasado jueves llegó el primer autobús desde Avdiivka, en la provincia ucraniana de Chernígov, con 45 personas, 19 de ellas menores de edad, y en las próximas semanas está previsto que vayan llegando más ucranianos.

Forestalia asume la organización, el transporte, la manutención y el alojamiento, con la colaboración del Ayuntamiento de Andorra y del Gobierno de Aragón. “El objetivo es facilitar a las personas desplazadas los medios oportunos para su integración social y laboral”, indican desde la organización, cuyos responsables visitaron este martes en Andorra, junto al alcalde, a los primeros refugiados.

Durante las primeras semanas se alojarán en el Centro de Estudios Ambientales Ítaca “José Luis Iranzo”.

Desde Forestalia indican que “se trata de un proyecto dinámico, que se adaptará a las necesidades y circunstancias de las personas acogidas”. La empresa ha contratado traductores y personal específico para prestar el apoyo y acompañamiento necesario al colectivo, tanto en el punto de partida en Ucrania como en Andorra.

También cubrirá, indica, las necesidades básicas de productos personales y prestará asistencia para los trámites legales y administrativos en colaboración con el Departamento de Ciudadanía del Gobierno de Aragón, de modo que los desplazados tengan cubierto el acceso a la sanidad y, en el caso de los menores, la escolarización.

Los organizadores dicen que su proyecto solidario “no se limita a salvar a las personas desplazadas de un ambiente bélico, sino que persigue facilitarles los medios oportunos para que, quienes así lo deseen, puedan integrarse y empezar un nuevo futuro. Por ello, el acompañamiento incluirá la formación de español y recursos para la empleabilidad, para la que Forestalia pone a disposición de las personas refugiadas oportunidades para la integración laboral en los diversos proyectos de la empresa, atendiendo a los perfiles y circunstancias personales. Para facilitar la conciliación familiar, se contará asimismo con el servicio de guardería municipal”.

Esta empresa construirá una planta de fabricación de pellets en Andorra, para la que ya dispone de los terrenos. Además, tiene en tramitación varios proyectos de plantas fotovoltaicas en Andorra – Sierra de Arcos.

Desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel denuncian que en varios municipios del Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo les han arrancado pancartas que tenían colgadas “en contra de la masificación eólica”. Indican que “alguien a quien le molesta la libertad de expresión de estos vecinos afectados por los macroproyectos de renovables ha robado las pancartas que colgaban de numerosos balcones y ventanas privadas”. También, dicen, se han arrancado pegatinas de los vehículos.

Por otra parte, también vinculan a este motivo que a un activista del Bajo Aragón de esta plataforma le hayan “rajado las ruedas del coche con un instrumento cortante en más de una ocasión, supuestamente por mostrar públicamente su rechazo a esta masificación eólica para el territorio”. Dicen que “no tiene otra explicación que el hurto de estas pancartas durante Semana Santa haya coincidido con el rajado, días antes, de ruedas a miembros de esta Plataforma que públicamente han mostrado su rechazo a esta masificación eólica participando en manifestaciones, mesas de información y charlas en las que desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel se ha intentado informar a todas aquellas personas interesadas por este conflicto”.

Desde la plataforma animan “a todas las personas afectadas por estos hurtos y actos vandálicos a denunciarlo ante la Guardia Civil” y van a “solicitar a las instituciones públicas, principalmente a los ayuntamientos donde se han dado estos actos, que muestren su rechazo ante estos actos intransigentes y que se esfuercen en favorecer la apertura de un debate público en los territorios afectados” sobre “las consecuencias que esta masificación de energías renovables puede suponer para sus territorios”.