Sucesos

Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido a las ocho menos cuarto de la mañana de este martes en la carretera nacional N-232 a la altura de Azaila.

Según ha informado la Guardia Civil, el accidente ha consistido en la colisión frontal de dos vehículos articulados y como posibles causas apuntan a que el vehículo que circulaba dirección Zaragoza habría invadido el carril contrario.

El herido de gravedad ha tenido que ser excarcelado por los bomberos y ser trasladado en helicóptero a un hospital de Zaragoza. Se trata del conductor de uno de los camiones. En los trabajos de excarcelación han intervenido cuatro bomberos, un oficial, un jefe y un subjefe del Parque de Alcañiz, junto con bomberos de la Diputación de Zaragoza, que al llegar al lugar han comprobado que en la colisión estaba implicado un tráiler que no transportaba mercancías peligrosas, cuyo conductor había salido por su propio pie del vehículo. Sin embargo, el conductor del otro camión, que no llevaba remolque, estaba atrapado en la cabina. Tras ser excarcelado, fue atendido por sanitarios del 061 y del helicóptero medicalizado y trasladado a Zaragoza.

La carretera ha quedado viarias horas cortada al tráfico y se ha desviado el tráfico por Vinaceite.

El Juzgado de lo Penal Único de Teruel ha condenado al tutor de un taller de empleo del Ayuntamiento de La Puebla de Híjar como “responsable criminal” de un “delito de abusos sexuales” a una alumna.

La condena de J.A.B.M., vecino de Zaragoza, es de un año y seis meses de prisión, la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia no inferior a 100 metros, la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años y la inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de profesión oficio (relacionados con la docencia) por seis meses. Además, deberá indemnizarla con 6.000 euros.

Los hechos ocurrieron en el 2021, durante un taller de empleo del consistorio. En la sentencia se relata como probado que la alumna, durante una clase de fitosanitarios, sin su consentimiento, fue manoseada en su parte genital por el acusado, aprovechando que se encontraba apoyada sobre la mesa mientras hablaba con una compañera, y después recibió una palmada en la nalga por el mismo tutor.

Por tales hechos, la alumna sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser atendida por el médico de atención primaria, teniendo que acudir a la Unidad de Salud Mental de Alcañiz y presentando una clínica compatible con un trastorno de ansiedad generalizado.

El Parque de Bomberos de Alcañiz ha incorporado un nuevo vehículo a su flota para dar servicio tanto a la zona que cubre este parque como a la que cubre el parque de Montalbán, lo que se conoce como “zona Este de la provincia”.

Se trata de una furgoneta de ocho plazas que se utilizará para el traslado de efectivos en aquellas intervenciones en las que sea necesario y para la realización de formaciones.

Además, en el vehículo principal de emergencias del parque de Alcañiz se ha instalado un desfibrilador “para atender incidencias tanto entre los propios bomberos como en las salidas que realizan ante los avisos de emergencias”, indican desde la Diputación Provincial de Teruel, responsable del servicio de Bomberos.

Después de que el Gobierno de España no apoyase una comisión de investigación sobre el triple crimen de Andorra, a petición de CHA, a través de Compromís, y con el apoyo de la plataforma “Siempre Iranzo”, CHA presentó una nueva serie de iniciativas para conocer el Gobierno “tiene previsto cumplir con los requerimientos éticos” y “qué medidas piensa adoptar para depurar las responsabilidades políticas, para solidarizarse con los familiares de las personas asesinadas, para mejorar los protocolos establecidos para las zonas rurales ante este tipo de circunstancias y para explicar a la ciudadanía y a los familiares qué falló para acabar con este fatal desenlace”.

Sin embargo, CHA, explica que el Gobierno de España indica en su respuesta que “no existe ninguna acción u omisión que motive el inicio de procedimiento disciplinario alguno toda vez que , en las sentencias judiciales recaídas, no se contempla ninguna responsabilidad en la actuación realizada por los agentes de la Guardia Civil”.

José Manuel Salvador, secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, manifiesta que “tras la desestimación el pasado 20 de mayo del recurso de casación interpuesto por la representación
procesal del asesino Norbert Feher, disponemos ya de una sentencia judicial firme, por lo que no existen impedimentos para conocer todos los pormenores relacionados con la toma de decisiones por parte de los diferentes responsables públicos encargados de velar por la seguridad ciudadana, así como de los informes disponibles sobre las comunicaciones mantenidas entre ellos, tanto en los días anteriores a los asesinatos hasta el mismo día de los asesinatos en Andorra”.

El secretario territorial de CHA ve fundamental “la asunción de las posibles responsabilidades, tanto políticas como en la mejora de los protocolos establecidos para zonas rurales ante este tipo de circunstancias, que se pudieran derivar a raíz de las informaciones aportadas”.

“Tenemos derecho a saber por qué un asesino campó a sus anchas por la zona tras dos intentos de asesinato en Albalate el 5 de diciembre, y por qué hasta el 14 de diciembre, día en el que fueron asesinadas 3 personas, el operativo lo componía exclusivamente personal de la Guardia Civil vinculado a la zona, sin contar con refuerzos de las fuerzas especiales”, insistió.

El Justicia de Aragón entregó este miércoles al Presidente de las Cortes un informe especial sobre la la situación y los recursos destinados a la seguridad ciudadana en el ámbito rural. El objetivo de los informes especiales del Justicia es obtener un diagnóstico amplio sobre una problemática que afecte a un sector de la población y aportar sugerencias y recomendaciones para mejorar la actuación de las administraciones competentes con las materias en cuestión.

El Justicia establece en su informe las siguientes conclusiones y propuestas para su estudio:

“1. No consta, al menos de carácter público, un estudio sobre la delincuencia que se da en las zonas rurales aragonesas, lo que puede dificultar la toma de decisiones sobre un modelo de seguridad. Por ello se propone la elaboración de estudios y análisis de la seguridad en el medio rural, que incluya, entre otros, el despliegue y distribución territorial, la atención a la ciudadanía y las formas de coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. De este modo se contaría con una herramienta objetiva basada en el estudio y análisis de datos que permita conocer mejor la problemática de las distintas zonas y una mayor optimización de los recursos.

2. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la seguridad en el medio rural aragonés es el bajo asentamiento poblacional. Lo que a su vez supone un efecto motivador para el delincuente. Dado que los medios personales son limitados, se propone incorporar a los municipios otro tipo de medidas de seguridad como puedan ser la instalación de sistema de videovigilancia que vengan a complementar el trabajo realizado por los agentes.

3. La falta de agentes policiales se ha comprobado que afecta con carácter general a todas las administraciones, pero parece verse más agravado en la Guardia Civil, donde unas plantillas reducidas tienen que cubrir grandes zonas geográficas. Por ello se propone aumentar el número de agentes de la Guardia Civil tras los estudios, análisis y reorganización oportunos.

4. A lo largo del informe se ha trabajado con los datos que cuentan en las estadísticas oficiales, pero se ha tenido constancia que son muchos los hechos delictivos que no se denuncian por entender que no se van a investigar o por las dificultades que supone presentar una denuncia. Ello provoca una distorsión en los datos que no se adapta a la realidad entendiendo que se debería de promover la presentación de denuncias sobre todos los ilícitos penales conocidos.

5. Actualmente es habitual encontrarnos puestos de la Guardia Civil cerrados por no disponer de personal para atenderlos o bien con un único agente dedicado a la protección del puesto. Con base en ello y a pesar del rechazo que pueda existir a esta medida, sería necesario valorar la idoneidad de mantener 122 puestos en la actualidad. Hecho que dificulta, cuando no impide, que existan patrullas de seguridad ciudadana dedicadas a atender los servicios. A su vez se debe valorar la eficacia y eficiencia del servicio, pues no debemos olvidar que el fin principal de la fuerza pública es garantizar la seguridad ciudadana, no el asentamiento de la población, pues para ello las administraciones pueden llevar a cabo otro tipo de medidas de estímulo.

6. En Aragón contamos con 36 efectivos de los grupos Roca, si bien, los mismos no son puestos de nueva creación, sino que se detraen de las patrullas de seguridad ciudadana. Por lo que para poder afrontar de una manera óptima las funciones encomendadas, dichas plazas deben ser de nueva creación, sin ser detraídos de sus unidades de origen.

7. En Aragón contamos con pocos Cuerpos de Policía Local y a su vez con un reducido número de efectivos, lo cual dificulta la prestación del servicio en turnos de 24 horas. Como medida para paliar dicha problemática, se propone el estimular la agrupación de municipios limítrofes para la prestación del servicio de Policía Local. De este modo se obtendría una mayor presencia policial en los municipios agrupados que pudiera llegar a cubrir los turnos completos.

8. La falta temporal de efectivos en las plazas de Policía Local como consecuencia de la renuncia a las mismas es uno de los principales problemas que nos han trasladado desde los Ayuntamientos. Por ello se propone como medida de carácter temporal y extraordinaria el promover la figura del interno y la comisión de servicios para atender circunstancias puntuales y extraordinarias.

9. Por otro lado, la dificultad para la cobertura de plazas tras finalizar los procesos selectivos es otra de las problemáticas trasladadas a esta Institución. Para ello se propone que los procesos selectivos de los ayuntamientos se lleven a cabo mediante la convocatoria única, de este modo se reduciría notablemente el abandono de las plazas.

10. La Dirección General de Interior y Protección Civil tiene entre sus cometidos la coordinación de las policías locales, si bien, hasta la fecha no se ha llevado a cabo una apuesta decidida por un modelo policial para Aragón, lo que sin duda supone un esfuerzo adicional de dicha Dirección. Por ello sería necesaria una dotación adecuada y dimensionada al reto que se le propone”.

Endesa tiene previsto demoler la única chimenea que queda en pie de la central térmica de Andorra, de 343 metros de altura, el próximo jueves, 16 de febrero.

Teruel Existe pide al Gobierno de Aragón y a Endesa que no la tiren argumentando que “su mantenimiento es prácticamente nulo”, que “no perjudica los proyectos previstos” y considerando que dinamitarla supone “un nuevo atentado contra el patrimonio industrial del Bajo Aragón, la provincia de Teruel y Aragón”, ya que, dicen, “es un icono, la segunda estructura de hormigón más alta de España (343 metros de altura), símbolo de la industria minera que ha formado parte de la historia de la provincia”.

Explican que el Gobierno de Aragón puede protegerla con la catalogación de Bien Patrimonial, incoando un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC), y el consistorio andorrano utilizando el Plan General de Ordenación Urbana, en el que se reconoce que la arquitectura y estructuras de la central “merecen ser conservadas en el futuro aún después de su obsolescencia respecto del uso actual, para buscarle funciones alternativas relacionadas con el ocio, la cultura y el turismo”.

En cuanto a su “mantenimiento mínimo”, dicen que “la chimenea parece haberse comportado satisfactoriamente a lo largo de su vida, sin que sea pública la existencia de daños que hagan pensar en que la demolición responda a un riesgo para la seguridad de vidas o bienes”.

Creen que “en principio podría ser suficiente con una auscultación para confirmar la inexistencia de daños de entidad y, en su caso, estimar su reparación.

En adelante, su situación parece más favorable que la que ha tenido hasta la fecha porque ya no habrá agresión química, puesto que no está sometida a la acción del alto contenido ácido del azufre de los humos que emanaba”. Detallan que “el deterioro del hormigón en esta chimenea sin uso solo podría producirse por meteorización normal, como en cualquier estructura de hormigón en contacto con el exterior, como podría ser un puente” y que el único mantenimiento que hay que hacer es una revisión periódica para confirmar que las condiciones son adecuadas (sin detectarse fisuras o manchas de óxido en los paramentos), así como las actuaciones precisas para mantener en perfectas condiciones las luces de señalización y la pintura de las franjas rojas en la parte superior”. También señalan que “a las estructuras de hormigón que están en contacto con el exterior similares a esta chimenea se les da una garantía mínima de más de 100 años”.

Consideran que si el jueves la vuelan, “estarán actuando como los talibanes con los Budas de Bamiyan en Afganistán o como antiguamente se hacía con las torres de las iglesias, como si reviviésemos un pasado rancio, con una increíble falta de sensibilidad hacia el patrimonio”.