Sucesos

El Parque de Bomberos de Alcañiz ha incorporado un nuevo vehículo a su flota para dar servicio tanto a la zona que cubre este parque como a la que cubre el parque de Montalbán, lo que se conoce como “zona Este de la provincia”.

Se trata de una furgoneta de ocho plazas que se utilizará para el traslado de efectivos en aquellas intervenciones en las que sea necesario y para la realización de formaciones.

Además, en el vehículo principal de emergencias del parque de Alcañiz se ha instalado un desfibrilador “para atender incidencias tanto entre los propios bomberos como en las salidas que realizan ante los avisos de emergencias”, indican desde la Diputación Provincial de Teruel, responsable del servicio de Bomberos.

Después de que el Gobierno de España no apoyase una comisión de investigación sobre el triple crimen de Andorra, a petición de CHA, a través de Compromís, y con el apoyo de la plataforma “Siempre Iranzo”, CHA presentó una nueva serie de iniciativas para conocer el Gobierno “tiene previsto cumplir con los requerimientos éticos” y “qué medidas piensa adoptar para depurar las responsabilidades políticas, para solidarizarse con los familiares de las personas asesinadas, para mejorar los protocolos establecidos para las zonas rurales ante este tipo de circunstancias y para explicar a la ciudadanía y a los familiares qué falló para acabar con este fatal desenlace”.

Sin embargo, CHA, explica que el Gobierno de España indica en su respuesta que “no existe ninguna acción u omisión que motive el inicio de procedimiento disciplinario alguno toda vez que , en las sentencias judiciales recaídas, no se contempla ninguna responsabilidad en la actuación realizada por los agentes de la Guardia Civil”.

José Manuel Salvador, secretario territorial de CHA en las comarcas turolenses, manifiesta que “tras la desestimación el pasado 20 de mayo del recurso de casación interpuesto por la representación
procesal del asesino Norbert Feher, disponemos ya de una sentencia judicial firme, por lo que no existen impedimentos para conocer todos los pormenores relacionados con la toma de decisiones por parte de los diferentes responsables públicos encargados de velar por la seguridad ciudadana, así como de los informes disponibles sobre las comunicaciones mantenidas entre ellos, tanto en los días anteriores a los asesinatos hasta el mismo día de los asesinatos en Andorra”.

El secretario territorial de CHA ve fundamental “la asunción de las posibles responsabilidades, tanto políticas como en la mejora de los protocolos establecidos para zonas rurales ante este tipo de circunstancias, que se pudieran derivar a raíz de las informaciones aportadas”.

“Tenemos derecho a saber por qué un asesino campó a sus anchas por la zona tras dos intentos de asesinato en Albalate el 5 de diciembre, y por qué hasta el 14 de diciembre, día en el que fueron asesinadas 3 personas, el operativo lo componía exclusivamente personal de la Guardia Civil vinculado a la zona, sin contar con refuerzos de las fuerzas especiales”, insistió.

El Justicia de Aragón entregó este miércoles al Presidente de las Cortes un informe especial sobre la la situación y los recursos destinados a la seguridad ciudadana en el ámbito rural. El objetivo de los informes especiales del Justicia es obtener un diagnóstico amplio sobre una problemática que afecte a un sector de la población y aportar sugerencias y recomendaciones para mejorar la actuación de las administraciones competentes con las materias en cuestión.

El Justicia establece en su informe las siguientes conclusiones y propuestas para su estudio:

“1. No consta, al menos de carácter público, un estudio sobre la delincuencia que se da en las zonas rurales aragonesas, lo que puede dificultar la toma de decisiones sobre un modelo de seguridad. Por ello se propone la elaboración de estudios y análisis de la seguridad en el medio rural, que incluya, entre otros, el despliegue y distribución territorial, la atención a la ciudadanía y las formas de coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. De este modo se contaría con una herramienta objetiva basada en el estudio y análisis de datos que permita conocer mejor la problemática de las distintas zonas y una mayor optimización de los recursos.

2. Uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la seguridad en el medio rural aragonés es el bajo asentamiento poblacional. Lo que a su vez supone un efecto motivador para el delincuente. Dado que los medios personales son limitados, se propone incorporar a los municipios otro tipo de medidas de seguridad como puedan ser la instalación de sistema de videovigilancia que vengan a complementar el trabajo realizado por los agentes.

3. La falta de agentes policiales se ha comprobado que afecta con carácter general a todas las administraciones, pero parece verse más agravado en la Guardia Civil, donde unas plantillas reducidas tienen que cubrir grandes zonas geográficas. Por ello se propone aumentar el número de agentes de la Guardia Civil tras los estudios, análisis y reorganización oportunos.

4. A lo largo del informe se ha trabajado con los datos que cuentan en las estadísticas oficiales, pero se ha tenido constancia que son muchos los hechos delictivos que no se denuncian por entender que no se van a investigar o por las dificultades que supone presentar una denuncia. Ello provoca una distorsión en los datos que no se adapta a la realidad entendiendo que se debería de promover la presentación de denuncias sobre todos los ilícitos penales conocidos.

5. Actualmente es habitual encontrarnos puestos de la Guardia Civil cerrados por no disponer de personal para atenderlos o bien con un único agente dedicado a la protección del puesto. Con base en ello y a pesar del rechazo que pueda existir a esta medida, sería necesario valorar la idoneidad de mantener 122 puestos en la actualidad. Hecho que dificulta, cuando no impide, que existan patrullas de seguridad ciudadana dedicadas a atender los servicios. A su vez se debe valorar la eficacia y eficiencia del servicio, pues no debemos olvidar que el fin principal de la fuerza pública es garantizar la seguridad ciudadana, no el asentamiento de la población, pues para ello las administraciones pueden llevar a cabo otro tipo de medidas de estímulo.

6. En Aragón contamos con 36 efectivos de los grupos Roca, si bien, los mismos no son puestos de nueva creación, sino que se detraen de las patrullas de seguridad ciudadana. Por lo que para poder afrontar de una manera óptima las funciones encomendadas, dichas plazas deben ser de nueva creación, sin ser detraídos de sus unidades de origen.

7. En Aragón contamos con pocos Cuerpos de Policía Local y a su vez con un reducido número de efectivos, lo cual dificulta la prestación del servicio en turnos de 24 horas. Como medida para paliar dicha problemática, se propone el estimular la agrupación de municipios limítrofes para la prestación del servicio de Policía Local. De este modo se obtendría una mayor presencia policial en los municipios agrupados que pudiera llegar a cubrir los turnos completos.

8. La falta temporal de efectivos en las plazas de Policía Local como consecuencia de la renuncia a las mismas es uno de los principales problemas que nos han trasladado desde los Ayuntamientos. Por ello se propone como medida de carácter temporal y extraordinaria el promover la figura del interno y la comisión de servicios para atender circunstancias puntuales y extraordinarias.

9. Por otro lado, la dificultad para la cobertura de plazas tras finalizar los procesos selectivos es otra de las problemáticas trasladadas a esta Institución. Para ello se propone que los procesos selectivos de los ayuntamientos se lleven a cabo mediante la convocatoria única, de este modo se reduciría notablemente el abandono de las plazas.

10. La Dirección General de Interior y Protección Civil tiene entre sus cometidos la coordinación de las policías locales, si bien, hasta la fecha no se ha llevado a cabo una apuesta decidida por un modelo policial para Aragón, lo que sin duda supone un esfuerzo adicional de dicha Dirección. Por ello sería necesaria una dotación adecuada y dimensionada al reto que se le propone”.

Endesa tiene previsto demoler la única chimenea que queda en pie de la central térmica de Andorra, de 343 metros de altura, el próximo jueves, 16 de febrero.

Teruel Existe pide al Gobierno de Aragón y a Endesa que no la tiren argumentando que “su mantenimiento es prácticamente nulo”, que “no perjudica los proyectos previstos” y considerando que dinamitarla supone “un nuevo atentado contra el patrimonio industrial del Bajo Aragón, la provincia de Teruel y Aragón”, ya que, dicen, “es un icono, la segunda estructura de hormigón más alta de España (343 metros de altura), símbolo de la industria minera que ha formado parte de la historia de la provincia”.

Explican que el Gobierno de Aragón puede protegerla con la catalogación de Bien Patrimonial, incoando un expediente de Bien de Interés Cultural (BIC), y el consistorio andorrano utilizando el Plan General de Ordenación Urbana, en el que se reconoce que la arquitectura y estructuras de la central “merecen ser conservadas en el futuro aún después de su obsolescencia respecto del uso actual, para buscarle funciones alternativas relacionadas con el ocio, la cultura y el turismo”.

En cuanto a su “mantenimiento mínimo”, dicen que “la chimenea parece haberse comportado satisfactoriamente a lo largo de su vida, sin que sea pública la existencia de daños que hagan pensar en que la demolición responda a un riesgo para la seguridad de vidas o bienes”.

Creen que “en principio podría ser suficiente con una auscultación para confirmar la inexistencia de daños de entidad y, en su caso, estimar su reparación.

En adelante, su situación parece más favorable que la que ha tenido hasta la fecha porque ya no habrá agresión química, puesto que no está sometida a la acción del alto contenido ácido del azufre de los humos que emanaba”. Detallan que “el deterioro del hormigón en esta chimenea sin uso solo podría producirse por meteorización normal, como en cualquier estructura de hormigón en contacto con el exterior, como podría ser un puente” y que el único mantenimiento que hay que hacer es una revisión periódica para confirmar que las condiciones son adecuadas (sin detectarse fisuras o manchas de óxido en los paramentos), así como las actuaciones precisas para mantener en perfectas condiciones las luces de señalización y la pintura de las franjas rojas en la parte superior”. También señalan que “a las estructuras de hormigón que están en contacto con el exterior similares a esta chimenea se les da una garantía mínima de más de 100 años”.

Consideran que si el jueves la vuelan, “estarán actuando como los talibanes con los Budas de Bamiyan en Afganistán o como antiguamente se hacía con las torres de las iglesias, como si reviviésemos un pasado rancio, con una increíble falta de sensibilidad hacia el patrimonio”.

Han recogido, dicen, más de 420 firmas y han registrado alegaciones en el Ayuntamiento en contra de su apertura. Vecinos del casco histórico se movilizan así contra el proyecto de instalación de una discoteca en la calle Mazaleón, 8, en la esquina con la calle Infanzonía, 1, con horario de cierre, indican, a las 6 de la mañana todos los días laborables y a las 7 de la mañana los fines de semana.

Entre otros motivos, en sus alegaciones los vecinos explican que “los dos edificios en los que se ha previsto la instalación de la discoteca están protegidos y catalogados en el PGOU de Alcañiz: el granero Almudí (del siglo XVI), con el grado de protección ambiental 2 y la posada Barnolas (del siglo XIX) con el grado de protección ambiental 3. Estos edificios protegidos deben tener preferentemente, además de ciertos requisitos de intervención, un uso residencial. A ello hay que añadir que la posada Barnolas fue refugio antiaéreo durante la guerra civil por lo que tiene protección especial según la Ley de Memoria Democrática. Al mismo tiempo, se desconoce la conservación o no de restos del recinto amurallado del siglo XIII que transcurría por esta misma zona, así como la presencia de estructuras subterráneas o pasadizos en su interior”.

Por otra parte, indican que “hay que destacar igualmente que el único vecino colindante con la posible discoteca ha tramitado en los dos últimos años un proyecto de interés público, apoyado por el ARRU, para la construcción de 7 nuevas viviendas de alto nivel en cuatro parcelas o edificios actualmente abandonados en esta zona, con una inversión que supera el millón de euros. La instalación de una discoteca, justo en el solar anejo a las nuevas viviendas, es incompatible con la promoción de las mismas perdiendo así una excelente ocasión de auténtica rehabilitación de ese sector del centro histórico de Alcañiz”.

Además, dicen está proyectada “en una estrecha calle, sin aceras, con difícil acceso para vehículos de tamaño medio-grande (por ejemplo, de bomberos) y sin apenas opciones de aparcamiento en su entorno. Las afecciones de ruido, suciedad y molestias que este tipo de locales siempre producen afectarán de lleno al centro histórico y monumental de la ciudad en el que se ubican edificios tan emblemáticos como laiglesia de Santa María, la casa Mainar, sede de la comarca del Bajo Aragón, el palacio Ardid, sede de la biblioteca y archivo de la ciudad y, sobre todo, a la calle Infanzonía y la nueva plaza tras la iglesia con sus jardines”.

Los vecinos movilizados aseguran que no están “en contra del ocio nocturno para jóvenes y mayores, ni de las discotecas”, pero consideran que “este tipo de establecimientos, que inevitablemente conllevan molestias, deben ubicarse, como ocurre en la mayor parte de las ciudades, fuera de zonas residenciales”.

A conductores que han cometido infracciones tan graves como conducción temeraria o alcoholemia positiva en Alcañiz no se les han retirado los puntos del carné porque el Ayuntamiento no ha tramitado las denuncias de los agentes de la Policía Local.

El problema de la falta de tramitación se extiende a todas las áreas desde el último año de la pasada legislatura y durante toda la presente. Además de tráfico, afecta a medio ambiente o a establecimientos públicos.

Es lo que denuncian las delegaciones sindicales de CSIF y CSL, exponiendo que la mayoría de las denuncias solo se abonan “de forma voluntaria por parte de ciudadanos de buena fe, quedando el resto sin consecuencias”.

Un “desastre en la gestión de los expedientes sancionadores”, indican, que “ha provocado una desautorización constante de los agentes, aumentando la reincidencia y escalando las infracciones en gravedad debido a la impunidad generada, indignando y afectando laboralmente a la plantilla policial”.

Desde ambos sindicatos señalan que la administración está “excusándose siempre” en “la carencia de personal suficiente para evitar la prescripción de denuncias”.

Explican que “ante tamaña desigualdad en la responsabilidad de la ciudadanía, se viene solicitando reiteradamente la toma de medidas tales como la externalización del servicio de sanciones, aunque a pesar de insistir durante mucho tiempo las soluciones nunca llegan”.

Por este motivo, los delegados sindicales se ven “obligados a poner en conocimiento público tal injusticia, así como señalar un hecho importante que ha pasado desapercibido. Y es que los reglamentos sobre la Policía Local de Alcañiz fueron declarados nulos de pleno derecho al no haber recibido estos los trámites legalmente oportunos, tras varios años sometiendo a través de los mismos a los policías de forma irregular, con menores derechos que en el resto de cuerpos locales.

Por todo lo anterior se explica la constante marcha de policías locales a otras ciudades y que la presentación de instancias para las pruebas de acceso a la Policía Local de Alcañiz sean las menos abundantes de todas las poblaciones de similar tamaño de Aragón e, incluso, más pequeñas.

Por último, desde las organizaciones firmantes, se siguen persiguiendo soluciones constructivas a estos problemas a través de la negociación colectiva, aunque el consistorio parece querer únicamente que pasen los días hasta nuevas elecciones, utilizando la vieja vía de la imposición en lugar del diálogo”, concluyen.